Ante la caída inminente del Fiscal Jorge Winckler, el siguiente dique de defensa y ataque del ex gobernador Miguel Ángel Yunes es precisamente el Tribunal Superior de Justicia y sus magistrados. Ello explica la súbita aparición de un empanizado grupo de abogados que intenta sembrar dudas sobre el proceso para la designación de los 13 nueve magistrados que se integrarán al Tribunal para cubrir las vacantes existentes.
Según el Foro Liberal de Abogados, las propuestas enviadas por el Gobernador para la aprobación del Congreso se pueden combatir jurídicamente, por lo que ellos mismos estarían preparando un juicio de amparo. Acusan también que fue un error lanzar una convocatoria pública, cuando debió estar dirigida únicamente a los integrantes del Poder Judicial.
Las pasiones de los abogados se combaten con las razones jurídicas contenidas en la propia ley. El activismo mediático e interesado cae por su propio peso. El artículo 59 de la Constitución Política de Veracruz, establece de manera muy sencilla que “Los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado.”
La misma Constitución señala entre las atribuciones del Congreso, la de “Nombrar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a los magistrados del Poder Judicial (…)”, es decir, en la integración del Poder Judicial, los otros dos Poderes -el Ejecutivo y el Legislativo- tienen señaladas claramente su intervención.
La explicación es para párvulos: corresponde al Gobernador del Estado proponer quiénes pueden ser magistrados y al Congreso nombrarlos mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados -que equivale a 34 votos de un total de 50 que lo conforman-. No existe alguna disposición constitucional, ni legal, que obligue al Gobernador a justificar por qué propone a tal o cual persona como magistrado, siempre que reúna los requisitos que señala la Constitución local.
Si bien el 21 de diciembre del año pasado se reformó la fracción III para que la antigüedad del título de quien aspire a magistrado sea de diez años, en la fecha en que se convocó el artículo exigía únicamente cinco años.
En los animosos abogados que buscan descarrilar el proceso, hay una equivocación dolosa cuando aseguran que sólo debe haberse convocado a personal del Poder Judicial, pues se ve claramente que lo exigible es contar con el título; luego añade “preferentemente” con estudios de posgrado, sin que sea obligatorio; o si no hay estudios de posgrado, pues experiencia profesional en la judicatura; o si tampoco, pues haber ejercido la profesión por tiempo no menor a esos cinco años.
Si alguien además del título de Licenciado en Derecho con antigüedad de cinco años, tiene estudios de posgrado, carrera judicial y ejercicio de la profesión no menor a ese lapso, tanto mejor, será un buen aspirante. Está claro –al menos para el Foro Liberal no- que ninguna disposición exige que el Gobernador tenga que justificar por qué designa a uno y a otro no. Quizá no suene muy democrático pero así está ahora la ley.
Ha trascendido en los medios que hay quienes ya promueven amparos por no haber sido incluidos en la lista que Cuitláhuac García mandó a la Legislatura, pero este hecho hace dudar de su capacidad como juristas.
Han dos normas que los ponen en evidencia: la primera es que según la Ley de Amparo, “sólo puede ser quejoso quien tenga un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo que se vea violentado por un acto de autoridad”. Quienes aspiraban a ser incluidos en la lista para magistrados no deben confundir el derecho con el deseo de serlo, pues la misma ley señala de manera muy clara que “el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo”.
La segunda. De acuerdo a la misma Ley de Amparo, este juicio es improcedente “contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente”. Así habrán de explicarlo a sus promotores.
En breve, el Tribunal Superior de Justicia contará con 13 nuevos magistrados, lo que evitará que se siga incurriendo en la ilegalidad de aquellos que fungen como magistrados sin serlo.
Por lo que hace al interés político, las expresiones de los juristas ponen en tela de duda no sólo su capacidad profesional sino los intereses que representan. Es tiempo de que amarren a sus perros.
Las del estribo…
- El delegado federal Manuel Huerta acusó que el alcalde de Coatzacoalcos Víctor Manuel Carranza Rosaldo “se echó para atrás” y de manera unilateral suspendió el registro de adultos mayores y discapacitados para ingresar a los programas sociales de la Secretaría de Bienestar. El secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Pérez Astorga, reconoció que el cierre de una papelería en Xalapa fue a causa de la inseguridad, apenas cuatro tres días después de que el alcalde Hipólito Rodríguez había dicho la contrario. ¿Qué tienen en común estos personajes? Todos pertenecen a Morena. El desmadre de las tribus sigue en apogeo.
- Roznidos. Tal vez la única coincidencia entre el presidente Donald Trump y el Fiscal General Jorge Winckler sea su estulticia. Negar por capricho el acceso a medios de comunicación a una conferencia de prensa sólo puede suceder en una mente acomplejada y delirante. Un juez obligó a Trump devolver la acreditación a un reportero de CNN. ¿Acá quién va a meter en cintura a Winckler, aún cuando sus horas estén contadas?