Tanta es la desesperación del gobernador Miguel Ángel Yunes por cortar cualquier cola de rata que le llegue hasta Palacio de Gobierno que ha metido manos y cuerpo entero en el proceso de entrega-recepción de la LXIV Legislatura.
Y es que entre los diputados locales causa mucho ‘sospechosismo’ que la Junta de Coordinación Política —a cargo del inoperante Sergio Hernández—, así como la Secretaría General del Congreso, se hayan hecho de los servicios del notario público adscrito número 26, Juan Manuel Blanco Gómez, para dar fe de lo que entregarán a la próximo administración del Congreso veracruzano.
La sospecha radica en que justamente Blanco Gómez atiende la notaría de la que es titular Jorge Armando Lince de la Peña, quien anda con licencia, pues despacha como director general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías en el gobierno yunista, que ya se va.
Así las cosas, lo que está claro es el régimen de complicidades que hay desde el Poder Legislativo (al que tanto presume Yunes por su supuesta autonomía) y el Ejecutivo estatal.
O para dejarlo más clarito, cuánto es el descaro de los diputados del PAN que para intentar controlar cualquier indicio de corrupción al interior que alcance a Yunes, tuvieron que echar mano de uno notario que es juez y al mismo tiempo parte en la supervisión del proceso de entrega-recepción del Legislativo.
Yunes y sus alfiles en el Congreso o son torpes o incapaces, pues sus intentos de pillaje son tan obvios que ya nadie les cree lo que tanto presumían. Andan como la Policía China: misteriosa y pendeja.
Las razones de la desesperación panista
¿Pueden hallar una razón más poderosa para el nerviosismo del diputado Hernández, alias Sergio El Bailador, ante la prolongación de la toma de instalaciones del Congreso local? Porque si no, para qué tantos saltos estando el piso tan parejo.
De nada sirvió la batería de amenazas lanzada por el Fiscal Jorge Winckler y el imberbe presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Sergio Hernández, contra los diputados de Morena que bloquearon los accesos al Palacio Legislativo, incluso con rumores de que ya se habían liberado órdenes de aprehensión para enjuiciarlos por el delito de sedición.
Mucha saliva usaron Yunes, Winckler y Hernández para tratar de poner en cuestionamiento público a quienes serán los amos y señores en el Congreso local a partir del próximo lunes, a cambio de lo cual solo recibieron en redes sociales rechiflas y mentadas.
Su motivación no era que se mancillara la legalidad, tampoco que obstruyeran la buena marcha de la diputación permanente en sus últimos días en funciones, es más, ya ni se preocuparon por cederles bienes del gobierno estatal por un monto superior a los 543 millones de pesos tanto al alcalde porteño Fernandito Yunes como al ayuntamiento de Boca del Río, ni estaban angustiados por ceder al capricho de Yazmín Copete de crearle su municipio en Tres Zapotes. No. Lo que más les preocupaba era tener tiempo de meter mano a los documentos del Congreso para esconder infinidad de irregularidades que pondrían en graves aprietos tanto al diputado Hernández (que seguirá como coordinador de la fracción panista en la próxima Legislatura) como al mismísimo gobernador Yunes.
Tan errados estaban en las amenazas, que finalmente desistieron de ellas y mejor lanzaron a los diputados panistas Sergio Hernández, Mariely Manterola y la coordinadora de la fracción perredista Yazmín Copete Zapot, a realizar una sesión de la comisión permanente en el salón de un hotel para acordar una orden del día carente de temas escandalosos, que permitiera convencer a los diputados de Morena a que dejaran realizar la última sesión y dar por terminados los trabajos legislativos de la LXIV Legislatura en la sede del Congreso.
Las benditas redes sociales
«Dejemos algo claro: 1. Varios mexicanos hemos SEÑALADO, estudiado e investigado Corrupción por más de una década. 2. Respecto de gobiernos de TODOS los partidos. 3. Proponemos SOLUCIONES y alternativas. Ni son los primeros, ni son dueños del tema, y NO son inmunes a la corrupción». Max Kaiser @MaxKaiser75
Winckler y sus amenazas de siempre
¿Cuál hubiera sido la situación política de Veracruz si el Fiscal Jorge Winckler efectivamente hubiera solicitado órdenes de aprehensión contra los de Morena y la policía hubiera detenido a al menos a un diputado local electo de Morena?
