El presidente de Comité Ciudadano de Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, informó que presentaron una denuncia ante la Contraloría Interna del Congreso local en contra de la Comisión de Vigilancia de la Legislatura pasada por irregularidades en la aprobación de la Cuenta Pública de 2017.
En conferencia de prensa, aseguró que de manera irregular los diputados recibieron información de los entes que resultaron con daño patrimonial y «la solventaron», a pesar de que no tienen las atribuciones para hacerlo, ya que esta tarea solo corresponde al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
«Los diputados de la Comisión de Vigilancia actuaron de manera ilegal contraviniendo la Ley de Fiscalización y la propia Constitución Política del Estado al haber acordado recibir documentación y argumentaciones para solventar las observaciones de daño patrimonial».
Por ello, dijo que se presentó la denuncia a fin de que se investigue y se finquen responsabilidades, incluso penales a los diputados que integraron esa Comisión, que presidió el actual diputado Juan Manuel De Unánue Abascal.
Y es que consideró que resulta extraño que de los más de mil millones de pesos que resultaron como presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública de 2017, el Congreso local «haya borrado de un plumazo» casi 300 millones de pesos.
«La Comisión de Vigilancia no tiene atribuciones para recibir documentos y argumentos presentados por ex servidores públicos y esto es porque el Orfis determinó daño patrimonial y el Congreso, con un análisis de dos semanas, determina de un plumazo borrar 325 millones de pesos bajo estos argumentos que desde nuestro punto de vista son ilegales».
Agregó que coincidentemente muchos de los entes y Ayuntamientos que lograron solventar sus observaciones son panistas.
«Llama la atención que muchos de los municipios que salieron adelante de estas observaciones son de extracción panista».
Y es que dijo que está decisión de la anterior Comisión de Vigilancia abre la puerta para que otros entres que resultaron con presunto daño patrimonial quieran que se les permita entregar información de manera extemporánea.
«Podrían promover medios de defensa para aquellos a los que no se les dió oportunidad para presentar documentos, con los que desvirtúen observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización Superior».
Dijo además que el auditor superior Lorenzo Antonio Portilla debe hacer un posicionamiento sobre este tema, pues consideró que es «lamentable que guarde silencio ante una situación que a todas luces es ilegal».
Perla Sandoval/Avc