Cuando estudiaba ciencia política y veíamos los orígenes del Estado moderno, que viene directamente de las monarquías absolutas y del pensamiento de la Ilustración, pasando por las revoluciones inglesa y francesa, aprendí que la conformación del Estado contemporáneo con todas sus características que lo distinguirían de lo anteriormente existente, fue la centralidad que lograron en cuatro aspectos principalmente: la unificación del territorio, una administración pública central, profesional y eficaz, una recaudación de impuestos centralizada y eficiente, y una fuerza de seguridad pública unificada, controlada, permanente y efectiva.

Ya se ha estudiado y explicado mucho cómo ese Estado moderno de derecho, y que luego también fue un Estado social, ha venido menguando y diluyéndose en todas partes, y no es éste el momento para profundizar en sus causas e implicaciones. El retraimiento del Estado en diversos aspectos como salud, educación, infraestructura, recursos naturales, es sólo una de las dimensiones que con más frecuencia se han señalado o acusado. Sin embargo, quizá no nos hemos dado cuenta de que esa retirada se ha dado también en los ámbitos de la justicia y de la seguridad pública, aunque aparentemente parecería que en términos absolutos se ha invertido mucho más que nunca en recursos presupuestarios en esos rubros.

Estamos ante una paradoja de grandes y graves consecuencias. Por un lado, tenemos una crisis de legitimidad en las policías en todos los niveles, una delincuencia en ascenso e índices de criminalidad en aumento, por otro lado estamos en medio de la implementación de un nuevo sistema de justicia penal en el que las policías tienen un nuevo papel en la investigación de los delitos, y por último, seguimos en discusiones eternas sobre el modelo policial a seguir, la planeación y organización de las policías y de la seguridad pública.

No puede ser que a estas alturas y dada esta realidad, los gobierno federal y estatales no han podido consolidar un modelo y sistema de seguridad pública confiable, respetado y eficiente. Recordemos una de las características centrales que conforman y hacen vigente al Estado, que es la de contar con unas fuerzas del orden unificadas y eficaces.

Los próximos gobiernos de la República y de Veracruz, tienen el enorme reto de que una vez por todas se diseñe, desarrolle, implemente y consolide un sistema de seguridad púbica realmente funcional, moderno, profesional y digno. Porque si no se hace así, el Estado y sus instituciones seguirán perdiendo legitimidad frente a otros poderes que ya están en la escena nacional.

Para ello, la capacitación y formación de cuerpos de policías es crucial. Se han invertido en las últimas décadas enormes cantidades de dinero en esos dos rubros, pero gran parte han sido tirados a la basura por la inconsistencia de políticas erráticas y el despido y cambio de frecuente de personal en el que ya se había invertido.

Así, para hablar también de una renovación nacional de las fuerzas de seguridad, hay dos aspectos que son necesarios revisar: la concepción y visión de lo que es la seguridad pública y las policías, así como revalorar y legitimar a las policías a través de un aumento sustancial en sus salarios, condiciones laborales y de seguridad social, para llevar a cabo un rediseño total de las formas de operar y funcionar de las mismas, pero sobre todo, una nueva relación con la ciudadanía y la sociedad.

No se trata solamente del uso de la fuerza legítima, de contar con protocolos y con el respeto irrestricto a los derechos humanos, mismos que desde luego hay que respetar y promover además de desterrar cualquier práctica de tortura o malos tratos por parte de servidores públicos, pero se trata de redimensionar el papel y rol de los policías en la vida cotidiana de las personas, de las comunidades y de las ciudades.

Me preocupa sin embargo que, cualquiera que sea el escenario surgido de los procesos electorales de este año, no haya acuerdos y consensos entre gobierno federal y gobierno del estado, e incluso municipios, para renovar este sistema mal concebido y mal hecho que es nuestra seguridad pública. Algo de esto ya lo estamos viviendo en la relación condicionante e inmadura de un gobernador hacia los municipios de Veracruz.

Por ello, quizá sea preferible desde mi punto de vista que el próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, cuente con un gobierno estatal del mismo partido, encabezado por Cuitlahuac García, para que haya una colaboración efectiva y eficaz entre ambos gobiernos, y no como sería de otra manera si ganara el hijo del gobernador Yunes.

Veracruz lleva ocho Gobiernos y gobernadores que han destruido y empobrecido al estado, ocho gobernadores, desde Fernando Gutiérrez Barrios hasta Miguel Ángel Yunes Linares, que han trabajado parcialmente para élites políticas, sindicales, y económicas, pero que no han traído nada en el desarrollo de un estado tan grande y rico como el nuestro. Ocho gobernadores que no han hecho nada por Veracruz.