Prefacio.
De todos es conocida la vocación docente del actual gobernador Cuitláhuac García y su compromiso con ese gremio. *** Es académico de la Universidad Veracruzana y se le recuerda participando activamente en las movilizaciones de protesta contra la Reforma Educativa. *** Desde que se confirmó su triunfo, un tema recurrente en las mesas de café era el debate sobre la identidad de quien sería su secretario de Educación. *** Se mencionaron nombres como el de Víctor Arredondo Álvarez, quien ya ocupó ese mismo cargo en los tiempos de Fidel Herrera, y el de Raúl Arias, exrector de la Universidad Veracruzana. *** Hubo, sin embargo, quienes advirtieron sobre la cercanía e identificación de Cuitláhuac García con el entonces diputado local de Morena y Presidente de la Comisión de Educación, Zenyazen Escobar, lo que finalmente se confirmó. *** Una vez en posesión del cargo, llamó la atención que fuera el propio gobernador quien presentara en el Instituto Tecnológico de Xalapa, al nuevo director de ese plantel, el académico de la UV, Walter Luis Sáiz González. (Aseguran que así lo hará con los nuevos directores de todos esos planteles en el estado). *** Durante su presentación, el gobernador dio detalles de su estrecha amistad con el nuevo director, quien en alguna ocasión –narró- sacrificó una oportunidad personal para que la aprovechara el hoy mandatario estatal. *** Nadie duda, pues, de la cercanía e identificación entre Cuitláhuac y Walter, al grado de que más de uno sugiere que la Dirección del Tecnológico es “poca cosa”, para tan cercana relación. *** Y ya se escuchan versiones en el sentido de que dicho cargo es sólo “el inicio de un proyecto mayor”, que apunta a las instalaciones ubicadas frente a Plaza Américas. *** El tema podría pasar por un simple “chisme de pasillo”, pero cada vez son más las historias de que se trabaja ya en la sustitución del propio Zenyazen o, en todo caso, de la Oficial Mayor de esa Secretaría, Ariadna Selene Aguilar Amaya. *** Lo realmente grave del tema es que, en tanto se dan las circunstancias adecuadas, Walter Sáiz concentra en el plantel a quienes conformarían su equipo de trabajo… y algunos tienen un perfil, por decirlo suavemente, “inapropiado”. *** Un par de ejemplos: Fidel Rodríguez Viveros, quien en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares ocupó la Dirección de Educación Primaria Federalizada, ahora llega a una Dirección de Área en el plantel, o su sobrina Korina González Camacho, a quien se le asignó la Subdirección de Planeación. *** El enemigo fue invitado a la sala, pero pretende meterse hasta la recámara. ¿Saben de este “proyecto” Cuitláhuac García y Zenyazen Escobar?
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La defensa de Javier Duarte ha medido con mucho cuidado los tiempos políticos, para que no choquen con los momentos jurídicos.
Antes de dar su siguiente paso, tenían que esperar a que Miguel Ángel Yunes Linares dejara la gubernatura.
Ya sucedió y ya se empezaron a mover.
Esta semana presentaron una demanda de amparo contra el acuerdo del juez que rechazó su apelación contra la sentencia condenatoria.
En la audiencia de amonestación, celebrada el 31 de octubre, Javier Duarte anunció ante el juez de ejecución Mario Montellano Iturralde, que presentaría juicio de garantías encaminado a impugnar su castigo.
En su demanda presentada ante Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, Juez Décimosexto de Distrito en Amparo Penal, la defensa del exgobernador de Veracruz pidió la cancelación de los acuerdos dictados el 11, 15 y 16 de octubre pasado por el mismo juez que lo sentenció.
El 26 de septiembre pasado Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, condenó a Duarte a 9 años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos, por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Sus abogados interpusieron la apelación contra la condena, pero días más tarde presentaron un escrito en el que su cliente se desistía de dicho recurso, por lo que el día 11 de octubre el juez administrador Fernando Payá Ayala tuvo por “no interpuesta” la impugnación.
Javier Duarte presentó otro escrito en el que afirmó que no era suya la firma suscrita en el desistimiento, a pesar de lo cual el día 16 de octubre Payá determinó que debía prevalecer lo ya acordado, es decir, el desistimiento de su apelación.
El recurso de amparo señala esos acuerdos judiciales como actos reclamados y, en el caso de que Javier Duarte ganara su demanda en la instancia definitiva, la consecuencia concreta sería que el juez de control estaría obligado a admitir su apelación. La turnaría a un tribunal unitario de la Ciudad de México, donde un magistrado estaría en posibilidad de reponer, revocar, modificar o confirmar su castigo. Si fuera este último caso, al veracruzano todavía le quedaría recurrir al amparo directo ante un tribunal colegiado.
Javier Duarte alega que el juez no dictó una resolución con base en las pruebas o medios de convicción presentados por la PGR; que la parte acusadora señaló los hechos como un concurso real de delitos, aunque era un concurso ideal. En caso de que su reclamo sea aceptado, se ordenaría la compurgación simultánea de las penas y en lugar de los 9 años de cárcel, serían 4 años y medio, con lo que estaría en posibilidades de pedir su libertad anticipada.
Javier Duarte reclama, también, por el decomiso de 40 inmuebles, lo que considera ilegal, pues argumenta que ninguno es de su propiedad.
Una vez resuelto el caso federal, la defensa se abocaría a atacar los dos procesos que le inició la Fiscalía General de Veracruz.
Para ese entonces, Jorge Winckler ya no estaría al frente de ese organismo.
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Epílogo.
La diputada federal Anilú Ingram está brillando por su capacidad de convocatoria. Después de que presentara una iniciativa para otorgar seguridad social a los y las trabajadoras domésticas en el país, han sido más las diputadas que se han sumado a su causa. Este martes Lorena Villavicencio, de Morena, y la panista Marcela Torres Peimbert, acompañaron a Ingram Vallines en una conferencia de prensa para urgir al titular del IMSS, Germán Martínez, a que se sume a ese reclamo social y reconozca el trabajo de más de dos millones de personas, según cifras del Inegi. *** Por cierto, desde la Cámara de Diputados, las congresistas de diferentes grupos parlamentarios aplaudieron también la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que declara inconstitucional que los patrones de las trabajadoras domésticas no estén obligados a registrarlas ante el IMSS. La ONU celebró también la resolución de la Corte. Una vez que se apruebe será, sin duda, uno de los mayores aportes legislativos de la veracruzana.
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