El Gobierno de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tienen tres meses para reparar el daño ocasionado a los pensionados que fueron agredidos por policías estatales durante una manifestación en la que exigían el pago de pensiones atrasadas, ocurrida el 23 de diciembre de 2015.

A casi tres años de los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que el Gobierno del estado, a cargo entonces de Javier Duarte de Ochoa, violó los derechos humanos de los pensionados al ordenar, a través de la Secretaría de Gobierno —cuyo titular era Flavino Ríos Alvarado— el desalojo de los pensionados, en su mayoría personas mayores de 60 años.

De esto se derivarán denuncias penales y de tipo administrativo contra mandos medios y superiores de la SSP, como el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez; el ex director de la Fuerza Civil; el secretario de Gobierno, Flavino Ríos, además de otros servidores públicos del Instituto de Pensiones del Estado (FGE) y de la propia Fiscalía General del Estado (FGE), como es el caso de su ex titular, Luis Ángel Bravo Contreras.

Ese día acudieron a disolver la manifestación cerca de 120 elementos policiacos, entre policías estatales, de Fuerza Civil y antimontines, que agredieron a las manifestantes, a pesar de que durante la investigación de la CNDH, la SSP aseguró que se condujeron con legalidad.

Por ello, parte de la recomendación emitida incluye iniciar procedimientos administrativos contra mandos medios y superior de los agentes operativos de la SSP y Fuerza Civil, pues había incluso jefes policiacos vestidos de civil que amedrentaron a la prensa y los jubilados.

“En unos de esos momentos un policía que tenía una pistola eléctrica me agarró con violencia, me torció la mano y el brazo aplicándome una llave; me dio descargas eléctricas con esa pistola que llevada, ya que un policía me agarraba y el otro que estaba encapuchado y con casco me daba en la parte del costando y en la parte ajá de la espalda toques eléctricos”, se lee en un testimonial de un pensionado.

Por ello, la Comisión determinó que los agentes de la SSP no actuaron conforme al protocolo de actuación policías para el uso de la fuerza pública ni a su Código de Conducta.

“Los agentes policiales hicieron uso de la fuerza en contra de las personas mayores, empleados armas que se encuentran prohibidas como los bastones eléctricos y portando armas largas que no se informaron a la CNDH(…) Se golpeó a los manifestantes con bastones para que se colocarán en la acera; se les empujó por la fuerza a personas con movilidad limitada, apreciándose un uso de la fuerza indebido e innecesario”.

La CNDH corroboró que los pensionados sufrieron afectaciones a la estabilidad emocional y ameritaban tratamiento psicoterapéutico, lo cual no fue otro grado por las autoridades.

“Hubo violaciones a las derechos humanos a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y al derecho a la justicia, así como en derecho a la libertad de expresión. La violación a los derechos humanos resulta aún más preocupante cuando se da contra personas que forman parte de grupos de atención o prioritaria como las personas mayores, que en esa etapa requieren de la satisfacción de los beneficios de la seguridad social, a través de una pensión”.

En cuanto al a Fiscalía General, entonces a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, la CNDH determinó que la Fiscalía General solo entrevistó a los agentes, pero no a mandos medios y superiores “evitando con ello la determinación de responsabilidades y el conocimiento de la verdad”.

Señaló que a los mandos medios solo se les entrevistó en calidad de testigos y en la única acta circunstanciada que abrió la Fiscalía no integró nuevas diligencias y no consideró elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación.

Además, determinó que existió una inadecuada procuración de justicia generando que los hechos denunciados continúen impunes pues la única carpeta de investigación no dio seguimiento a diligencias médicas y se negó a participar con la CNDH, ya que a pesar de que personal del organismo se presentó en la Fiscalía para solicitar acceso a los expedientes, los hicieron esperar cinco horas, tras lo cual la respuesta fue negativa.

“La Fiscalía obstaculizó las facultades de investigación de este organismo, y su limitada colaboración han permitido conocer con precisión si se efectuaron las diligencias necesarias para conocer la verdad de los hechos.

Tampoco se dio seguimiento a la denuncia presentada por un jubilado, ante la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos, pues desde 2016 se encuentra en integración.

De esta manera, estableció presentar una queja ante la Visitaduría de la FGE para que inicie e integre la investigación administrativa de los mandos medios y superiores por la violación de derechos humanos.

Además, la CNDH envío una copia de la recomendación al Congreso del Estado para que investigue la falta de coincidencia entre las cantidades informadas por el IPE y la Sefiplan sobre los recursos entregados para pagos de pensiones durante 2015 y 2016.

