El abogado Arturo Nicolás Baltazar, defensor del ex fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, exigió a los diputados locales reanudar la sesión extraordinaria para votar los juicio políticos contra el fiscal general Jorge Winckler Ortiz.

En conferencia de prensa, advirtió que aunque los diputados locales voten en contra acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr la destitución del fiscal.

«Anticipo que con todas estas acciones que lleva a cabo el fiscal y le solapan las autoridades nos quedan dos instancias. Interpusimos el recurso de amparo y el recurso ante el Tribunal Colegiado porque para llegar a la Corte Interamericana tenemos que agotar todas las instancias jurisdiccionales en nuestro país y si es necesario llevaremos a la Comisión Interamericana para que decidan sobe este asunto».

Reprochó a los diputados locales que se manifestaron en contra de los dictámenes, pues dijo que en el caso del promovido por su defendido Francisco Zárate Aviña, no ha sido ni siquiera leído ante los diputados.

«Me parece lamentable que los diputados se hayan pronunciado en contra del dictamen de juicio político cuando ni siquiera le han dado lectura porque solo se prendió lectura al juicio promovido por Gilberto Aguirre Garza. Cómo pueden estar en contra si los diputados no saben de qué se trata».

Insistió en que Winckler Ortiz actúa de manera irregular y ha violado la ley para lograr la detención de exfuncionarios duartistas.

Asimismo, el abogado negó que el juez de distrito haya exonerado al fiscal general sobre la denuncia de desaparición forzada de su defendido, lo cual dijo quiere decir que el fiscal mintió a los diputados locales.

Y es que dijo que en un primer momento negó que Zarate Aviña fuera llamado a declarar por la Fiscalía, pero luego presentó como prueba esta misma orden de presentación.

«Su secretario particular desmintió al fiscal general y con ello se actualiza el artículo 162 de la Ley de Amparo que dice que se impondrá pena de 3 a 6 años de prisión, multa de 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años al servidor público que al rendir un informe exprese un hecho falso o niegue la verdad».

Perla Sandoval/Avc