La Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (UV) y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Golfo (CIESAS) realizaron el viernes 23 de noviembre la mesa de discusión “México ante la justicia internacional. Violaciones a los derechos humanos de mujeres indígenas”, con la participación de Valentina Rosendo Cantú, quien ha dedicado 16 años de su vida a buscar justicia, tras ser violada y torturada sexualmente por miembros del Ejército en 2002.

Este caso, así como el de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua de la sierra de Zongolica en Veracruz, y el de muchas más que han sido víctimas de éste y otros delitos, fueron comentados en el marco del Seminario “Violencias contra mujeres en Veracruz”, en coordinación con la Asociación de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, el Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara” y el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa.

El objetivo del foro, desarrollado en el Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán” del CIESAS-Golfo, fue poner en el debate público por qué México ha sido señalado por no ejercer justicia en casos de violación de derechos humanos de este sector y cómo han llegado a instancias a internacionales.

Asimismo, trascendió la importancia de dialogar y documentar las condiciones por las que atraviesan las mujeres indígenas en Veracruz y el país, y los puentes que se pueden tejer en la academia, en la sociedad civil y organismos de la administración pública.

La primera intervención estuvo a cargo de Valentina Rosendo, quien aprendió a hablar español para buscar justicia. Ante la negativa del gobierno de México para condenar el abuso y ejercer castigo contra los culpables, el caso de la joven indígena de la etnia Me’phaa de La Montaña de Guerrero fue atraído por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Tras 16 años de lucha, el 11 de julio del presente año la CIDH reconoció su verdad, otorgó 19 años de prisión a los culpables y exigió la reparación del daño a la víctima.

Valentina narró que tras la agresión ocurrida en la comunidad Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, Guerrero, tuvo que caminar ocho horas para denunciar a sus agresores. En ese entonces sólo contaba con 17 años de edad y ya era madre de una niña de tres meses de nacida.

Sin embargo, para intentar callarla los militares le ofrecieron dinero, “pero yo no quería dinero, quería justicia para que esa situación no se repitiera con otras mujeres de la comunidad, quienes por miedo no se atreven a denunciar”.

En vez de brindarle el apoyo necesario, la respuesta del gobierno mexicano fue amenazarla y señalarla de haber estado sembrando amapola al momento del ataque.

Expresó que por esa razón aprendió a hablar español y a su causa se sumaron varias organizaciones.

Por su parte, Esther Espinoza Osorio, de Kalli Luz Marina, A.C., dio a conocer que en la zona de Zongolica, en el estado de Veracruz, siete de cada 10 mujeres vive algún tipo de agresión y violencia, tema que es poco común hablarlo ante la prevalencia del sometimiento ante los hombres y el patriarcado.

A esto, dijo, se ha sumado el incremento de feminicidios debido a que los hombres están siendo reclutados por el crimen organizado y ahora, aunado a los golpes, son asesinadas con arma de fuego.

“El asesinato de mujeres está rodeado de una falta de investigación efectiva en un contexto de impunidad, de una falta de respeto a las víctimas y a sus familiares.”

Aseveró que en esa zona nacer mujer significa ser sometida a todo tipo de violencia en la familia y en la comunidad. “A la violencia la han naturalizado desde el nacimiento”.

Además, las autoridades encargadas de impartir justicia ejercen maltrato y discriminación –a nivel nacional– cuando las mujeres acuden a solicitar el servicio; mientras que tampoco llegan recursos para la alerta de género pues el problema más grande es actualmente el feminicidio.

En la mesa de discusión, moderada por Abiram Hernández Fernández, del Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, A.C., (Cesem), Carmen Herrera García, de “Abogadas y abogados para la justicia y los derechos humanos, A.C., se refirió al proceso que transcurre en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, el cual también fue atraído por la CIDH.

Recordó que la víctima de 73 años de edad y de origen nahua, fue violada multitudinariamente por elementos del ejército el 25 de febrero de 2007. Además, fue prácticamente imposible trasladarla de forma inmediata a un hospital para que recibiera asistencia médica.

En torno a este hecho, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, declaró que la mujer había fallecido a causa de factores externos y de una gastritis crónica.

Por tanto, el caso fue cerrado dos meses después sin una investigación y se declaró el no ejercicio de la acción penal porque no había delito que perseguir.

Como consecuencia de lo anterior, Herrera García dijo que varias organizaciones de la sociedad civil emprendieron un camino en busca de la verdad; también se decidió presentar el caso ante la CIDH en enero de 2012.

Lamentó que una vez más la respuesta del gobierno de México recayera en mayores agresiones para doña Ernestina y para las personas al frente del proceso.

Al momento se han presentado pruebas de fondo donde se responsabiliza al Estado de esas violaciones y se ha logrado que la CIDH se declare facultada para examinar integralmente el caso.

La defensora de derechos humanos señaló que si el gobierno no responde habrá un juicio en contra de éste, agregó.

Por videoconferencia, Aída Hernández Castillo, del CIESAS-Ciudad de México, habló sobre el reclamo de justicia presentado ante la CIDH por la agresión sexual también ejercida por militares, de la cual fue víctima Inés Fernández Ortega, de la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero.

Tras el hecho, la joven recibió un trato racista y misógino por parte del médico legista.

En el presídium de este evento estuvieron Saúl Horacio Moreno Andrade, director regional del CIESAS, y Natalia de Marinis, investigadora de este mismo organismo.

Claudia Peralta Vázquez/Prensa UV