Prefacio.
El economista Rafael Arias no se va por la salida fácil, la de consultar la página de la Secretaría de Hacienda para conocer los adeudos del estado de Veracruz. *** El especialista advirtió que no se trata de conocer sólo los compromisos con empresas financieras. A esos pasivos se debe sumar lo que se debe a proveedores (lo que se conoce como “pasivo circulante” o deudas de corto plazo), además de lo que se le debe a la Universidad Veracruzana, al Instituto de Pensiones del Estado, a los ayuntamientos, al Seguro del Magisterio, al SAT, al IMSS y al ISSSTE. *** Todo ello, más los certificados bursátiles y las deudas bancarias, rebasarían los cien mil millones de pesos. *** No hay que perder de vista que lo que se consiguió con la renegociación de la deuda fue que se tuviera que pagar menos año con año, ampliando los plazos y aumentando, en términos reales, el monto de la deuda. *** Y a todo esto, ¿sabe alguien a qué conclusiones llegó la “Comisión Especial para la Verdad sobre la Deuda Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 1998-2016”? *** La preside Sergio Rodríguez (Unidos por Veracruz), con Manuel Francisco Martínez (Unidos por Veracruz) como secretario, y los vocales Juan Manuel de Unanue (PAN), María del Rocío Pérez (Morena) y él hijo del excontralor, Rodrigo García Escalante (PAN). *** Alguien les tendría que avisar que esto ya se acabó y que les toca informar qué hicieron durante dos años.
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Lo importante no es si la Procuraduría General de la República (PGR) se desistió, o no, de imputarle a Javier Duarte el delito de delincuencia organizada. (La versión corrió la mañana del martes, para ser desmentida horas más tarde por la propia PGR). Lo realmente importante es saber si el Ministerio Público cuenta con elementos de prueba sólidos para ratificar su denuncia en la audiencia intermedia que tendrá lugar allá por el mes de octubre del presente año.
En el juicio contra Javier Duarte, la PGR cometió el mismo “error” procesal que con la maestra Elba Esther Gordillo: Utilizó como medios de prueba documentos bancarios que no fueron obtenidos mediante una orden judicial. La consecuencia natural de ese “error” es que el juez de control descarte esas pruebas, por haber sido obtenidas de forma irregular.
Casualmente, el despacho de abogados que llevó la defensa de Elba Esther Gordillo (Del Toro Carazo) fue el mismo que llevó el caso de Javier Duarte al inicio de su proceso, y fue precisamente el jurista Marco del Toro quien le hizo notar al juez de control que los documentos que pretendía obtener la PGR con una orden judicial, eran los mismos que ya había presentado en la audiencia de vinculación.
Más adelante la PGR consiguió que un juez le concediera la autorización para revisar otras cuentas bancarias, descubiertas a partir de declaraciones del abogado Alfonso Ortega, y de datos aportados por el gobierno estatal, pues aseguró que se habían identificado nuevos grupos de empresas, a través de las cuales se habrían triangulado al menos 200 millones de pesos.
El problema es que esos nuevos hechos no fueron plasmados en la etapa inicial del proceso.
Lo extraño de estos dos casos (el de Elba Esther y el de Javier Duarte) es que en ningunos de ellos la PGR ha exhibido al responsable de esos supuestos “errores” en el procedimiento. No es necesario ser abogado, ni siquiera estudiante de leyes, para asumir que existe algo llamado “secreto bancario”, que sólo puede ser violentado con una orden judicial, y que una prueba obtenida de forma ilegal será invalidada por el juzgador.
Pareciera que lo hubieran hecho a propósito, con el fin de dejar abierta una ventana a través de la cual el imputado pudiera conseguir su libertad.
Si nos detenemos a reflexionar sobre las implicaciones de un fallo judicial favorable a Javier Duarte, resulta que en el escenario político actual, esta “bomba” ya no sería atribuida al Presidente Enrique Peña Nieto, sino a su sucesor.
“Qué casualidad que apenas se confirmó la victoria del candidato de Morena, se conoció la absolución de Elba Esther Gordillo, y a los pocos meses la de Javier Duarte”, sería el razonamiento de la sociedad.
Son muertos de este gobierno, cuyos fantasmas rondarían en los pasillos de Palacio Nacional, desde donde pretende despachar Andrés Manuel López Obrador.
Mientras tanto, en tierras veracruzanas, se sabe de un grupo muy reducido, de la más alta confianza de Miguel Ángel Yunes Linares, que está dedicado a borrar toda huella legal que implique al gobernador en las prácticas ilícitas en las que incurrió su gobierno.
Sabe el aún mandatario estatal que su blindaje es de papel y que con la más ligera sacudida se desplomará, por lo que este grupo de especialistas está destruyendo documentos, desapareciendo testigos y comprando impunidad, cueste lo que cueste.
Ya entre los duartistas sujetos a proceso se repite una vieja sentencia: “Muerto el perro…”.
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Epílogo.
Ya lo dijo el abogado Fidel Ordóñez: Las actuales autoridades del gobierno estatal están aportando elementos para echar por tierra las acusaciones en contra de quien fuera coordinadora de Comunicación Social, en la primera mitad del gobierno de Javier Duarte, la periodista Gina Domínguez. *** En respuesta a una demanda de información, la Coordinación de Comunicación Social afirmó que entre 2011 y 2014 esa área del gobierno estatal no celebró convenios de publicidad con medios de comunicación. La Fiscalía acusa a la exvocera de haber celebrado convenios en ese lapso, con empresas fantasma, para desviar más de cien millones de pesos. Si no hubo convenios, la acusación se cae. *** Las “bombas de humo” de las que tanto abusó Miguel Ángel Yunes Linares, ya perdieron su efectividad. Este martes su secuaz Jorge Winckler salió a anunciar la detención de quien comandaba los retenes de la Secretaría de Seguridad Pública en los tiempos de Javier Duarte (en uno de los cuales, en la salida de Xalapa, fue alguna vez detenido el propio Yunes Linares con su escolta) y seis elementos más de esa corporación. Los acusan de desaparición forzada de personas.