A principios de julio de 2017, Hernán Martínez Zavala, (a) “El Comandante H”, jefe de Los Zetas en la región de Coatzacoalcos, fue aprehendido en un operativo encabezado por elementos federales de la Agencia de Investigación Criminal y de la SEIDO en los límites de Veracruz y Tabasco.

La detención de Martínez Zavala, quien comenzó a operar impunemente desde 2006, en el segundo año del sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán, cimbró no sólo al jet set porteño sino también a jefes castrenses y policiacos de esa región por las presuntas complicidades que mantenían con él. A unos les preocupaba las revelaciones que el capo pudiera hacer ante las autoridades ministeriales acerca de su cooperación en el lavado de dinero de procedencia ilícita –producto de extorsiones, secuestros y de la venta clandestina de gasolina ordeñada de los ductos de PEMEX– y, a otros, altos funcionarios municipales y estatales, por haber sido omisos y no contribuir a que las fiscalías del estado y federal actuaran contra él.

La espiral de violencia y descomposición social que actualmente padece Coatzacoalcos fue producto en buena parte de toda esta impunidad, de la que algunos sectores de la sociedad porteña también fueron cómplices, unos porque fueron amedrentados y otros por ambiciones políticas o conveniencia económica.

En la Fiscalía Regional de Veracruz, por ejemplo, “El Comandante H” tenía bien aceitadas sus relaciones de amistad. Policías ministeriales de esa zona revelaron a la agencia informativa del semanario Proceso la amistad entre Martínez Zavaleta y el fiscal regional Jorge Morales Carrasco, quien tuvo que renunciar a la corporación apenas un par de días después de la captura del capo de Los Zetas.

La detención del “Comandante H” fue coyuntural. Y es que de no haber sido acribillados el sábado 24 de junio de ese año cuatro menores de edad junto con sus padres en Coatzacoalcos, cuyo crimen tuvo repercusión nacional porque ocurrió el mismo día en que en ciudad Cardel fue ejecutado el comisionado estatal de la Policía Federal, Camilo Castagné, y dos oficiales más de la PF, seguramente Martínez Zavala seguiría delinquiendo libremente en el sur de la entidad, donde inclusive asistía a comidas y reuniones políticas, como a la que en el proceso electoral de 2016 asistió en Cosoleacaque Fernando Yunes Márquez, a la sazón senador, actualmente alcalde del puerto de Veracruz e hijo del entonces candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin embargo, pese al encarcelamiento de este sanguinario capo de Los Zetas, la violencia en el sur empeoró. Las causas siguen siendo las mismas: la impunidad y complicidad que aún persiste entre los criminales con algunos encargados de procurar justicia y garantizar seguridad. Antes fue el “Comandante H”, ahora señalan a José Roberto Sánchez Cortés, (a) “El 80”, un ex agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado por el que el gobierno de Yunes Linares ofreció en julio del año pasado hasta un millón de pesos por contribuir a su captura. Actualmente controla para el Cártel Jalisco Nueva Generación desde Acayucan hasta Agua Dulce. Este martes, en una narcomanta, le fue atribuido el secuestro y crimen de la empresaria porteña Susana Carrera.

Así que este jueves, al instalarse en Coatzacoalcos la Mesa Intersecretarial de Seguridad, los funcionarios estatales y federales deben tener claro dónde está la raíz de la criminalidad. De lo contrario, los 600 elementos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal que arribarán a cinco municipios del sur de Veracruz, prácticamente sólo vendrían a pasear.

PRI: Consejo político, el domingo

El próximo domingo 24, en un conocido salón de eventos ubicado sobre las avenidas Xalapa y Ruiz Cortines, de esta ciudad capital, tendrá lugar la sesión ordinaria del Consejo Político Estatal (CPE) del  PRI.

La convocatoria fue expedida este miércoles por Lillian Zepahua García, presidenta del CPE y del Comité Directivo Estatal del partido tricolor.

Según la orden del día, además de tomar la protesta a los militantes que integran el Consejo Político Estatal para el periodo estatutario 2019-2022 y de integrar la Comisión Política Permanente así como las Comisiones de Presupuesto y de Fiscalización, de Financiamiento, de Ética Partidaria, de Justicia Partidaria, y de Defensoría de los Derechos de la Militancia, también será presentado y sometido a la aprobación de los consejeros el método para la elección estatutaria de los titulares de la Presidencia y la Secretaría General del CDE para el periodo 2019-2023.

Vamos a ver qué tan disminuido o entusiasta anda el ánimo del priismo veracruzano.