Los recursos que maneja el Gobierno del Estado provenientes del Ramo 33 presentan deficiencias en materia de presupuestación, control, rendición de cuentas y cumplimento de los indicadores de programas federales, señaló el coordinador del libro «El ramo 33 en Veracruz», Carlos Reyes Sánchez, presentado en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU).

Además, alertó que no hay un diagnóstico real por parte de las dependencias ejecutoras para la medición de incidencia e impacto en la población objetivo con estos recursos que van enfocados, entre otros rubros, al combate a la pobreza y educación pública.

Cabe destacar que entre los fondos analizados están el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), en el que según estudios se prevé una afectación presupuestaria para Veracruz por un monto superior a los 12 mil 692 millones de pesos por la falta de presupuestación de la nómina de más de 7 mil plazas.

En ese sentido, dijo que se detectó que requiere realizar un diagnóstico para documentar las necesidades de recursos humanos y materiales para la prestación de servicios de educación básica y normal.

«Anticiparse a una problemática ya que puede generar desequilibrios futuros en las finanzas públicas porque no se consideró las plazas estatales y federales para cubrir la nómina».

Otros fondos analizados son el Fondo de Aportación para los Servicios de Salud (FASA), el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

En cuanto a los recursos del FASA, señaló que detectaron deficiencias en materia de planeación, generación de información y rendición de cuentas en este programa que está destinado a proporcionar servicios de salud a población sin empleo o que no está incorporada en algún servicio de salud.

Por ello recomendaron elaborar un diagnóstico sobre la problemática de salud en el estado para identificar las causas y efectos de la aplicación de los recursos.

Además, falta establecer y poner en marcha mecanismos de control para garantizar los objetivos del fondo y elaborar con indicadores estatales para conocer su cumplimiento.

También recomendaron realizar talleres de capacitación para los funcionarios involucrados en procesos de elaboración, presupuestación, seguimiento, control y rendición de cuentas de los recursos, así como generar mecanismos de evaluación ciudadana.

Sobre el FISE, diseñado para combatir la pobreza a partir del financiamiento de obras y acciones, Reyes Sánchez explicó que existe la necesidad de fortalecer la coordinación intersectorial e interinstitucional entre las dependencias ejecutoras y establecer mecanismos de control en las etapas de planeación, presupuestación y ejecución.

Además de darle seguimiento a todas las demandas de organizaciones y comunidades de la población objetivo e impulsar la instalación de comités comunitarios para promover la participación ciudadana, a través de las dependencias ejecutoras como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la Sedarpa, la Secretaría de Salud, y el Instituto Veracruzano de Vivienda.

Sobre el FAM, orientado al financiamiento de asistencia social en materia alimentaria a través del DIF, y atender la infraestructura física de la educación básica media superior y superior, detectaron la urgencia de que las instancias ejecutoras como Espacios Educativos y la Universidad Veracruzana, elabore un diagnóstico para priorizar las necesidades de infraestructura educativa en el área básica, y contar con indicadores a nivel estatal para medir eficiencia del programa, así como establecer mecanismos de auditorías sociales.

En cuanto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnología y Educación de los Adultos (FAETA) dijo que se requieren desarrollar un plan institucional por parte de Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA) para investigar otras fuentes de financiamiento en infraestructura y equipamiento.

También, mejorar la participación ciudadana para incorporarla en el diseño e implementación de las políticas públicas de este programa e implementar capacitaciones en cuanto a la medición de resultados.

Sobre el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que son entregados al Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los autores señalaron que las entidades ejecutoras se enfocan en el control del gasto, pero dejan fuera a un lado la valoración sobre la pertinencia de los programas, los niveles de satisfacción ciudadana y su contribución al cumplimiento de los objetivos.

Por ello, consideraron que se requiere diseñar mecanismos para conocer la opinión de ciudadanía sobre la calidad de los programas de seguridad pública.

En cuanto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF), señaló que la principal deficiencia encontrada es que los fondos se aplican de manera inercial; es decir, en función de las necesidades presupuestarias y no como parte de una planeación de proyectos.

Por ello, dijo que es necesario impulsar los comités donde las dependencias presenten  sus proyectos y concursen por los recursos, y que sirva como un mecanismo más transparente para que los recursos se asignen en función de la calidad de los proyectos y por su impacto.

Lo anterior debido a que este recurso se puede usar para el saneamiento de los sistemas de pensiones, para modernizar los sistemas de recaudación locales, el pago de deuda pública, infraestructura física e hidráulica, para fortalecer proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, apoyar a sistemas de protección civil, entre otros.

Perla Sandoval/Avc