“Solamente Donald Trump gana más que el presidente de la SCJN”. López Obrador

En vez de estar hablando del arranque de una nueva administración estatal que llegó al poder por un fenómeno social de hartazgo de los partidos políticos tradicionales representados, cooptados más bien, por verdaderas bandas de la delincuencia organizada, los medios de comunicación hemos dedicado estos doce días del arribo de Cuitláhuac García Jiménez a la gubernatura a hablar de la resistencia que ha puesto el Fiscal incondicional del anterior gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a dejar el cargo, para que sea un abogado más preparado, menos comprometido con el Ejecutivo, el que se haga cargo de tan importante dependencia encargada de procurar justicia.

¿A qué se debe que el abogado Winckler permanece en el cargo pese a los innumerables delitos que se le imputan en el ejercicio de su encargo? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos y que no alcanzamos a responder.

Y es que, al menos nosotros, en cincuenta años de ejercicio periodístico ininterrumpido entendemos el ejercicio del poder gubernamental como que la sociedad, por mayoría de votos, te encargue el timón de un barco para que lo conduzcas por los mejores rumbos, tirando los lastres que vayan apareciendo, antes de zarpar o durante los primeros días del viaje.

A Jorge Winckler Ortíz le han dicho de todo (sugerencias mediáticas) para que por voluntad propia deje el cargo; han pedido que se le haga juicio político siete organizaciones distintas, y el Congreso Local va acumulando ese histórico archivo de peticiones nunca antes visto en la historia legislativa; cada día se suman más presidentes municipales pidiendo que deje el cargo y se elija otro Fiscal, y nada. Quienes tienen en sus manos las posibilidades (el poder, vamos) ya hubieran tomado las medidas que se requieren en estos casos para que “voluntariamente” el arrogante Fiscal se vaya y el imperio de la ley haga su aparición… Bote.

La prudencia, las buenas formas, la civilidad política, la ortodoxia, no caben en este caso. Todos sabemos que quien sostiene contra viento y marea en el cargo con el cuento de la autonomía al Fiscal Winckler es el exgobernador, que trata a como dé lugar de dañar la imagen de un nuevo gobierno y esta es una forma de conseguirlo.

Aquí no hay compromisos insalvables, menos acuerdos despreciables ni negociaciones vergonzosas para que el señor permanezca en el cargo; son únicamente las ganas de chingar contra los buenos modales y el respeto a las reglas de un nuevo gobierno.

De que se va, se va, y no hasta que cumpla los siete años que le faltan para culminar el ciclo para el que fue impuesto por Yunes Linares y sus lacayos del pasado Congreso Local. ¿Cuándo? No se sabe, hasta que el destino lo alcance, hasta que encuentre el Congreso Local morenista una forma legal de echarlo; mientras tanto, el caso sigue en los medios, de ahí no pasa.

Jorge Uscanga, en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador

Los mexicanos recordamos el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como uno de los procesos legales más famosos en la historia mexicana reciente. Ocurrió durante los años 2004 y 2005. Los preparativos, sus causas y su desenlace fueron uno de los temas más polémicos en la sociedad. En 2004 se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por gobiernos anteriores. Aunque los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatorio y se responsabilizó directamente a López Obrador por ello.

Siendo jefe de gobierno del Distrito Federal desde 2000, López Obrador tenía inmunidad jurídica (fuero parlamentario); es decir, no podía ser sujeto a un proceso administrativo o penal a menos que el Congreso de la Unión, por alguna excepción, decidiera retirárselo.

El gobierno federal encabezado por Vicente Fox solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión para que López Obrador respondiese ante la justicia por sus presuntas responsabilidades.

El tema levantó polémicas en la opinión pública. Una mayoría significativa consideró el proceso de desafuero como una maniobra política para eliminar la posibilidad de que López Obrador fuese candidato a la Presidencia de la República en 2006, ya que, aún si se lo declaraba inocente, el jefe de gobierno no podría registrarse como candidato mientras durase el proceso, que se vislumbraba largo. El gobierno federal, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, por su parte, mantuvieron su posición la mayor parte del tiempo, aludiendo a la defensa de la legalidad.

El desafuero se consumó durante una sesión del Congreso celebrada el 7 de abril de 2005. Ahí, cada bancada presentó su postura y, por el PRI, que coordinaba el diputado federal  mexiquense Emilio Chuayffet Chemor, subió a tribuna el diputado veracruzano Jorge Uscanga Escobar, quien con un incendiario discurso en contra de López Obrador dejó en claro que el PRI estaba de acuerdo en desaforarlo, como sucedió. Las consecuencias de esta maniobra perversa se reflejaron en grandes manifestaciones populares de rechazo y el presidente Vicente Fox terminó por anunciar la marcha atrás de su gobierno en el proceder contra López Obrador.

De cualquier forma, el político de Catemaco había logrado un triunfo personal al haberse impuesto como representante de su bancada para exigir, airadamente, desde la tribuna más alta del país, el desafuero del tabasqueño… Cosas de la política.

Nada garantiza un mejor ejercicio de la justicia en México: Meyer

El historiador, académico y analista político Lorenzo Meyer, afirma que ni el cambio de presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni los altos sueldos de los funcionarios del Poder Judicial garantizan un mejor ejercicio de la justicia en México. Si bien la elección del próximo presidente del máximo tribunal del país es importante, se trata sólo de un elemento del sistema, “así que se haga bien o se haga mal, no va a cambiar de manera radical la situación de la justicia en México“.

“Ellos que nunca se sometieron a elección popular deberían usar este momento en particular para exponer los currículum de los candidatos“.

Desde su punto de vista, el ministro Arturo Saldívar es la persona adecuada para ocupar la presidencia de la Corte, aunque aclaró que no tiene elementos suficientes para juzgarlo.

“Sería interesante que viéramos hasta el fondo, de quién se trata, quién se propone para tal puesto, debe quedar claro, con una transparencia poco usual en México, la carrera de cada uno de estos personajes, a qué estuvieron expuestos, qué momento cumbre de sus dictámenes pueden sacar a relucir, para que se vea el carácter”.

Y en su opinión la división de poderes es una gran idea, ya que sólo “el poder puede contener al poder de una manera pacífica y sin romper el orden institucional”.

Reflexión

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, afirma que habrá denuncias penales en contra de quien resulte responsable por un fraude de 750 millones de pesos debido a la operación únicamente del 40 por ciento de las cámaras de vigilancia instaladas en la entidad. “Lo de las cámaras de vigilancia sinceramente fue un fraude, están funcionando el 40 por ciento en todo el estado. Son seis mil 500 las que ellos compraron y están funcionando alrededor de dos mil 500, no es nada”. Pa’pronto, don Winckler a ver qué tanta imparcialidad justiciera práctica. Escríbanos a mrossete@nullyahoo.com.mx formatosiete@nullgmail.com www.formato7.com/columnistas