Andrés Manuel López Obrador posee un capital político sin precedentes. Lleva prácticamente todo el año dictando la agenda de este país, aunque el presidente en funciones aún sea Enrique Peña Nieto. Su habilidad para crear y transmitir mensajes que resuenen con los ciudadanos es inmensa. De manera controversial, en muchas ocasiones, logra posicionar temas claves en el pensamiento colectivo, los cuales generan un amplio debate. Para el ejercicio democrático, esto es positivo, ya que permite que ciudadanos, empresarios, políticos y muchos otros actores sociales intercambien puntos de vista.

Hay quienes argumentan que AMLO debería esperar a tomar posesión para externar sus estrategias de gobierno. No obstante, yo creo que continuar con su dinámica actual le permite conocer la posición de los mexicanos respecto a temas de vital importancia para el desarrollo del país. El presente texto tiene la intención de analizar una de las propuestas que recientemente ha sonado con más ímpetu: la de crear 100 universidades públicas durante el primer año de su gestión. También se reflexionará sobre aspectos importantes alrededor de esta propuesta y el futuro los jóvenes.

El objetivo general de dicha propuesta es contribuir a que más jóvenes tengan acceso a la educación superior y en el futuro puedan conseguir empleo bien remunerado. De igual forma, lograr que ellos continúen con sus estudios los puede alejar de actividades delictivas, haciéndolos sentir productivos e involucrados con la sociedad. Las intenciones de esta idea, estoy seguro, son muy buenas y sinceras. Sin embargo, vale la pena analizar la situación actual del país en algunos rubros relacionados con la educación superior, el desarrollo personal y profesional de los jóvenes y los objetivos de la estrategia antes mencionada. De igual forma, existen algunas barreras y oportunidades dignas de análisis.

Hace algunos meses, Santiago Levy, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo e investigador prestigioso en materia de economía y desarrollo, publicó una investigación donde pone en entredicho que más educación en México equivalga a mayor productividad y crecimiento económico. ¿Por qué? En los últimos 30 años, el poco crecimiento del PIB y la caída del poder adquisitivo de los salarios se debe en gran medida al excesivo nivel de informalidad en el país, a las industrias oligopólicas y a la tremenda desigualdad en la distribución de las ganancias. De manera resumida, se puede decir que esta situación hace que la demanda de capital humano con altas cualificaciones sea escasa, ya que las empresas informales no pueden proveer seguridad social, capacitación y entrenamiento y carecen de poder para innovar, lo cual ocasiona que los puestos de trabajo requieran de actividades menos especializadas, la economía se concentre en unas pocas empresas y estas cuenten con mucho menos empleados.

En otras palabras, solo aumentando los niveles de formalidad será posible aumentar la productividad y por ende tener crecimiento económico con ingresos mejor distribuidos. Para el autor, la seguridad social debe ser la piedra angular del estado de bienestar de una nación. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria reporta que 21 millones de mexicanos no cuentan con seguridad social alguna. Países como Finlandia destinan hasta el 30% de su PIB a este rubro, con la finalidad de que los estudiantes y sus familias no tengan ningún obstáculo financiero para acceder a todos los niveles educativos. Del mismo modo, una investigación en Estados Unidos por parte del National Bureau of Economic Research encontró que la seguridad social es hasta 5 veces más efectiva para combatir la pobreza que los programas de transferencias condicionales.

Para lograr esto es necesario desarrollar estrategias que permitan ampliar la cobertura de seguridad social, proveer de financiamientos más justos y accesibles a las pymes, que el estado invierta en investigación y desarrollo, que se mejoren las prácticas de contratación y entrenamiento empresarial y que las industrias tengan una competencia interna más reñida, entre otras.

