Con más pena que gloria termina la Sexagésima Tercera Legislatura federal, cuyos integrantes están en funciones desde 2015 hasta el último día de agosto del presente año; es decir, faltan pocas horas para que los legisladores pierdan la protección que representa el fuero.

Lo destacable de la presente Cámara Baja es la productividad de sus miembros; hubo muchas iniciativas de ley, 6 mil 186 para ser exactos, aunque la mayoría se queda en la congeladora; en pocas palabras, los diputados propusieron mucho pero discutieron y aprobaron muy poco, sólo 13 por ciento.

El balance que realizan los consultores de la empresa Integralia, encabezados por Luis Carlos Ugalde, revela la realidad de una improductiva Legislatura: un sistema de comisiones burocratizado y abultado (hay 187 comisiones, entre ordinarias, especiales y bicamerales); incumplimiento de obligaciones legales; y opacidad en el manejo de recursos humanos y financieros.

Los diputados, señala Integralia, tuvieron “un elevado activismo legislativo, que se traduce en un número creciente de iniciativas de ley, la mayoría de las cuales no se dictamina”.

En la Cámara de Senadores ocurrió algo similar: los integrantes de la Cámara Alta presentaron ml 953 iniciativas, de las cuales sólo aprobaron el 5 por ciento.

No se trata de un tema de improductividad, sino de la congestión que producen demasiadas iniciativas y “un sistema de comisiones que atiende una porción mínima, ya que la mayoría ni siquiera se desecha, simplemente queda pendiente”, indica la fuente.

Así termina la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión.

Para el caso de Veracruz, al margen de la productividad de sus legisladores, que sólo en muy contados casos podría considerarse decorosa, rescatable, la duda se relaciona con la suerte de los diputados duartistas que han sido señalados por presuntos actos de corrupción.

En redes sociales se menciona que al menos dos o tres de ellos podrían haber emprendido la huida, a fin de quedar fuera del alcance de la fiscalía veracruzana, en espera de mejores tiempos políticos y jurídicos.

Algunos de los actuales diputados federales veracruzanos a quienes se ha mencionado por haber participado en presuntos actos de corrupción durante el sexenio de Javier Duarte son Alberto Silva Ramos, del distrito de Tuxpan, quien ocupó la Sedesol estatal y la Coordinación de Comunicación Social; Edgar Spinoso Carrera, distrito de Martínez de la Torre, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación; Adolfo Mota Hernández, de Coatepec, ex secretario de Educación; y Tarek Abdalá Saad, Cosamaloapan, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas, entre otros.

Hay quien afirma que al menos dos de ellos ya habrían abandonado el país; lo cierto es que se espera en los últimos días del gobierno estatal que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares una verdadera pesadilla para los legisladores que están a punto de perder el fuero y que han sido señalados por enriquecimiento ilícito y por diversas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, como la asignación de contratos y pagos a empresas fantasma.

Al actual gobierno veracruzano le quedan poco menos de 3 meses, tiempo suficiente para llevar a cuentas a cualquiera de los señalados, si es que la fiscalía tiene elementos para ello y los encuentra… al final, se observa muy complicado el escenario para quienes están a punto de perder la protección del fuero porque el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General, tuvo más de un año y medio para recabar pruebas e integrar las carpetas de investigación, así como para conocer todos los posibles destinos, en el probable caso de un intento de huida. @luisromero85