Por lo que declaró este martes la diputada de MORENA, Mónica Robles Barajas, de que su grupo legislativo buscará modificar las causales por las que puede ser removido el fiscal general Jorge Winckler Ortiz, se sustenta la versión de algunos abogados muy cercanos al primer círculo gobernante, quienes comentan preocupados que prácticamente ninguno de los expedientes de las cuatro solicitudes presentadas ante el Congreso local para iniciarle juicio político al titular de la FGE está lo suficiente sólido y soportado jurídicamente para lograr la remoción inmediata del litigante yunista, quien ya promovió ante la justicia federal un amparo que no procedió porque equivocadamente fue mal encausado contra una primera reforma constitucional que la semana anterior aprobaron 39 de los 50 diputados de la LXV Legislatura del estado para concederle al Poder Legislativo la facultad para destituirlo.

Y es que existen serias dudas de que finalmente los diputados logren sacar a Winckler de la Fiscalía mediante juicio político. En la bancada de MORENA no menudean ni destacan expertos en la ciencia jurídica.

Este lunes, por ejemplo, acaba de darse un caso bochornoso por su incontrolable protagonismo, el diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura local, expuso inclusive al escarnio público al gobernador Cuitláhuac García, pues resulta que la convocatoria que dieron a conocer el jefe del Ejecutivo y el legislador tuxpeño para la designación de 12 nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante un nuevo mecanismo abierto y transparente –una acción de gobierno que los abogados veracruzanos le aplaudieron a la nueva administración estatal de MORENA–, ha sido cuestionada por elementales errores de técnica legislativa y omisiones constitucionales que dejaron pasar los asesores jurídicos del Congreso local.

El que reparó en este imperdonable yerro legal del Poder Legislativo fue Eduardo de la Torre Jaramillo, de la asociación civil Podemos Veracruz, quien recomendó emitir una nueva convocatoria que debe ser aprobada por el Pleno de la Legislatura y la cual corresponde presentar a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que preside el diputado morenista Javier Gómez Cazarín, y no por el presidente de la mesa directiva, cuyos celos políticos hacia el legislador de Los Tuxtlas cada vez son más inocultables.

De la Torre Jaramillo puntualizó que además el gobernador no emite convocatorias sino que “propone magistrados”, de acuerdo a la Constitución Política de Veracruz.

El académico de la Facultad de Derecho en el Sistema Abierto de la Universidad Veracruzana declaró que el Artículo 40, fracción II, del Reglamento del Poder Legislativo establece claramente que es la JUCOPO la que debe emitir la convocatoria y someterla a votación ante el Pleno, y que luego de su aprobación entonces sí corresponde al presidente de la Mesa Directiva hacerla pública.

De la Torre señaló que la convocatoria presenta también graves errores y omisiones, ya que existe una Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, que es presidida por la diputada Mónica Robles Barajas, y que es a la que compete la recepción de la documentación de los aspirantes a magistrados, por lo que resulta innecesario crear otra comisión para ello. Además indicó que en este tipo de convocatorias se les suele conceder una o dos semanas para la recepción de documentos de los aspirantes y no sólo tres o cuatro días como se fijó en el documento presentado por García Jiménez y Pozos Castro. También consideró como una grave omisión que no se mencionara el número de magistrados a sustituir o designar, ya que es lo medular de esta convocatoria.

Criticó que el diputado Pozos Castro se extralimite en sus funciones, pues precisó que como presidente de la mesa directiva sólo le corresponde conducir las sesiones plenarias, llevar el orden del día, tomar lista de asistencia a los legisladores, concederles el uso de la tribuna, preservar la disciplina en el salón de sesiones y firmar las leyes o decretos que se aprueben para que sean promulgados por el jefe del Poder Ejecutivo.

¡Millares de despedidos en 10 días!

Por cierto, hablando de despedidos. Vaya Navidad tan amarga que algunos funcionarios de la nueva administración estatal de MORENA les están anticipando a miles de trabajadores  corridos a lo largo y ancho del estado sin respetar los elementales procedimientos legales, sin considerar afiliaciones sindicales, antigüedad y perfil laboral.

Según trascendió, millares de empleados de las secretarías de Salud, Finanzas, Seguridad Pública, Educación y demás dependencias del gobierno estatal se habrían ido a la calle, desolados, sin liquidación, ni pago quincenal y sin su esperado aguinaldo.

El viernes de la semana pasada, según nos cuentan, el terror y la venganza morena entraron a las oficinas de Espacios Educativos, donde fueron corridos más de 30 trabajadores de una sola área y de un jalón. Algunos de ellos, con más de 20 años de antigüedad, incrédulos y desolados le preguntaban al arrogante y recién estrenado jefe la razón de su proceder y si habría la liquidación de ley. Pero, embriagado de poder, su superior les respondió: “se van, no hay liquidaciones ni nada qué discutir”. Y relatan que mientras esto sucedía, la flota morena se acomodaba burlona en los lugares de los trabajadores despedidos.

En la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), que encabeza “El Tarzán” Roberto Zenyazen Escobar, ha ocurrido de todo. Uno de los despidos más comentados en las redes sociales lo protagonizó el que manda en Veracruz, cuando personalmente se presentó a despedir al director del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa e instalar en su lugar a su amigo Walter Luis Saiz González. Pero lo que nadie le explicó al Jefe de Jefes es que el procedimiento obligado para imponer a su cuatacho no era ir en persona sino a través del máximo órgano de gobierno de ese centro educativo que es la Junta Directiva, el cual está facultado para valorar la terna de candidatos que propone el Ejecutivo estatal, en cuyo caso removerá al director en turno y dará cumplimiento al deseo del gobernador, tal como lo estipula la ley y reglamentación vigente.

Según se prevé, el año próximo el nuevo gobierno estatal podría recibir tremenda lluvia de demandas laborales sólo por actuar con muchos bríos pero sin sensibilidad política y con desconocimiento de la legalidad.