Por ejemplo, para darse una ligera idea acerca de la importancia de los créditos, según datos del Banco Mundial, los países de la OCDE, en promedio, otorgan financiamiento a la iniciativa privada equivalente a 145% de su PIB, mientras en México esa cantidad se ha limitado a 26%. En cuanto al sector empresarial, según datos del 2016 del INEGI, 95% de las empresas existentes son micro y 3.5% pequeñas. Las grandes únicamente constituyen 0.25% del total, pero generan más del 70% de la producción bruta. Esto es preocupante, porque México cuenta con uno de los mercados domésticos menos competidos del mundo. El censo económico del 2013 reporta datos similares: existen 4.1 millones de establecimientos, de los cuales 90% son informales.

Según el mismo Levy, las empresas formales son entre 35 y 50% más productivas que las informales. Por tal motivo, la prioridad debe ser incrementar el nivel de formalidad antes que la escolaridad de los ciudadanos. Revisando estos datos, se puede observar que la solución al modesto crecimiento económico y a la creciente desigualdad económica pasa más por la formalización de las empresas que por la construcción de universidades y el otorgamiento de becas para personas que de momento no pueden estudiar y/o trabajar.

Muchos expertos en desarrollo y competencia económica creen que incrementar los niveles de educación de su población provocará en automático que se generen múltiples beneficios sociales y crezca la economía. Esto puede lograrse, siempre y cuando se tomen en cuenta muchas otras variables, algunas de las cuales se mencionan anteriormente. Algunos de estos expertos hacen énfasis en la importancia de una educación básica de calidad, entre otras cosas. Uno de ellos es James J. Heckman, premio Nobel de Economía en el año 2000 y quien se ha dedicado en los últimos años a investigar qué tipo de habilidades se necesitan fomentar y desarrollar entre los niños y jóvenes para que en el futuro se obtengan beneficios tanto económicos como sociales. Este economista argumenta que dichos beneficios serán mayores a largo plazo si las intervenciones e inversiones se hacen prácticamente desde que un niño nace y hasta que está en la adolescencia. Si estas se hacen más adelante, no serán tan efectivas y también resultarán más costosas.

Tristemente, en la actualidad, México ocupa el puesto 114 del mundo en cuanto a la calidad de su educación básica, según el último reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial. Por lo tanto, ¿no sería más eficiente hacer inversiones en el rubro de educación básica? Muchas escuelas primarias no cuentan con infraestructura básica y operan con muchísimas dificultades. Dentro del sistema, muchos maestros no ganan suficientemente bien de acuerdo con el importantísimo rol que desempeñan. Es bien sabido que existen muchos “aviadores” y que el sindicato tiene un poder enorme para asignar plazas con base en compromisos políticos y compadrazgo.

Si bien la cobertura en educación básica alcanza el 95%, aún queda trabajo por hacer, ya que México se encuentra en el lugar 71 a nivel mundial en cuanto a dicha cobertura. Por otro lado, el investigador Rafael de Hoyos, en una investigación para el Banco Mundial, encontró que en México los resultados de los exámenes de niños de 6to grado de primaria son un fuerte predictor del nivel de educación que obtendrán en el futuro, así como de su desempeño en el mundo laboral. Por lo tanto, resultará mucho más eficiente hacer intervenciones en este nivel educativo, enfocándose específicamente en ampliar la plantilla de maestros y proveer de servicios básicos a todas las escuelas.

Infraestructura se refiere a todos los bienes físicos, capital humano y social, y económico que requiere un sistema. Por eso, antes de pensar en construir 100 universidades, se debe dar paso a trabajar en la base de la pirámide; se deben fortalecer los cimientos de la generación del futuro. Las inversiones en dicha base generarán los mejores retornos a largo plazo, tal como ha encontrado en sus investigaciones el nobel Heckman. Algunos programas concretos que ya funcionan en México buscan apoyar a familias vulnerables durante todas las etapas de su vida. Trabajan en aspectos de prevención de enfermedades tanto físicas como mentales, desarrollo de habilidades sociales, deportivas y culturales, entre otras. Sería muy valioso poder desarrollar y presentar un plan que tenga como meta implementar un determinado número de estos programas y que se le asigne un presupuesto, así como establecer la cantidad de posibles personas beneficiadas. Dicho plan requeriría incluso la creación de dependencias específicas para la planeación, ejecución y evaluación de dichos programas.

