A “La Casita de las Mujeres” llegan sin zapatos, con los hijos en brazos, y a veces con su única ropa, que es aquella que llevan puesta. Ellas y sus hijos huyen de la violencia, de los golpes, los insultos, incluso de los “machetazos”.

El refugio se convierte en su casa, en un oasis de calma en medio de su vida —hasta ahora— convulsa.

El refugio Ziwacaitzintli , es uno de los cientos que existen a nivel nacional, y a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador “ha declarado la guerra” al suspenderles los recursos por considerar que no deben ser las organizaciones civiles las que los manejen.

Desde hace 12 años este refugio atiende a mujeres de la zona de Orizaba, pero también a aquellas que viajan desde Papantla, Veracruz y Xalapa, o de otros estados e incluso extranjeras, en busca de iniciar una nueva vida, sin el temor de ser asesinadas o violentadas.

Ahí se ayuda a víctimas de violencia, ellas que se salvan de las estadísticas de feminicidio que ubican al estado en el primer lugar a nivel nacional por el número de casos, 19 tan solo en enero.

La directora del refugio, María de la Cruz Jaimes García, narra que hasta Orizaba han llegado mujeres que han sido agredidas con machete y que tras librarse de la muerte no tiene a dónde ir. Hay casos tan graves que las mujeres y sus hijos deben permanecer hasta un año y medio en el albergue —a pesar de que por ley sólo se permite tres meses—, pues si salen temen encontrarse con su agresor, o no tienen dónde vivir, qué comer.

Por eso, considera que la decisión del Gobierno federal de no apoyar a los refugios pone en riesgo la vida de las mujeres, porque en muchos casos estos lugares tendrán que cerrar por los altos costos de operación.

Veracruz, sin refugios suficientes para atender violencia

A pesar de que por ley en el estado deben existir estos refugios, según establece la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia publicada en 2010, las autoridades han sido omisas en su obligación, pues a nivel estatal únicamente se cuentan con tres refugios, y apenas uno fue recientemente inaugurado por parte de las autoridades estatales.

Por eso, para Jaimes García son las asociaciones civiles las que han hecho el trabajo de las autoridades y han dado resguardo, atención médica, alimentos, asesoría jurídica a las mujeres y hasta han enviado a sus hijos menores a la escuela.

“Este tipo de decisiones vulnera aún más a las mujeres, pone en riesgo su vida, es una decisión bastante lamentable, porque no se prioriza (…) Deja entrever la falta de sensibilidad del Gobierno para atender la violencia contra las mujeres, en Veracruz, durante muchos años aunque la ley lo marca, no han existido refugios para atender esta problemática”.

 Irregularidades están en instituciones, no en refugios

La directora del refugio María de la Cruz Jaimes García asegura que si existen irregularidades en el manejo de los recursos no es por las organizaciones civiles, sino de las autoridades encargadas de entregarlos, pues son estas instancias (como el Instituto Veracruzano de las Mujeres) quienes designan el recurso y lo entregan en especie. Son estas dependencias las que les entregan a los refugios productos como arroz, frijol, artículos de higiene personal y de limpieza de las instancias, pero únicamente cada seis meses, a pesar de que atienden todo el año.

“No nos dan los recursos, nos dan las cosas en especie, nos compran despensa y nos la llevan, nos compran artículos de limpieza e higiene personal y nos los entregan”.

Por ello, Jaimes García demandó que se hagan públicas las supuestas irregularidades y se proceda contra quienes han hecho un mal uso de los recursos, pues dijo que el Gobierno está consciente de que son las dependencias quienes manejos los recursos económicos que se entregan a las asociaciones.

“Si existen irregularidades que las hagan públicas y actúen en contra de la gente que hace mal uso de los recursos, pero no se vale que nos echen a todos en el mismo costal porque habemos quienes tenemos un compromiso con loas derechos humanos de las mujeres y que estamos trabajando para brindar atención a las mujeres”.

Gobierno no sostiene refugios,  apenas los ayuda

En “La Casita de las Mujeres” cada mes erogan hasta 20 mil pesos para alimentación de las mujeres y sus hijos, el sostenimiento y mantenimiento de las instalaciones, pese a ello mediante el Programa de Fortalecimiento de Instancias de Atención Externa a Mujeres, pueden acceder a nomás de 30 mil pesos que se entregan durante un semestre.

El resto del año, las mujeres y quienes atienden el refugio trabajan en ferias de artesanías, vendiendo productos elaborados por ellas, a fin de recolectar dinero; en otros casos reciben donaciones de comida, ropa y algunos otros artículos.

“Ahorita tenemos un puestito en el mercado de artesanías, ahí las vendemos ropa típica y lo que las mujeres van haciendo, lo que tejen y bordan para que vayan ganando un dinero y lo puedan guardar para cuando salgan”, narra la activista.

Los albergues no cuentan con todas las instalaciones y servicios que requieren, pues en mucho de los casos no tienen atención médica de primer nivel, sino que apelan a la generosidad de doctores y empresarios con laboratorios de análisis clínicos que les brindan servicios gratuitos o a bajo costo.

“Hay gente que de buena fe nos donan ropa que no usan para los niños, niñas, mujeres; no nos dan grandes cantidades de dinero, cuando ha habido dinero para mejoras de lugar ellos (las autoridades) contratan a la empresa, ellos son quienes manejan el dinero.

A veces nos donan pan del que les queda, nos mandan una caja de pan; no tenemos médicos permanentes pero tenemos personas de buen corazón que si necesitamos que revisen a alguien lo hacen y así trabajamos con la buena voluntad de la gente ”.

Por ello, activistas, defensoras de los derechos humanos, han advertido la posibilidad de que ante el recorte de los apoyos, haya albergues que cierren sus puestas, con lo cual dejarían desprotegidas a las mujeres.

Perla Sandoval/Avc