Es cierto que Miguel Ángel Yunes Linares estaría dispuesto a incendiar Veracruz si viera la posibilidad de coronarse rey de sus cenizas, pero a 30 días de su partida, lo único que hubiera logrado habría sido prenderle fuego a sus últimos cohetones.
No detuvieron a ningún diputado electo, pese a la torpe beligerancia de un Fiscal que llegó a señalar que, si esta semana no lo lograba, en cambio lo haría la próxima cuando los diputados en funciones quedaran sin fuero, y en esa hipótesis podría entrar quien ha sido el líder del movimiento legislativo, Zenyazen Escobar, a quien muchos periodistas se han referido como la carta de Cuitláhuac García para la Secretaría de Educación.
En capilla, tanto Yunes como Winckler
Y lo que son las cosas, esta misma semana, tanto el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares como el Fiscal Jorge Winckler Ortiz quedaron manchados por sendas observaciones, una oficial y la otra periodística, que ponen en grave cuestionamiento la bandera de honorables e impolutos con que siempre se han manejado.
Miguel Ángel Yunes, por las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por el manejo de mil 132 millones de pesos, lo que mantiene a Veracruz en el primer lugar como la entidad con el mayor número de observaciones por el manejo de recursos públicos y como la tercera entidad por el monto observado. Y Jorge Winckler, por el usufructo de una casa que Yunes habría confiscado a título personal, sin haberla declarado como parte de las acciones de recuperación de recursos robados por exduartistas.
En efecto, el Segundo Informe Individual presentado el miércoles 31 de octubre por la ASF revela que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares fue observado por el manejo de mil 132 millones de pesos en su primer año de ejercicio.
El órgano del Congreso de la Unión pidió justificar el manejo de 602 millones de pesos, pues no está claro cómo se gastó el dinero que se remitió vía participaciones federales, apoyos y convenios; además, tendrá que regresar a la Tesorería federal 609 millones de pesos, pues no se destinaron al fin que fueron programados, se enviaron a otras cuentas bancarias o simplemente se subejercieron.
Esto se agrega a las observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en diversas dependencias y organismos autónomos que permiten sustentar casos de quebranto financiero a las arcas estatales.
Winckler se apropió de casa «recuperada»
Y este mismo jueves fue puesto en grave predicamento el Fiscal Winckler por la ocupación en los casi dos años en el cargo de una casa presuntamente confiscada al exsecretario de Educación de Veracruz y exdiputado federal, Adolfo Mota Hernández, a cambio de impunidad por el desfalco hecho al erario durante su paso por la SEV.
En nota publicada por La Jornada Veracruz se señala que una de las residencias “recuperadas” pero no reportadas al patrimonio estatal, localizada en el número 9 de la calle Malinalco del Club de Golf, localizado frente al aeropuerto de El Lencero, fue ocupada desde 2017 por Jorge Winckler. “Los vecinos del exclusivo fraccionamiento aseguran que la casa –valuada en algo así como 8 millones de pesos– perteneció a Adolfo Mota Hernández, el ex secretario de Educación (SEV) de Duarte, quien además tiene otras propiedades ahí mismo”.
La casa está siendo desocupada por Jorge Winckler quien, de haber ganado Miguel Ángel Yunes Márquez la gubernatura, la seguiría ocupando en los siete años que le quedan oficialmente como Fiscal General. Que se esté retirando y la haya puesto en venta, significa varias cosas, la más certera es que sabe perfectamente que será despedido del cargo por la próxima Legislatura con mayoría de Morena.
Si, como se afirma, la residencia fue obtenida por medio de una “donación” a cambio de impunidad de un personaje del gobierno duartista, eso significaría una complicidad con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para disponer de bienes recuperados pero no entregados o registrados por el gobierno estatal.
Hasta el momento, según el despacho informativo, no está clara la transferencia de la propiedad, pues los movimientos han sido blindados en el Registro Público de la Propiedad en Xalapa; por si esto no oliera a corrupción, hay que decir que para efectuar esa “donación”, “se utilizó como gestor oficioso del Gobierno del Estado de Veracruz al primo hermano de Winckler, Daniel Ortiz Peña, quien actualmente se desempeña como encargado del Registro Público de la Propiedad en Boca del Río, colocado ahí para cuidar cada una de las propiedades de los Yunes”.
Los turbios manejos de los panistas, comenzando por Miguel Ángel Yunes Linares, podrían estar a punto de ser descubiertos… y castigados.
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