Este miércoles, el titular del Órgano de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio Portilla, compareció ante la Comisión de Vigilancia de la Legislatura de Veracruz.

Fue un bombardeo de cuestionamientos sobre las revisiones que realiza el órgano auditor a la estructura del gobierno estatal, dependencias, organismos autónomos y ayuntamientos.

Probablemente los temas que más llamaron la atención fueron los relacionados con la compra de cámaras de video vigilancia por mil millones de pesos, un equipo que no funciona ni a la mitad de su capacidad; las irregularidades detectadas a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por casi 800 millones de pesos y a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz pro 361 millones, así como a diversos ayuntamientos, entre los que destaca el de Coatzacoalcos.

A todo ello dio respuesta el responsable del órgano auditor, quien presentó los resultados de la revisión al ejercicio 2017, cuya cuenta pública fue aprobada con premura en las postrimerías de la pasada Legislatura del Estado.

Parecía que a la pasada administración le corría prisa por aprobar la cuenta pública de 2017 en la Legislatura del Estado, de tal manera que ese año no pudiera revisarse nuevamente, aun con el cambio en el Congreso local, en el que ahora tiene mayoría el Movimiento de Regeneración Nacional.

En cuanto al tema de las auditorías a los ayuntamientos, el titular del ORFIS habló de las observaciones a 64 municipios veracruzanos, por un monto superior a 320 millones de pesos. En este punto, la diputada Magaly Armenta Oliveros dio en el clavo cuando preguntó si en un par de horas, sin contar con el personal especializado en auditorías financiera, presupuestal y técnica a la obra pública, sea posible solventar observaciones por posible daño patrimonial a las arcas públicas municipales, aun cuando dichos ayuntamientos tuvieron 30 días para solventar el pliego de observaciones emitido por el ORFIS y no lo hicieron.

En el tema de la SIOP, Lorenzo Antonio Portilla se refirió a un presunto conflicto de intereses. Dijo que el caso se hizo del conocimiento de la Secretaría para que actuara en consecuencia. Recordemos, por cierto, que en la SIOP se detectaron contratos asignados a empresas vinculadas con el dirigente estatal panista, José de Jesús Mancha.

Otro punto igualmente importante fue el expuesto por Mónica Robles Bajaras, de Morena, quien pidió detalles sobre la reestructuración de la deuda pública del ayuntamiento de Coatzacoalcos por un monto de 142 millones de pesos. Batazo a la nuca del ex alcalde Joaquín Caballero.

Probablemente por la naturaleza de la información que maneja el ORFIS, revisiones, auditorías, irregularidades, casos de daño patrimonial, la comparecencia del titular del organismo ante la Legislatura del Estado era muy esperada.

Sin embargo, la cuenta pública a la que se refirió Portilla Vásquez corresponde a 2017, y fue aprobada a finales de octubre de 2018, cuando a la pasada Legislatura le faltaba muy poco tiempo para terminar su periodo.

Lo verdaderamente interesante ocurrirá con la auditoría a la cuenta de 2018, el segundo de dos años en que Miguel Ángel Yunes Linares estuvo al frente del Poder Ejecutivo de Veracruz.

Sin una legislatura a modo, con una bancada reducida como la que tiene Acción Nacional; y sin control, peso e influencia ante el órgano auditor, Yunes Linares encarará el proceso de revisión a las cuentas de su administración.

En pocas palabras, en la revisión a la cuenta pública 2018, el yunismo ya no tendrá la posibilidad de limpiar y aprobar en la Legislatura, vía fast track, las irregularidades que podría detectar el ORFIS.

La verdadera  auditoría al gobierno de Yunes Linares apenas comienza. @luisromero85