La familia Gómez Pérez presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) para que se investigue las violaciones de las garantías de Ernesto y Román, jóvenes que –presuntamente- murieron a manos de policías municipales de Orizaba.

La presidenta del organismo defensor de los derechos humanos, Namiko Matzumoto Benítez, explicó que es su obligación iniciar una investigación para determinar si se incurrió en alguna irregularidad.

“Desde el día de los hechos, el delegado tuvo contacto con los padres, pero ellos comentaron que aceptaban el acompañamiento, pero que les diéramos un tiempo. Hoy ya, en un ratito más, estarán en la Comisión”.

El Ayuntamiento de Orizaba aceptó las 30 recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), porque los elementos municipales se han excedido al momento de detenciones violando las garantías individuales.

Comentó que en la mayoría de los casos fueron aceptados y se han cumplido parcialmente; se ha pidió que se inicien procesos sancionatorios administrativos contra funcionarios municipales y es la parte que no se ha complementado.

“Nosotros podemos determinar que se inicie una investigación que podría derivar en la inhabilitación del funcionario”, explicó en entrevista en el Congreso local, en el marco de la toma de protesta de la 65 legislatura.

Avc