Lo anterior no significa olvidarse por completo de la educación superior, por supuesto. Dado que México ocupa el puesto 102 del orbe en cuanto a calidad en este rubro, es imperativo pensar en cómo mejorar esta, antes de abrir más planteles. Un buen comienzo sería incrementar la cantidad de dinero que se destina a la educación superior. Cifras actuales de la Secretaría de Hacienda indican que únicamente el 1% del PIB se destina a necesidades de este nivel educativo. A la par de aumentar el presupuesto destinado a la educación superior, será necesario evaluar qué elementos pueden contribuir a que se eleve la calidad de la educación, tales como contratación y capacitación de los maestros, rediseño de planes de estudios, elaborar métodos de evaluación más rigurosos, tanto para escuelas privadas como públicas, etc. Actualmente, los aspectos peor calificados en materia de educación superior dentro del Índice de Competitividad Global son calidad del sistema (108), nivel de ciencias y matemáticas (117) y acceso a internet (83). En conclusión, nuevamente se trata de pensar en fortalecer el sistema actual antes de buscar ampliarlo.

Como todo plan, es importante que al momento de trazar objetivos se sea consciente de los insumos necesarios y de los factores del entorno que juegan a favor y en contra, para poder establecer metas realistas y medibles que permitan monitorear avances, detectar barreras y aprovechar oportunidades. Se puede tomar como referencia el caso de Brasil: durante los años de Lula y Rousseff, se abrieron 14 universidades públicas federales, de acuerdo con datos proporcionados por el medio de comunicación Animal Político.

La investigadora en educación superior y catedrática de la UNAM, Alma Maldonado, en una entrevista para dicho medio, argumenta que lo importante en cuanto al tema de este nivel educativo es replantearse la forma de ingreso. Para ella, construir 100 universidades únicamente privilegiaría a los estratos socioeconómicos más altos, los cuales poseen mejores condiciones económicas y sociales y por lo tanto es más probable que logren dicho ingreso. También reporta que las universidades de MORENA que operan desde hace algunos años, no han sido evaluadas con rigor y es difícil conocer si han obtenido el éxito deseado. Por último, preocupa a la investigadora que algunas carreras no estén generando demanda, sobretodo aquellas ofrecidas por universidades tecnológicas. En un mundo ideal, la competencia para ingresar a la universidad debería darse entre personas del mismo nivel socioeconómico. De esa manera, el acceso a la educación superior sería mucho más “equitativo”.

También deben tomarse en cuenta otras barreras de acceso a la educación superior, como disponibilidad de tiempo, dinero y traslado, interés, habilidades sociales y falta de otros incentivos. Así será posible determinar dónde construir una universidad si es que se opta por ello o bien posiblemente la solución sea encontrar la forma de ampliar la matrícula de las universidades que actualmente cuentan con mayor demanda.

Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, 5 mil jóvenes se han visto beneficiados por el programa dual de formación para el trabajo que requirió la participación de aproximadamente 1500 empresas, según cifras recolectadas por el autor Tomás Pérez Alvarado (la meta era apoyar a 10,000 jóvenes). Estos datos contrastan con las aspiraciones de AMLO, quien desea ayudar con este programa dual a 2,300,000 jóvenes. De nueva cuenta, las intenciones son muy buenas, pero posiblemente sea necesario reformular estrategias y replantearse objetivos. Con tantas empresas en la informalidad, ¿será posible ayudar a tantos jóvenes? ¿No sería más eficiente primero mejorar las prácticas de formación y capacitación antes de buscar incrementar el volumen de “beneficiarios”? Estas preguntas son pertinentes ya que México está muy rezagado a nivel mundial en cuanto a la eficiencia de sus prácticas de contratación, capacitación, atracción y retención de talento y similares (puesto 105).