La recomendación establece que ninguna de las dependencias justificó la existencia de transferencias de Sefiplan al IPE por concepto de “anticipo a presupuesto”.

En cuanto a las funciones del IPE, la CNDH determinó que el Órgano interno del IPE no inició investigación por el inadecuado cumplimento de las obligaciones de los servidores públicos, por lo que recomendó iniciar procedimientos administrativos contra funcionarios del Instituto.

En el caso de los periodistas, la Comisión estableció que ese día se vio actualizada una triple violencia contra los periodistas que cubrieron la manifestación de pensionados, pues se vulneró su derecho a expresarse mediante la difusión de sus ideas, opiniones e información.

“Se vulneró su derecho a buscar y recibir información y de estas limitaciones existió una consecuencia persona y grupal, pues la acción estatal en contra de los periodistas genera un efecto amedrentador de silenciamiento y autocensura”.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno obstaculizó la labor de investigación de la CNDH porque no informó sobre las acciones que la Sefiplan adoptó para otorgar medidas cautelares para evitar la repetición de los hechos.

Por ello, la CNDH remitió a la Controlaría General relación de los informes incompletos y extemporáneos entregados por la Secretaría de Gobierno, ya que los servidores públicos incumplieron con la normatividad estatal, federal e internacional en materia de derechos humanos de las personas mayores.

“A la falta de las instituciones encargadas del manejo de las finanzas públicas y de los ahorros de pensionados, se sumó la incapacidad de los servidores de dar cumplimiento a los acuerdos comprometidos, así como por liberar cheques sin fondos por parte del IPE y por no contar con una revisión puntual sobre el manejo y transparencia de los recursos públicos que debía administrar ese instituto”.

La Comisión determinó que las omisiones y acciones de los servidores públicos pusieron en riesgo el goce y disfrute de los derechos de los adultos mayores pues no fueron garantizados los principios constitucionales en materia de administración de recursos públicos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

En cuanto a la reparación del daño, la CNDH recomendó otorgar rehabilitación con atención médica y psicológica, para aliviar o contrarrestar los efectos de los actos cometidos en su contra.

Además, la Secretaría de Gobierno, el IPE y la FGE deberán colaborar con la CNDH en la queja administrativa y la denuncia penal que se presenten contra los servidores públicos por las violaciones a los derechos humanos,

La SSP deberá anexar a los expedientes personales de servidores públicos la recomendación para que obre constancia de las violaciones y loos agraviados deberán ser inscritos en el Registro Estatal de Víctimas.

La Secretaría de Gobierno, Sefiplan, SSP e IPE deberán establecer estrategias de profesionalización, actualización, certificación, capacitación en materia de derechos humanos a su personal y la Sefiplan deberá asegurar transparencia y adecuada fiscalización de los recursos públicos destinados al IPE.

“El IPE deberá regularizar los pagos establecer mecanismos para la denuncia contra los servidores públicos que sean responsables de irregularidades en la entrega de pensiones”.

Al Gobernador, la CNDHE advirtió que tiene 3 meses para reparar integralmente el daño e inscribir en el Registro Estatal de Víctimas a los pensionados que fueron agredidos el 23 de diciembre de 2015.

Y deberá colaborar con CNDH para la queja que presentará ante la Contraloría General para investigar y determinar responsabilidades de los servidores públicos que participaron en las agresión.

Así como colaborar para la denuncia ante la FGE para investigar y determinar responsabilidades penales contra los servidores públicos de la SSP que hayan participado en los hechos, entre estos el ex director de Fuerza Civil.

Y ordenar que la Sefiplan transfiera oportunamente al IPE los recursos económicos indispensables para las pensiones; y en un plazo no mayor a seis meses impartir cursos de capacitación a servidores de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Finanzas y SSP en materia de derechos humanos.

Adicionalmente, la SSP deberá impartir otro curso sobre derecho de periodistas, libertad de expresión, límites del uso de la fuerza pública e integridad personal y se deberá designar a un enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.

Al director del IPE la CNDH recomendó cubrir las prestaciones de seguridad social a los pensionados y a la Fiscalía integrar y determinar acta circunstanciada y la carpeta de investigación con el fin de determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados.

“Instruir en un plazo de un mes emitir circular a personal de todas las fiscalías para colaborar y proporcionar veraz y oportunamente a la CNDH la información que se requiera”.

Cabe destacar que los anteriores citados tendrán 15 días para emitirá su respuesta a las recomendaciones.

Perla Sandoval/Avc