El Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE), recibieron un recorte en el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2018, lo que podría resultar inconstitucional, ante la obligación de otorgar un porcentaje definido de los ingresos del Estado.

En los primeros seis meses del año, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) reportó un ingreso mayor a los 113 mil millones de pesos que se presupuestaron para el presente ejercicio fiscal.

Cálculos de la dependencia estatal prevén, que al finalizar el año, el presupuesto total superaría los 128 mil millones de pesos, lo que implica un ampliación presupuestal de 14 mil 700 millones de pesos más de lo que fue aprobado por el Congreso local.

El Segundo Informe Trimestral de Sefiplan, que es público en el portal de transparencia, revela que como parte del ajuste se ha incrementado el gasto de operación de gran parte de las dependencias del estado, sin embargo, al Poder Judicial lo mismo que a la Fiscalía General del Estado, se le recortaron los fondos.

En diciembre del 2017 los diputados locales aprobaron -por mayoría- asignar mil 722 millones 772 mil pesos para el presente ejercicio fiscal en favor del Poder Judicial.

El informe trimestral reporta que se recortaron 420 mil 796 pesos, por lo que el presupuesto se recortó a mil 722 millones 352 mil pesos. Hasta junio se habían ejercido 906 millones 662 mil pesos, quedando pendiente poco más de 815 millones de pesos.

El artículo 60 de la Constitución Política de Veracruz, establece en su último párrafo que: el presupuesto asignado al Poder Judicial podrá ser mayor pero no menor al dos por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, y deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la ley.

En el caso del organismo autónomo, que encabeza Jorge Winckler, los legisladores locales habían dispuesto asignar mil 445 millones 26 mil pesos para el año 2018, la Sefiplan ajustó el gasto en mil 395 millones 574 mil pesos, lo que implica un recorte de 49 millones 451 mil pesos.

El artículo 67 de la Carta Magna, establece que la Fiscalía General contará con una autonomía presupuestaria “que podrá ser mayor pero no menor al uno punto cinco por ciento del total del presupuesto general del Estado previsto para el ejercicio anual respectivo y que deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la ley”.

Al incrementar los ingresos del Estado, el gasto para los dos organismos autónomos se tendría que incrementar, pero los datos financieros revelan un ligero recorte.

Cabe mencionar que a partir del segundo semestre del 2018, entró en operación la Unidad Especial Anticorrupción, como parte del Sistema Estatal, por lo que se tendrán que disponer de recursos humanos y económicas para crear la estructura que se encargará de investigar posibles desvíos de recursos públicos.

Isabel Ortega/Avc