Preocupa a activistas que hasta ahora el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez no haya incluido a la sociedad civil en la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo.
Al respecto, la representante de la asociación civil Equifonía, Araceli González Saavedra, dijo que es impensable que poco más de un mes para que rinda protesta como gobernador constitucional, hasta ahora el morenista no se haya acercado a organizaciones para tratar temas como la salud reproductiva de las mujeres.
Recordó que dicho tema sigue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de la negativa de los diputados locales a trabajar en ese sentido, pese a que existía un amparo federal que los obligaba a hacerlo.
“Nos preocupa que ni siquiera se está elaborando un Plan Veracruzano de Desarrollo con una agenda que garantice el respeto a los Derechos Humanos. Nos preocupa que ni siquiera se esté convocado”.
Por ello, demandó que el nuevo Gobierno estatal convoque a foros, al diálogo y haya propuestas en las que pueda participar la sociedad.
“Nosotros si algo hemos sido es escépticas respecto a los planteamientos que han hecho autoridades, como diputados locales respecto al tema del aborto porque a la hora de la hora se retractan”.
Entrevistada en el Foro sobre la alerta de violencia de género por agravio comparado, realizada en la Facultad de Derecho, aseguró que por ello es importante contar con herramientas como las alertas, a fin de obligar a las autoridades a tocar estos temas.
“Estamos escépticas por eso cobra importancia la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, ya que se rige con el principio de progresividad de los Derechos Humanos y en este sentido lo que toca a los poderes, tanto federales como estatales, es garantizar esa progresividad”.
Y es que recordó que actualmente el Código Penal tiene vigentes causales que permiten el aborto, sin embargo no se cumplen porque en Veracruz existen casos de menores de hasta 10 años de edad dando a luz.
“A la ciudadanía le corresponde seguir este tipo de mecanismos, hicimos la solicitud, metimos el amparo que nos fue otorgado, el Congreso se negó a cumplirlo y por eso estamos solicitando que la Suprema Corte Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto”.
La activista señaló que la sociedad civil organizada no debe esperar a que “se sensibilicen” los diputados, el gobernador o el presidente electo sobre estos temas.
“La información la tienen, su sensibilidad no nos interesa, lo que nos importa es que haya un compromiso claro y cumplimiento de lo que establecen los mecanismos. La próxima Legislatura tiene la oportunidad de detener el proceso que se está promoviendo ante la Suprema Corte para no legislar respecto a la ILE y también hacer las modificaciones pertinentes al Código Penal”.
Perla Sandoval/Avc