Después de que el yunismo eliminó la partida para la prevención y detección oportuna del VIH-SIDA a la Secretaría de Salud del Presupuesto 2018, la diputada local de Morena, Magaly Armenta Oliveros, se pronunció por dotar de recursos suficientes para evitar que Veracruz siga ocupando los primeros lugares en incidencia de nuevos casos, morbilidad y mortalidad entre la población femenina y juvenil.
Al participar en la primera mesa de análisis y actualización de la Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH-SIDA en el estado de Veracruz, convocada por el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), la diputada Secretaria de la Comisión de Salud y Asistencia en el Congreso local, hizo patente la necesidad de asumir compromisos y acciones muy claras en torno a este gran problema de salud pública, así como involucrar al resto de los legisladores para unirse a favor de Veracruz.
“En la Jurisdicción Sanitaria número XXI, se registra un alto índice de VIH-SIDA, por lo cual es importante tener esa vinculación con las zonas indígenas, darle voz a las mujeres porque aún en este siglo, ellas no tienen voz ni hay que las proteja. Escuché la estadística pero en los 13 años que he estado en política, nunca he visto a nadie de la Jurisdicción y de la Secretaría de Salud preocuparse por ese sector”, expresó la representante del Distrito 26 de Cosoleacaque.
Armenta Oliveros pidió que, ésta primera mesa de análisis no se quedará sólo en la fotografía, sino definir una agenda de trabajo en donde además, se involucre al resto de los legisladores y no sólo a las integrantes de las Comisiones Permanentes de Salud y Asistencia; para la Igualdad de Género, y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, porque hoy se trata de unirse a favor de Veracruz.
Las legisladoras participantes coincidieron en la necesidad de que la Ley 306 para Enfrentar la Epidemia del VIH-SIDA en el Estado de Veracruz, a 10 años de su promulgación, sea actualizada al nuevo contexto nacional y marco internacional con relación a esta enfermedad, pues se requiere sea un instrumento que garantice la inclusión, la perspectiva de género, respeto a los derechos humanos, no criminalice, prevenga, detecte y brinde atención oportuna a la población portadora.