La cuenta pública 2017 detectó daño patrimonial por más de 1 mil 022 millones de pesos en el ejercicio del gasto de 153 municipios y dos entidades paramunicipales, entre ellas la comisión de agua potable y saneamiento de Xalapa y Lerdo de Tejada.
El informe de resultados que presentó este lunes el Organismo de Fiscalización Superior del Estado señala que se lograron recuperaciones en reintegros a la hacienda pública por 12 millones de pesos.
Respeto a la deuda pública de municipios, el Orfis también revela que 19 municipios contrataron deuda por 608 millones de pesos al realizar asociaciones público- privadas con NL Technologies S.A. de C.V. para la concesión del alumbrado público, y algunos otros para el tema de manejo de basura.
A su vez durante la auditoría a la Deuda Pública y Disciplina Financiera se identificó que estos contratos no fueron inscritos o reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédtio Público (SHCP).
También se dio a conocer que cuatro municipios: Coatzacoalcos, Minatitlán, Tantoyuca y Zontecomatlán, solicitaron créditos por 141 millones de pesos.
En el informe estatal de resultados de los entes fiscalizables 2017, realizó auditorias financieras y presupuestales donde detectó en general inconsistencias como: Anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados, traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen, Saldos de Deudores Diversos cancelados sin evidencia documental.
Además Erogaciones sin comprobación documental, Erogaciones y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios, Adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable, y Falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes en la materia.
En las auditorias técnicas a la obra pública se detectó: Pago de costos elevados en obra pública, volúmenes de obra pública pagados no ejecutados, falta de expedientes técnicos unitarios de obra, obras sin terminar o fallidas, obras no ejecutadas, obras pagadas sin ejecutar y obras sin la validación de la Dependencia o Instancia normativa.
Los ayuntamientos tienen un plazo de quince días hábiles para que presenten las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria que las solvente debidamente.
Adicionalmente el Orfis informó que se elaboran los Informes Individuales de los Entes Fiscalizables y el Informe General Ejecutivo, mismos que se entregan al Congreso del Estado, a más tardar el primero de octubre.
Luego de que la Comisión de Vigilancia del Congreso Local emita el Dictamen de los Informes y se somete al Pleno la autorización, a más tardar el último día de octubre, el congreso tendrá que instruir al Orfis para iniciar la investigación respectiva de las observaciones de presunto daño patrimonial y aquellas que se puedan constituir como Faltas Administrativas Graves.
Flavia Morales/Avc