La diputada Margarita Corro Mendoza solicitó a la Mesa Directiva del Congreso local se exhorte a las autoridades municipales de Tierra Blanca a transparentar y hacer pública la información relativa a sueldos y prestaciones, inversión en obra pública y gasto corriente.

En su exhorto pronunciado durante la cuarta sesión ordinaria, consideró que, en este particular, se incumplen los lineamientos de la Ley de Transparencia que permiten a la ciudadanía conocer con claridad la forma en que se ejercen los recursos públicos en el Ayuntamiento y en el organismo operador del agua en dicho municipio.

La legisladora de Morena lamentó que esta práctica se realice desde hace tres administraciones, porque es el mismo grupo político que ha manejado al gobierno municipal, lo cual consta en un documento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), que lo calificó con cero.

Desde tribuna, Corro Mendoza lamentó que muchos sujetos obligados, como los ayuntamientos, incumplan la Ley de Transparencia al exponer datos incompletos o francamente borrosos que impiden la lectura de su significado.

En el caso de Tierra Blanca y su organismo operador municipal del Agua Potable y Saneamiento, en sus páginas de internet los datos son poco claros, es decir, nada transparentes que permitan saber a ciencia cierta cómo están siendo aplicados los recursos públicos y los resultados que de los mismo se debe obtener.

Citó el artículo 15 de la Ley de Transparencia, el cual mandata que los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información pública, de conformidad con los lineamientos que para el caso expida el Sistema Nacional, al inicio de cada año o dentro de los siguientes diez días naturales a que surja alguna modificación, de acuerdo con sus atribuciones y a disposición de cualquier interesado, conforme a lo siguiente:

“Y lo siguiente es una prolija normatividad de los sujetos obligados para dar toda la información a los ciudadanos y con ello, en última instancia, salir de la secrecía y evitar la corrupción o en su defecto: sancionarla y reparar el daño a la Administración Pública”.

Indicó que, a pesar de todas las leyes inherentes a garantizar el derecho a la información, aún existen autoridades que la esconden de manera aviesa y más en las áreas sustantivas de los recursos financieros que se utilizan en el pago de salarios y demás prestaciones económicas que perciben cada uno de los funcionarios; al igual que las asignaciones sobre obra pública, donde debería haber mecanismos transparentes que eviten el desvío de los recursos en francos actos de fraude, robo o peculado.

Tras su exposición, la Mesa Directiva del Congreso local turnó el Anteproyecto de Punto de Acuerdo a la Junta de Coordinación Política.