Miguel Ángel Yunes llegó al Gobierno del Estado a finales de 2016 con la espada desenvainada, con la guadaña lista para hacer rodar las cabezas de los funcionarios y burócratas que consideraba más identificados con Fidel Herrera y Javier Duarte.

No dudó en perseguir y guardar en la sombra a los ex funcionarios duartistas señalados por presuntos actos de corrupción, lo que ha sido reconocido y aplaudido por un amplio sector de la opinión pública veracruzana.

A la cárcel llegaron ex secretarios del gabinete, que todavía se encuentran tas las rejas, como los ex titulares de las secretarías de Finanzas y Planeación, Salud, Seguridad, Infraestructura y Obras Públicas, así como más de una decena de ex colaboradores de la fiscalía veracruzana.

Cualquier pensaría que esos encarcelamientos de ex funcionarios, así como la recuperación de bienes que habrían sido adquiridos con recursos saqueados de las arcas públicas, bastaría para impulsar las candidaturas panistas. No fue así. El efecto López Obrador fue suficientemente grande como para rebasar cualquier posibilidad de operación por parte de Acción Nacional y del Gobierno del Estado.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que cuando el actual gobierno estatal veracruzano inició funciones, una de las primeras decisiones fue el relevo no sólo de secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores, los mandos digamos, lo cual es normal en todo cambio de administración, sino de burócratas de bajo nivel salarial, analistas, jefes de oficina y departamento y hasta personal de apoyo.

Cientos de trabajadores del gobierno estatal fueron despedidos, con el pretexto de que era necesario adelgazar la nómina; en realidad, parecía que se trataba de una cacería de brujas contra los burócratas que sirvieron durante el duartismo; fue algo así, guardadas las proporciones, como la versión veracruzana de la noche de los cuchillos largos, una purga en el gobierno de la entidad para eliminar de esa estructura a toda huella del anterior gobierno.

En ese proceso, cientos de personas se quedaron sin los ingresos que antes percibían, lo que anticipaba que tarde temprano se convertirían en un ejército de promotores del voto contra el proyecto de Yunes Linares.

Ese despido masivo, como si todos los trabajadores del Gobierno del Estado hubieran sido cómplices del saqueo de recursos, es uno de los factores que pudieron haber facilitado la derrota panista; por supuesto, hay otros más importantes, como el propio efecto que generó en todo el país López Obrador.

El juicio a Winckler

Ahora bien, a pesar de esos probables errores, Yunes Linares pasará a la historia no sólo como el protagonista de la primera derrota del PRI en la historia de Veracruz, sino como el gobernante que llevó a Javier Duarte y a varios de sus ex colaboradores a la cárcel. Un tema que no se le puede criticar.

Lo que sí le han señalado a Yunes es el presunto uso mediático del trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el tema de la justicia contra los duartistas.

Los detractores del actual gobierno veracruzano han acusado que en el caso de los duartistas encarcelados y de los bienes recuperados, el Ejecutivo tomó como instrumento a la fiscalía veracruzana, a la que habría usado con un criterio político y de rentabilidad electoral para beneficiar las aspiraciones del candidato panista a gobernador.

Como sea, hoy los diputados de Morena, que tendrán control en el Congreso del Estado, adelantan que el fiscal Jorge Winckler Ortiz podría ser sometido a juicio político y argumentan que como titular de la FGE, el funcionario no ha sido autónomo, como lo establece la ley.

Sin importar si las críticas están o no fundadas y sustentadas en la ley, lo cierto es que con la Legislatura local bajo el control de Morena y sus aliados, parece que la presencia del abogado Winckler en dicha oficina ya tiene fecha de caducidad. @luisromero85