El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares podría ser requerido por Tribunal Electoral de Conciliación y Arbitraje (TECA) ante la omisión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para ejecutar la orden de presentación de autoridades municipales que no han cumplido con laudos.

El abogado de la firma Viades, Llanes y Asociados, Juan José Llanes Gil del Ángel, explicó que en el caso del Ayuntamiento de Banderilla, las autoridades, encabezadas por el alcalde Juan Manuel Rivera González, no han acatado la orden de un juez de presentarse ante el TECA.

Recordó que derivado de esto se requirió el apoyo de la SSP para hacer la detención de los ediles; sin embargo, aseguró que hasta ahora el titular de la Secretaría de la SSP, Jaime Téllez Marie, no ha acatado la orden.

«A Jaime Téllez tampoco se le pega la gana cumplir las órdenes de ella tribunales y decide no cumplirlas porque se trata de aliados».

Por ello, dijo que en caso de que persista la negativa del titular de SSP de presentar a los ediles, el Gobernador podría ser requerido por los jueces.

«El Poder Judicial Federal dispondrá que se requiera al Gobernador del Estado (…) Es un tema de autoritarismo. ¿Qué no sería más fácil ir a cumplir un fallo? Pero ellos lo ven como un principio de autoridad y suponen que si autoridad reside en la posibilidad de evadir las órdenes judiciales».

No obstante, aclaró que antes de ello, el Poder Judicial federal deberá determinar si existe al menos un intento de la SSP para cumplir las determinaciones pues dijo que hasta ahora los argumentos de Téllez Marie son pueriles.

«Son argumentos sin contenido, que más bien parecen pretexten y que me atrevo a decir son pueriles, dignos de un niño, como que no han encontrado a los ediles».

Cabe recordar que en este caso el laudo es en favor de tres ex trabajadores del Ayuntamiento, a quienes el abogado dijo que se les adeudan cantidades «modestas».

Recordó que aunque todos los Ayuntamientos enfrentan problemas en el pago de laudos, los más graves son los de Banderilla, Acayucan y recientemente el de San Rafael.

Por ello, consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) debería abrir carpetas de investigación de oficio porque la desatención de un laudo por parte de autoridades municipales constituye la omisión de un deber legal.

«Lo ideal es que el sistema advirtiera que se está cometiendo un delito, nada más que vivimos en un contexto de justicia selectiva (…) Lo que debería pasar si viviéramos en un Estado de Derecho que se cumpliera es que la Fiscalía iniciará de oficio carpetas de e investigación por estos delitos».

Perla Sandoval/Avc