Prefacio.

Yo he sido uno de los más severos críticos a la actitud hipócrita (tanto en la Federación como en el Estado) de crear un órgano encargado de velar por el desempeño honorable de los servidores públicos (la Secretaría de la Función Pública, a nivel federal, y la Contraloría General del Estado, en Veracruz) que, sin embargo, depende jerárquica, jurídica y financieramente del titular del Poder Ejecutivo. *** ¿Quién, en su sano juicio, cuestionaría el comportamiento de su jefe, sabiendo que tal osadía le costará su trabajo y una sanción ejemplar? *** Es, pues, encomiable que la bancada panista en la LXV Legislatura local envíe una iniciativa de reforma a la Constitución de Veracruz, para que la Contraloría se convierta en un órgano autónomo. La medida sería concordante con el espíritu del Sistema Estatal Anticorrupción. *** Llama la atención, sin embargo, que esa misma medida no la hayan planteado durante los últimos dos años, cuando el Jefe del Ejecutivo era un representante de su partido. *** No está de más recordar que fue la LXIII Legislatura, en tiempos de Javier Duarte, la que aprobó una iniciativa como la que hoy plantea la bancada del PAN, pero por haberse anticipado a la aprobación de dos leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, la Presidencia de la República inició un recurso de inconstitucionalidad que dio marcha atrás a varias reformas locales, incluida la autonomía de la figura del Contralor. *** Una vez que a nivel federal se completaron las reformas en materia de combate a la corrupción, los Congresos locales debieron hacer las modificaciones a las leyes estatales, pero en Veracruz ese tema no avanzó mientras fue Miguel Ángel Yunes el gobernador. *** La medida, sin embargo, es necesaria y, cuidando bien los detalles jurídicos, debería ser impulsada en el actual Congreso.

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El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Sergio Hernández, admitió (minutos antes de que la Secretaría General anunciara la aprobación de la mayoría de los Cabildos de Veracruz, a la reforma constitucional que considera la eventual remoción del Fiscal General del Estado) que su estrategia sería una sola: ganar tiempo.
Sergio Hernández (cuyo nivel escolar es “licenciatura en Derecho en la Universidad Cristóbal Colón, en curso”) advirtió que la reforma que fue aprobada en el Congreso y ratificada por la mayoría de los ayuntamientos, no podría ser declarada constitucional, “en tanto no se resuelva el amparo que un juez federal otorgó a Jorge Winckler Ortiz”.
Pero lo más importante para el legislador era la seguridad de que la eventual salida de Winckler de la Fiscalía tomaría aún mucho tiempo, pues –dijo Sergio Hernández- “el Congreso tendría que acreditar las causales de remoción por lo que el trámite será largo”.
Ganar tiempo.
¿Para qué?
Hoy se sabe que en la Fiscalía General del Estado están resolviendo una serie de denuncias que estaban archivadas, en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, de Miguel Ángel Yunes Márquez, de Marcos Even Torres y de Luis Eduardo Coronel, entre otros. En todos esos expedientes, se está determinando el “no ejercicio de la acción penal”.
Esto es, que Jorge Winckler y su banda requieren tiempo para “borrar las evidencias”.
Durante la sesión ordinaria del Congreso local, este martes, al momento de dar lectura al informe de la Secretaría General respecto a los cabildos que aprobaron la reforma al Artículo 33 de la Constitución, la bancada del PAN solicitó que se les permitiera revisar si las actas que estaban en poder de la Legislatura eran originales, como lo ordena la Ley (el marco jurídico establece que sean originales o copias certificadas).
La Presidencia de la Mesa Directiva (en ese momento a cargo del vicepresidente, Alexis Sánchez, ante la ausencia temporal del diputado Juan Manuel Pozos) accedió a la petición, lo que provocó que los panistas se tomaran más de dos horas en la revisión detallada de las actas y declararan que encontraron “inconsistencias” en 72 de ellas.
Al final la Mesa Directiva se dio por enterada del informe del secretario general y ordenó se remitiera al Jefe del Ejecutivo para la promulgación de la reforma y su publicación en la Gaceta Oficial.
Para el jueves 10 de enero está prevista la audiencia en la que se revisará la solicitud de amparo de Jorge Winckler. Los argumentos en contra ya fueron presentados y de dicha audiencia pudiera resultar, incluso, una sanción para el promovente por insistir, hasta en tres ocasiones, en la gestión de una suspensión que ya le había sido rechazada.
Las horas de Jorge Winckler están contadas.
Superó la rosca del Día de Reyes, pero no llega a los tamales de La Candelaria.

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Epílogo.

Ahora fueron organizaciones sindicales de la industria de la construcción, quienes se manifestaron en Xalapa para exigir justicia para sus líderes asesinados en la zona sur de Veracruz. Han sido al menos 10 dirigentes de ese sector los que han sido asesinados y para quienes no ha habido justicia, por lo que pidieron un cambio en la Fiscalía General del Estado. Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Operarios de Maquinaria y Perforación en General, informaron que los asesinatos han ocurrido en Cosoleacaque, Jáltipan, Coatzacoalcos, Agua Dulce y Las Choapas y no ha habido justicia: “Hay una mala Fiscalía, nosotros queremos que se vaya Winckler y que realmente haya justicia”, afirmaron. Todos esos crímenes ocurrieron durante la administración de Yunes Linares. *** El diagnóstico está ahí, sólo es cuestión de tiempo para aplicar el tratamiento correcto. El gobernador Cuitláhuac García reveló que en Veracruz operan seis carteles del narcotráfico y admitió que el Estado no cuenta con la capacidad para hacerles frente. En la Ciudad de México, durante las Audiencias Públicas sobre la Guardía Nacional, el gobernador veracruzano se sumó a la demanda de otros gobernadores para que la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano se sumen al combate de estos grupos delictivos. “Veracruz, como estado, está en el paso de la droga, operan seis cárteles, todos con un poderío que supera a la policía”, dijo. *** Ya lo anticipamos aquí: el respaldo de las fuerzas federales será determinante en los próximos meses.

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