En solo dos años, el Gobierno del Estado ha incrementado en un 250 por ciento sus ingresos, al imponer multas a conductores del transporte público que infringen la Ley de Tránsito y Vialidad.
Pese a que se insiste en que la medida no es recaudatoria, el Estado ha logrado duplicar sus ingresos, al sancionar la forma de conducir de los transportistas.
El director de Transporte Público, Rafael Eugenio Escobar, comentó que una de las multas más frecuentes es por incumplir con la verificación vehicular, o porque las unidades emitan gases contaminantes por arriba de la norma oficial.
La sanción es con la intención de obligar a la revisión de las unidades y con ello apoyar a cuidar la calidad del aire que respiramos, “sobre todo, en ciudades como Xalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos, donde la acumulación de vehículos es importante, ya nos empieza a pegar”.
Al dar estadísticas sobre las infracciones en los últimos tres años, mencionó que en el 2016 se acumularon 23 mil transgresiones a la ley, en 2017, 57 mil y en lo que va de 2018 son cerca de 59 mil sanciones, hasta el mes de octubre.
“Antes, ese dinero iba a parar a la bolsa de la gente, ahora va a las arcas del Estado. Además. “ahora se les aplica la reincidencia, que obliga a una infracción mayor, hasta la cancelación de la licencia”.
AVC/Isabel Ortega