Veracruz, Ver.- El Senado de la República frenó el ascenso del comandante de la VI Región Militar, José Luis Sánchez León, a general de división por su presunta relación con el caso Tlatlaya, ocurrido en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio del 2014.

La comisión de Defensa Nacional, que preside el senador Félix Salgada Macedonio, aprobó 186 de los 187 ascensos propuestos por el presidente de la República, menos el relativo al general de Brigada, José Luis Sánchez León, ya que se solicitó mayor información acerca de su trayectoria militar.

El dictamen de los ascensos al personal militar se presentará en la sesión que celebrará el Pleno del Senado de la República este jueves.

Cabe recordar que el comandante de la Sexta Región Militar, José Luis Sánchez León, tuvo a su cargo la XXII Zona Militar, a la que pertenece el 102 Batallón de Infantería, cuyos integrantes participaron en los hechos registrados San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio del 2014.

Incluso, a finales de agosto de este año, un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que realice una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso Tlatlaya para lograr su esclarecimiento y fincar las responsabilidades correspondientes, indagatoria en la cual se debe incluir a la cadena de mando del 102 Batallón de Infantería con sede en la XXII Zona Militar, donde fungía como comandante el general de Brigada, José Luis Sánchez León, quien asumió la Comandancia de la Sexta Región Militar con sede en La Boticaria el 1 de agosto de este año.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió que la PGR debe realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir a supuestos delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión con la finalidad de que se ejerza la acción penal, puesto que no hay un solo responsable rindiendo cuentas por quienes fueron víctima de ejecución en San Pedro Limón.

Esta resolución se emitió en la demanda de amparo que interpuso la víctima y sobreviviente Clara Gómez González en junio del 2017, tres años después de que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el juez federal determinó que la investigación de la PGR resultó defectuosa, por lo que se violaron los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia, contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20 apartado B.

“La reciente decisión del juez se basa en que no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal”, estableció el organismo defensor de derechos humanos en un comunicado.

José Juan García/Avc