El exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, denunció que recibió amenazas de muerte para el y su familia de parte del Director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Publica del pasado gobierno, porque se negó a hacer declaraciones en contra del ex gobernador Javier Duarte y su esposa, Karime Macías.

Solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga la denuncia por tortura presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y que se haga del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

En un comunicado, Nemi Dib, quien cursa prisión domiciliaria, expuso: “Pedí que mi denuncia fuese turnada a la PGR y del conocimiento de la CNDH porque es absurdo que los mismos que me causaron daño, pusieron en peligro mi vida y la de mi familia y me secuestraron judicialmente con acusaciones aberrantes, sean los mismos que ahora investiguen los delitos que ellos me causaron”.

Nemi Dib fue detenido en el estado de Puebla, el pasado 23 de diciembre del 2017, acusado por la Fiscalía General de Veracruz, de los presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad en agravio del servicio público, en perjuicio del patrimonio del Estado y por la violación a la Ley de Obras Públicas del Estado.

El 30 de diciembre del 2017 recibió el auto de vinculación a proceso por un año y seis meses. Pero el pasado 27 de septiembre del 2018, la jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez sin cambiar las medidas cautelares de prisión preventiva durante un año, le concedió prisión, porque presenta tres lesiones en la columna vertebral y problemas gastrointestinales que ponen en “peligro su vida”.

A Nemi Dib se le acusa de supuestamente permitir a la constructora «Gran Marca Proyectos SA de CV» que continuará la construcción de la Torre Pediátrica en el municipio de Boca del Río, aun cuando había irregularidades y al final la obra no fue concluida.

En un comunicado, enviado a los medios de comunicación, Nemi Dib refiere que ayer martes, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales acudió a la vivienda en donde permanece “cursando la ilegal prisión domiciliaria que me fue impuesta”, para tomarme declaración, después de tres meses de que lo denunció, “en relación con la brutal tortura física y psicológica que sufrí durante mi estancia en el penal de Pacho Viejo, por parte de policías ministeriales del Estado”.

Nemi Dib agrega que recibió amenazas de muerte contra él y su familia, “que me hizo en persona y a nombre del Jefe, el entonces Director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del pasado Gobierno, además de otras violaciones graves a mis derechos humanos, a lo largo de estos años de infierno”.

Señala que las torturas se las hacían porque se negó a conceder una declaración judicial con carácter de prueba anticipada, de hechos que “no me constan y ni si quiera sé si ocurrieron, contra Javier Duarte de Ochoa y Karime Macías Tubilla. Jamás consentí tal prueba anticipada”.

Refiere que durante cinco semanas “batallamos por todos los medios legales para que se me permitiera acudir al hospital a recibir atención médica, y sólo por la intervención de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos me fue posible acudir al nosocomio, al que llegué en condiciones de suma gravedad y riesgo de muerte, de acuerdo con la pericial médica de la propia Fiscalía Estatal”.

Agregó que “hago notar que la Secretaría de Seguridad Pública retrasó nueva y deliberadamente mi envío al hospital, a pesar de las medidas cautelares que les fueron indicadas por Derechos Humanos, continuando con la coacción para exigirme tales infundios a los que me opuse reiteradamente”.

En la declaración otorgada ante la FGE, ayer martes, dijo Nemi Dib, responsabilizó directamente a Jorge Winckler “de las aberraciones judiciales de las que he sido objeto, de las golpizas y de muchas acciones que evidentemente él ha prohijado y consentido, como filtrar ilegalmente datos de las carpetas de investigación, publicar imágenes y datos míos divulgados por su oficina de prensa y obviamente prohibidos por la ley, destruir brutalmente el principio de presunción de inocencia, propiciar mi linchamiento público, presentar pruebas y testigos falsos, tenerme preso por delitos que no ameritan prisión y que no los cometí”.

Señaló que “el Fiscal pretende proteger a los verdaderos responsables de la corrupción fabricándome a mí averiguaciones falsas y manipuladas”.

Advirtió que la justicia federal le ha concedido un amparo en el que se señalan las irregularidades en su caso, y podrían dejarlo en libertad.

“ No cometí ningún delito, soy preso político, y víctima de un proyecto de odio, infamia, destrucción y muerte. Le recuerdo a Winckler que presentó más de 300 denuncias por los actos de corrupción en SESVER y que él se encargo de desaparecer”, finaliza la carta.

Verónica Huerta/Avc