No debe perderse de vista la experiencia respecto a las prácticas profesionales, dentro de las cuales existe simulación, corrupción e incluso falta de leyes modernas y actualizadas que permitan obtener beneficios reales y tangibles. Se ha propuesto que la Secretaría del Trabajo administre este proyecto de formación dual, pero es posible que incluso sea necesario crear una secretaría aparte para ello, ya que muchos actores estarán involucrados en dicho proyecto y administrarlo será todo un reto.

El objetivo de la formación dual está claro: desarrollar competencias laborales en los jóvenes. No obstante, hasta la fecha, no se cuenta con un marco de cualificaciones que permita evaluar las competencias adquiridas durante dicha formación. Una alternativa es basarse en el reporte “The Future of Jobs” del Foro Económico Mundial, donde se detalla cuáles son las habilidades que la fuerza laboral va a requerir a partir del 2020 y cómo se puede fomentar el aprendizaje de las mismas. Asimismo, aporta datos acerca de la evolución de cada una de las industrias y ofrece alternativas para adaptarse al cambio y a la revolución tecnológica.

El futuro de un país son sus niños y jóvenes. Está claro que hay que apostar por ellos; invertir en ellos. Ya se está poniendo en marcha el desarrollo de planes de austeridad y de combate a la corrupción, y si bien todo el dinero que se ahorre podrá invertirse en programas sociales, infraestructura y sectores vulnerables, el reto sigue siendo evaluar en qué invertir y cómo y cuándo hacerlo. México está calificado como uno de los países que peor hace uso del gasto público (120). Sus instituciones son extremadamente débiles debido a la corrupción, la burocracia, el favoritismo y muchas otras problemáticas. Por tal motivo, es indispensable replantearse las estrategias de inversión del gasto público y tomar en cuenta elementos cualitativos también. Es decir, conocer el por qué y no únicamente el qué y el cuánto. Recursos hay. El reto está en decidir de forma adecuada qué acciones realmente proporcionarán los mayores beneficios.

Para concluir, se presentan algunas alternativas que pueden contribuir de manera más eficiente a que más jóvenes puedan desarrollar sus habilidades sociales y académicas, fomentando a la par un mayor y más equitativo crecimiento económico:

