Prefacio.

Ya en este mismo espacio se había adelantado. *** La parte más sólida del expediente que se integró contra el fiscal Jorge Winckler Ortiz, está relacionada con esa súbita mejoría en su situación patrimonial. *** De la noche a la mañana pasó de ser un “abogado de poca monta”, a poseer múltiples y muy costosos bienes. *** Con seguridad muchos de ellos no estarán a su nombre, pero como en el caso que tanto le interesa -el de Javier Duarte- están bien identificados (y dispuestos a hablar) sus testaferros. *** La posesión de la residencia ubicada en el club de golf de Xalapa, en la calle Malinalco número 9, de ese exclusivo fraccionamiento, no es algo nuevo. Es producto de una bien identificada mafia en la que están involucrados desde magistrados, hasta jueces y fiscales. *** Ubican propiedades “atractivas” y de forma oscura inician los procedimientos de jurídicos para enajenarlo y colocarlos a nombre de su personal de confianza. *** La Fiscalía General del Estado (FGE) maneja fondos federales etiquetados para el combate a la delincuencia, que han sido sustraídos de manera ilícita por su titular, montando a su alrededor toda una red de empresas que se encargan de justificar cada movimiento financiero. *** Sin embargo, lo que no pueden ocultar, es que las áreas más sensibles de ese órgano supuestamente autónomo (Policía Ministerial y Servicios Periciales, entre otros) carecen de lo elemental para realizar su trabajo. *** Jorge Winckler se sabe copado y actúa como el conductor borracho que es sorprendido por el operativo antialcohol: Amenaza con correr a todos y se presume poderoso e influyente… Hasta que se ve esposado y arrinconado en el asiento trasero de una patrulla.

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“Porros” e “ignorantes”, pero los legisladores de Morena consiguieron frenar el saqueo que había ordenado Miguel Ángel Yunes Linares.
Bienes como el auditorio Benito Juárez y el parque recreativo Cri Cri, del puerto de Veracruz, o como la Casa de Agustín Lara y el balneario Mocambo de Boca del Río, se mantienen bajo el usufructo del gobierno estatal.
Siguiendo fielmente las instrucciones de su jefe, el gobernador de Veracruz, el coordinador de los diputados panistas, Sergio Hernández, se deshizo en improperios y descalificaciones contra los diputados de Morena, pero al final tuvo que hacer justo lo que le exigían: que presentara por escrito una relación de los temas que habrían de tratarse en la última sesión de la Diputación Permanente, para verificar que no se consideraran las propuestas de poner a remate los bienes del Estado, ni la absurda creación del municipio número 213.
En las primeras horas de la tarde del jueves, los diputados de Morena dieron a conocer que el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Sergio Hernández) había aceptado retirar de la orden del día los dictámenes que se habían objetado y, por lo tanto, entregaban las instalaciones del Palacio Legislativo.
El secretario general del Congreso, Juan José Rivera Castellanos, dijo haber encontrado violentadas varias oficinas, por lo que lo dejaron plasmado ante el notario público que los acompañó para atestiguar el procedimiento de entrega de las instalaciones.
El tema no llega ni a simple anécdota. El notario podrá dejar constancia de que encontraron oficinas abiertas, pero no hay documento ni testimonio que confirme que esas oficinas no fueron abiertas por ellos mismos (los empleados del Congreso) antes de abandonar el inmueble.
Una vez cubierto el requisito protocolario, el próximo lunes habrán de tomar posesión los integrantes de la LXV Legislatura, por lo que desde este viernes y durante el fin de semana se llevará a cabo, a marchas formadas, le proceso de entrega-recepción.
Es el fin de una brevísima era.

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Epílogo.

Miguel Ángel Yunes repitió hasta el cansancio que ninguno de sus colaboradores había sido acusado de corrupción. Resulta que la historia está cambiando radicalmente. *** Ya el Orfis dejó constancia que en la Cuenta Pública 2017 hay observaciones que no fueron solventadas y que importan varios cientos de millones de pesos. *** Ahora es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que da a conocer que encontró inconsistencias en el manejo de fondos federales en Veracruz, durante 2017, por más de mil 132 millones de pesos. *** Se trata de recursos de las Participaciones Federales a municipios, y la aplicación del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) Ramo 23. La ASF informó que Veracruz no pudo justificar el manejo de 602 millones de pesos, que se remitieron vía participaciones federales, apoyos y convenios. ¿Entonces, quién miente?

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