La reestructuración de la deuda pública del Estado, que implementó el gobierno como la única manera de liberar las participaciones federales, sólo tenía la intención de beneficiar a la próxima administración estatal -por la que compitió Miguel Ángel Yunes Márquez-, al reducir el pago de interés por un periodo corto.

La certificación que emitió un consultor que contrató la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), establece que la reestructura financiera no resuelve la crisis de la Entidad, y determina que las amortizaciones se diseñaron de tal forma que el servicio de la deuda disminuyese al mínimo aceptable posible, al menos durante los próximos siete años, cuando el plazo de pago supera dos décadas.

Con lo anterior, a partir del 2025 el Gobierno del Estado, cualquiera que sea el partido que gane, tendrá los mismos problemas de solvencia económica que se generaron en el 2016, cuando bancos emplazaron a Sefiplan a cubrir pagos extraordinarios para cumplir con la amortización y el abono de interés de los 41 mil millones de pesos, que adquirió Javier Duarte como parte de la última reestructuración de los pasivos del Estado.

El informe de la Cuenta Pública del 2017 que entregó el Órgano de Fiscalización Superior al Congreso local contiene un reporte especial de deuda pública y disciplina financiera, en el que se dan detalles del proceso de reestructuración que se inició en noviembre del año pasado y que revela que el Gobierno pagó más -13 millones de pesos- de lo autorizado por el Congreso para el poder reestructurar los créditos heredados.

También se recomienda a Sefiplan ser más ordenada en el registro contable de los pasivos, pues hay falta de veracidad en la información “oficial”.

Reestructura, un paliativo a corto plazo

A pesar de que la principal promesa del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares era que el pago de intereses y la amortización de la deuda se iba a bajar en un 50 por ciento, solo liberó el 4 por ciento de las participaciones anuales, que se usan como garantía de fuente de pago.

Del dinero que manda la federación anualmente Javier Duarte destinaba el 59.65 por ciento, ahora sólo se destinará el 55.20 por ciento.

El reporte detalla que hasta diciembre del 2017 el saldo de la Deuda Pública del Gobierno del Estado determinado al 31 de diciembre de 2017 es de 52 mil 142 millones 332 mil pesos. Y se tenían disponibles 8 mil 793 millones 139 mil pesos para poder liquidar dos emisiones bursátiles que se pagan en UDIS.

Como el proceso de fiscalización de la restructuración se ampliará a dos años quedó pendiente de determinar la gravedad de que la Sefiplan se excedió en los gastos establecidos por el Congreso local para refinanciar los créditos.

“En los costos y gastos incurridos proporcionados por el Ente Fiscalizable, se identificó que se aplicaron Recursos del Refinanciamiento a Fondos de Reserva $705,952,859.93 y a gastos asociados $113,723,159.06, lo que suma un total de $819,676,018.99, importe que supera en $13,310,166.85 al monto autorizado para este fin”, se lee en el informe.

También se detectó que Sefiplan realizó dos transferencias electrónicas por 60 millones de pesos por concepto de honorarios pagados a la empresa Evensen Dodge International Inc. por el mismo concepto facturado, situación que eleva la diferencia a 73 millones 310 mil pesos.

Aunque la Sefiplan logró el reintegro de los 60 millones de pesos, quedó pendiente de explicar el gasto de ese monto.

De la revisión el Orfis recomendó a la Secretaría de Finanzas realizar registros contables y presupuestales sin contar de manera oportuna con el correspondiente soporte documental; lo que ocasiona errores y falta de veracidad en la información que se genera en el rubro de deuda pública.

Isabel Ortega/Avc