La información dura –jurídica, científica o estadística- no resulta de mucho interés noticioso porque es de difícil digestión para muchas audiencias. Generalmente, se queda en el ámbito de los analistas o especialistas en el tema, aún cuando sea de interés general. Si a los mexicanos nos gusta leer poco, los temas especializados ahuyentan aún más a los escasos lectores.
Así por ejemplo, ayer se hizo viral la información sobre la juerga que el fin de semana habrían tenido los jugadores de la selección nacional de futbol, poco antes de partir a Rusia para competir en la justa mundialista. El morbo no requiere quemar neuronas.
En cambio, la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, que invalidó la investigación del caso Ayotzinapa y prácticamente absolvió a los procesados por el homicidio de 43 estudiantes, apenas y ocupó algunos espacios en medios y columnas.
El tema es relevante porque el fallo tiene varias lecturas: sepulta casi por completo la “verdad histórica” que había planteado la PGR; releva y comparte las facultades constitucionales del Ministerio Público al crear una Comisión de la Verdad con facultades de investigación, donde están incluidas personas que tienen la condición de víctimas –lo que por sí mismo vulnera la imparcialidad y objetividad de cualquier indagatoria-, y algunos actores políticos ajenos al sistema formal de impartición de justicia.
En síntesis, el tribunal decidió de manera temeraria mandar al diablo a las instituciones. Si el mandato para reponer el procedimiento por haber evidencia de tortura es válido y apela a la justicia –lo que tampoco acredita la inocencia de los imputados-, la decisión de dar forma a una especie de agente social investigador entra en las arenas movedizas del nuevo sistema de justicia penal. El debate está abierto.
Por salud del sistema de justicia de la nación, el tema podría llegar a la Suprema Corte de Justicia. Esta es la razón por la que los procesados no obtuvieron una libertad inmediata, aunque la sentencia del Tribunal Colegiado los tiene con un pie fuera de la cárcel, al señalar que su confesión fue obtenida mediante tortura.
La investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2014 en México “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, se señala en el fallo emitido por el Tribunal hace un par de días, y por tanto, debe establecerse una Comisión de la Verdad y la Justicia a modo de “procedimiento alternativo”.
Este tipo de anomalías en el desarrollo de la investigación ya habían sido objeto de denuncia por parte de organismos internacionales, entre ellos la ONU, sin embargo, ninguno tuvo el arrojo de sugerir la sustitución del agente investigador para dar facultades específicas a un organismo de carácter civil.
Según el fallo, la comisión deberá “quedar conformada en un plazo no mayor a diez días naturales” y estaría compuesta por representantes de las víctimas, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por oficiales ministeriales federales. Los dos primeros, según el anuncio del Consejo de la Judicatura, determinarán las líneas de investigación a seguirse y podrán invitar a organizaciones “tanto nacionales como internacionales de derechos humanos” a participar. Hasta ahora, ningún caso en la historia del país se ha resuelto de esta forma.
Por lo pronto, Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del cártel Guerreros Unidos y acusado por la PGR de ordenar el secuestro y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recibió un amparo por irregularidades en su proceso, de parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México. El tribunal federal resolvió otorgarle la protección de la justicia, pues considera que según el expediente del caso Casarrubias presuntamente declaró bajo tortura, además, de que no se le pudo comprobar que cometió ilícitos de delincuencia organizada.
Con este amparo, el presunto líder del cártel Guerreros Unidos, espera que un juez dicte una nueva sentencia sobre el auto de formal prisión que se le giró el 26 de octubre de 2014, pero en esta ocasión no será tomada en cuenta su declaración. Ante esta situación no podrá ser liberado de manera inmediata, sin embargo, los magistrados ordenaron una investigación sobre la presunta tortura, la cual, de comprobarse le otorgaría su libertad y la reparación del daño.
Nadie sugiere que los tribunales impartan justicia con un criterio distinto a las normas y los principios constitucionales. Costó mucho trabajo que en este país se respeten los derechos humanos y es algo en lo que no podemos retroceder ni hacer concesiones. Pero crear órganos que suplanten a las instituciones del Estado tampoco parece ser la solución y el tiempo habrá de demostrarlo.
Hoy podríamos estar en riesgo de un Estado fallido donde el procedimiento pesa más que el daño a las víctimas. Paradójicamente, tendremos un sistema de justicia tan autónomo y eficaz que manda a la calle a los delincuentes a causa de la omisión de la autoridad investigadora, dejando en el desamparo a las víctimas. Será un sistema tan eficaz que no nos sirva para nada.
Las del estribo…
- Qué lejos quedaron aquéllos tiempos en los que la raza llegaba sola a los mítines del PRD o de Morena. Eran los tiempos de la pobreza en que el templete y un micrófono era todo lo que se necesitaba para llenar una plaza. Hasta que llegó la abundancia: hoy los candidatos comen en buenos restaurantes mientras la plebe llega en cientos de camiones rentados y el Ayuntamiento ocupa vehículos oficiales para armar el mitin. Lo mismo que han hecho siempre el resto de los partidos. La abundancia nunca ha sido democrática… ni lo será.
- Alguien en la Secretaría de Economía federal está haciendo su año de Hidalgo. Resulta que se han ha otorgado 45 concesiones mineras –con una duración de 50 años que perdurarán en promedio hasta el 2066- para la exploración y explotación de oro, plata, y cobre en casi 100 mil hectáreas en municipios como Alto Lucero, Actopan, Las Minas, Las Vigas, Tatatila, Jalancingo, Perote, Huayacocotla, Pánuco, Pueblo Viejo, y Uxpanapa. La resistencia va.