  • Seguir el ejemplo de Singapur e invertir en educación básica, haciendo énfasis en el desarrollo de habilidades que tengan que ver con ciencia, tecnología y matemáticas. De igual forma, esta potencia asiática impulsó el modelo de la triple hélice, el cual hace hincapié en la importancia de la vinculación entre las universidades, el gobierno y la iniciativa privada, con la finalidad de generar conocimiento, financiamiento e innovación. Los niños de Singapur tienen las calificaciones más altas en la prueba PISA; los mexicanos, unas de las más bajas. Estas diferencias son de esperarse, ya que mientras Singapur invierte 70,000 dólares al año en todos los niveles educativos, México aporta únicamente 22,000, según cifras del banco HSBC y publicadas por el Spectator Index.
  • Mejorar la cobertura en educación secundaria y bachillerato. Estos niveles presentan problemáticas similares a la educación básica y superior. Es necesario ampliar la cobertura, mejorar la infraestructura, rediseñar los planes de estudio, etc. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2017-2018, la cobertura en educación secundaria alcanza el 90%; respecto al nivel bachillerato, de acuerdo con datos de la académica de la universidad de Stanford Beatriz Magaloni, únicamente 62% de los jóvenes de 16 años de edad asiste a la preparatoria.
  • Apostar por el capital social. Esto significa que se involucre cada vez a más niños y jóvenes en actividades comunitarias, sociales, deportivas, artísticas y culturales. Para ello es necesario ampliar la infraestructura actual de todas las secretarías y dependencias de gobierno que tengan que ver con estas actividades. También será necesario invertir en el rescate, remodelación y construcción de espacios y bienes públicos donde se puedan llevar a cabo dichas actividades. El capital social de un país se incrementa a medida que se tienen más y mejores bienes públicos y los ciudadanos promedio están involucrados en más actividades, sean formales o informales. La sociología defiende que entre mayor sea el capital social de un país, mayor será la cohesión social y menor la desigualdad.
  • Invertir el doble en investigación y desarrollo. Actualmente no se respeta la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual estipula que debe invertirse el 1% del PIB en I + D. El presupuesto hoy en día es únicamente de aproximadamente 0.55% del PIB. Corea del Sur ha duplicado la cantidad invertida en este rubro en los últimos 20 años, pasando del 2 al 4% de su PIB, según el Banco Mundial. Este país tenía un PIB per cápita menor que México en 1990. Hoy en día el coreano promedio gana el doble que el mexicano promedio. Se apostó también por capacitar a la gente para que estuviera en condiciones de trabajar en el sector manufacturero. China optó por esta estrategia también, alejando a mucha gente de la agricultura de baja productividad e involucrándola en el sector de la alta manufactura, el cual contribuye aproximadamente al 70% del intercambio comercial global, según datos aportados por la revista Foreign Affairs. El país con más habitantes del mundo, contaba con apenas 8 empresas dentro del Fortune 500 en 2003; 11 años después, ese número incrementó a 88, según cifras de la escuela de negocios de Harvard.
  • Preocuparse por la salud de los jóvenes. Poco se habla sobre las principales problemáticas de salud pública tales como obesidad, depresión y adicción. Estas enfermedades no transmisibles generan costos elevadísimos para el estado, merman la productividad de las empresas y frenan el desarrollo personal y profesional de las personas. El gasto del sector salud en atención y curación triplica al de prevención. Los jóvenes no solo son vulnerables ante el crimen, la violencia y la falta de oportunidades; también lo son ante estas enfermedades que cada día son más comunes. Y no debe perderse de vista que México es líder mundial en obesidad infantil, lo cual representa una barrera para el desarrollo personal y económico. El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que para 2030, el ingreso perdido por los hogares afectados por enfermedades crónicas equivaldrá a 7.3 veces el presupuesto de la UNAM, 11.2 el del CONACYT y 2.8 el de SEDESOL. Se puede apreciar nuevamente la relevancia que tiene la seguridad social a través del sector salud para fines de desarrollo económico y social. Resulta preocupante que en los últimos 5 años el gasto en salud se haya reducido, pasando de 3.5% del PIB a únicamente 2.5, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
  • Hacer una fuerte inversión en centros de formación académica y capacitación para el trabajo. Puesto que muchos jóvenes, por diversas cuestiones, no pueden asistir al bachillerato y a la universidad ni lo harán, es necesario que existan alternativas para distintos segmentos de la población. Actualmente se cuenta con varias iniciativas al respecto, pero es necesario dar un fuerte impulso a estas. México, de igual forma, ocupa una posición muy baja a nivel mundial en cuanto a capacitación y entrenamiento de su capital humano (70). Hoy en día, con Internet, la educación a distancia es ya una realidad y una alternativa igual de eficiente y a menor costo para quien desee continuar con sus estudios, siempre y cuando, por supuesto, se cuente con acceso a este.
