Prefacio.

Eran las 8 de la noche del pasado miércoles, en la colonia Manuel Nieto de Boca del Río, cuando una joven estudiante de medicina (identificada como Leslie Jared Bucio Palma) que llegaba a su domicilio, fue secuestrada por cuatro sujetos que viajaban en un vehículo sedán color blanco. *** El ataque fue grabado por una cámara de vigilancia y se divulgó la misma noche del miércoles en redes sociales. *** Este jueves, cuestionado sobre el tema, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares confirmó los hechos y anunció que “ya se está investigando”. *** Marco Miranda Cogco, periodista de la zona conurbada Veracruz Boca del Río le dio seguimiento al tema y se trasladó al domicilio de la joven, para captar el movimiento de las fuerzas del orden a partir del suceso. De pronto, según narra el periodista, de un taxi descendió una persona que les tomó fotos al reportero y a su hijo. *** Marcos Miranda a su vez tomó fotografías del vehículo del que descendió esa persona, y resulta que se trata del taxi con placas VB 1197, justo la misma unidad de la que descendió la joven secuestrada, al llegar a su domicilio. *** ¿Coincidencia?

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En el sitio de Facebook que lleva el nombre de Cuitláhuac García, y que muestra diversas actividades y opiniones del gobernador electo de Veracruz, aparece publicada la fotografía de un boletín de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la nota del portal Al Calor Político, en la que se hace referencia a la discrepancia de versiones entre el ombudsman y la Fiscalía de Veracruz.
“La irresponsabilidad del Fiscal Gral. Del Edo.”, es el comentario que acompaña esta información.
Se refiere al comunicado de prensa DGC/257/18, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Está fechado apenas el pasado 07 de septiembre. El organismo habla de un “muestreo hemerográfico” (esto es, la revisión de periódicos, revistas y otros medios de comunicación) para informar sobre el hallazgo de cuando menos 163 fosas clandestinas en el país, entre 2017 y 2018, de las que se exhumaron cuando menos 530 cuerpos.
Lo relevante aparece en los párrafos tercero y cuarto:
“Un nuevo muestreo hemerográfico realizado por este Organismo Nacional sobre sobre fosas clandestinas derivó en el hallazgo de cuando menos 163 en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de agosto del año en curso, de las que se exhumaron cuando menos 530 cuerpos, de los que fueron identificados 54 y cuando menos 476 quedaron sin identificar, y el número de restos localizados ascendió a un total de 165,431”, explica en el párrafo tercero.
Y agrega:
“A estas cifras debe añadirse la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que confirmó el hallazgo de una nueva fosa clandestina en la zona centro de la entidad, de donde fueron exhumados los restos de al menos 166 personas que fueron privadas de la vida en los últimos dos años”.
¿Privadas de la vida en los últimos dos años?
El comunicado oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contradice la versión de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que aseguró: “del análisis antropológico de los hallazgos, ha sido posible determinar que se tratan de inhumaciones clandestinas de al menos 2 años de antigüedad”. (Comunicado de la FGE fechado el 06 de septiembre del 2018).
El dato es de la mayor relevancia. El actual gobierno de Veracruz se ha negado a admitir que durante su gestión se están presentando los mismos problemas de desaparición forzada de personas y de creación de fosas clandestinas.
Apenas el pasado 10 de septiembre, desde el reclusorio norte de la Ciudad de México, Javier Duarte envió una carta al periódico Reforma en la que criticó a la Fiscalía General de Veracruz por pretender “deslindarse” de los casos de fosas clandestinas, al apresurarse a asegurar que los cuerpos enterrados tenían más de dos años de fallecidos.
Criticó que el fiscal Jorge Winckler anunciara “a la ligera y sin ningún soporte técnico” que los cuerpos tenían 2 años en el sitio.
“Es imposible determinar que los restos tenían ese tiempo enterrados, cuando la Policía Federal ni siquiera ha hecho alguna investigación forense. Determinar eso depende de varios factores y análisis, como la orografía del lugar, el grado de humedad del terreno, la profundidad a la que se encontraban los restos, la edad y constitución física de las víctimas”, advirtió Javier Duarte.
Pero no fue el único.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas de Veracruz exigieron a la Fiscalía General del Estado ser incluidos en las tareas de búsqueda que se realizan en el nuevo cementerio clandestino. A través de una carta firmada por al menos 14 colectivos recordaron que la ley contempla la participación de los colectivos en este tipo de tareas, al tratarse de víctimas indirectas.
Solicitaron, además, acceso a las carpetas judiciales surgidas a raíz de los hallazgos en las 32 fosas que contenían los restos de al menos 166 víctimas, para que puedan ser analizadas por especialistas independientes.
Criticaron también la forma de actuar de la Fiscalía ante el hallazgo, pues hasta el momento se había mantenido en secreto incluso para los familiares de personas desaparecidas. Indicaron que por ello desconocían si los cuerpos y otras pruebas localizadas en el lugar fueron analizados de forma adecuada, además de que temían pudiera haber más restos humanos sin localizar.
Ya en otras ocasiones el gobernador electo ha mostrado su desacuerdo con la actuación del fiscal Jorge Winckler y ha anticipado que pedirá a los legisladores del próximo Congreso que revisen a fondo la actuación de este servidor público.
Esta pifia se suma al grueso expediente que le tienen listo para “convencerlo” de que debe renunciar al cargo.

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Epílogo:

El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) tiene de plazo hasta el último día del presente mes para entregar al Congreso del Estado el Informe de Resultados de la Cuenta Pública Consolidada 2017. El auditor general Lorenzo Antonio Portilla adelantó que han encontrado indicios de presunto daño patrimonial en la aplicación de los recursos públicos. ¡Y tanto que presume Miguel Ángel Yunes Linares que en lo que va de su administración no hay una sola denuncia por corrupción! *** La Policía Militar regresa a Poza Rica, Papantla, Xalapa, y el corredor que va de Córdoba a Fortín. Así lo informó el general Brigadier Diplomado Estado Mayor (DEM) Adalberto Sergio Rojas Miras, adscrito a la 26 zona militar. Explicó que el apoyo al gobierno de Veracruz se da a partir de que la Secretaría de Gobernación lo pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Las solicitudes son de los gobiernos de los estados a la federación conforme lo marca la ley, y existen convenios de colaboración interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional” dijo. *** Algo suena raro, pues el gobernador de Veracruz insiste cada semana en que la incidencia delictiva ha ido a la baja. ¿Para qué –entonces- reforzar la vigilancia si estamos cada vez mejor?

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