  • Incrementar el presupuesto para infraestructura, especialmente para la tecnológica. México se encuentra a media tabla en este departamento dentro del Índice de Competitividad Global 2017-2018. Será necesario también que el gobierno incentive inversiones dentro del mundo digital y que los planes de estudio consideren el desarrollo de habilidades que tengan que ver con programación, estadística, Big Data e ingeniería, ya que los bachilleres y universitarios mexicanos poseen actualmente un bajo nivel de habilidades relacionadas con matemáticas y ciencia, como se mencionó anteriormente. En cuanto al uso de dispositivos móviles para acceder a Internet, el ranking fue 108. Urge tomar enserio los avances en materia digital, ya que, de acuerdo con datos de la revista Foreign Affairs, la mitad del intercambio de bienes y servicios a nivel mundial depende en mayor o menor medida de la tecnología digital. Asimismo, el Instituto McKinsey estima que para 2030, 18 millones de trabajos en México serán reemplazados por la automatización. En la actualidad, la mayoría de las empresas mexicanas no está capacitada para adoptar las tecnologías más recientes. Es obvio que muchas localidades y comunidades no estarán listas de la noche a la mañana para sumarse a la revolución digital, por lo que será necesario formular estrategias para que se revitalice la economía de estas y se puedan incluso crear nuevas industrias.
  • Recurrir a la deuda púbica para invertir en bienes y servicios que amplíen la capacidad de pago del país. México tiene una deuda respecto a su PIB menor que la gran mayoría de los países del mundo según el Banco Mundial. La Constitución permite que se emita deuda siempre y cuando sea para invertir en educación, salud y seguridad social y no para aumentar el gasto corriente, como lo ha hecho la presente administración, despilfarrando, por ejemplo, en publicidad, tal y como reportó el pasado diciembre el prestigioso medio de comunicación The New York Times.
  • Incentivar la formalización de las empresas. México es uno de los países donde más tiempo le lleva a un negocio comenzar operaciones (puesto 91). Se debe agilizar este proceso y nuevamente, optar por la tecnología para eliminar trabas burocráticas. Del mismo modo, el país es uno de los que más cobra impuestos a las ganancias, ubicándose en la posición 116. Esto desincentiva en buena medida que las pymes quieran “correr el riesgo” de formalizarse. También será difícil encontrar inversionistas que deseen aportar capital mientras no se reforme el actual sistema fiscal. Los beneficios de la formalización son poco visibles y tangibles para los emprendedores, por lo que habrá que recurrir a los incentivos necesarios.
  • Crear fondos de financiamiento específico para la educación superior y becas cuyos destinatarios sean las personas con menos recursos económicos y sociales. Todo esto podría ser administrado por una secretaría de educación superior, con autonomía y deslindada de la Secretaría de Educación Pública.
  • Seguir la recomendación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y trazarse como meta tener una cobertura de al menos 40% hacia el ciclo escolar 2021-2022 en cada una de las entidades del país. Actualmente, Oaxaca y Guerrero (18%) y Chiapas (16%), poseen las coberturas más bajas del país.
  • Impulsar la equidad de género e incorporar a muchas más mujeres a la fuerza laboral y a los estudios. México se ubica en la posición 114 a nivel mundial en este rubro. En este país, las mujeres son más propensas a abandonar sus estudios desde la etapa de secundaria; cuando están en edad de laborar, en la mayoría de las ocasiones, tienen que cumplir con múltiples compromisos, como ser esposas, madres, trabajar y atender el hogar, tal como argumenta el sociólogo de la UNAM Roberto Castro en su libro “Teoría Social y Salud”.
  • Hacer más eficiente el mercado financiero. Es necesario incrementar el número de servicios financieros disponibles, lograr que la capacidad para adquirir préstamos se eleve e igualmente que los trámites y tiempos para hacer uso de estos sean menores.
  • Incrementar el número de científicos y mejorar sus ingresos, impulsando a la vez a los jóvenes para que se formen académicamente en carreras que tengan que ver con ciencia y tecnología. Esto, aunado al incremento del presupuesto para I + D por parte del gobierno, puede dar pie a que se incrementen el número de patentes obtenidas y, por ende, se podría tener más financiamiento para las mismas universidades, tal y como propone el Dr. Samuel Ortiz en su libro “Las Patentes como Modelo Alternativo para el Desarrollo Financiero Universitario”. México cuenta con únicamente 242 investigadores por cada millón de habitantes, mientras Corea del Sur con 7,100. Estados Unidos solicita unas 288 mil patentes mientras México apenas 1,400. Estas cifras son las reportadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y pueden servir como punto de partida para trazarse metas realistas y medibles. Sólo invirtiendo en investigación y desarrollo será posible mejorar la capacidad del país para innovar y generar ventajas competitivas, mejorando la posición actual del mismo a nivel mundial (70 y 82 respectivamente). Es momento de que el Estado retome su papel de rector y emprendedor.