Para el gobierno de Veracruz y el congreso local, “Es más fácil ser un estado paternalista” a hacer valer los derechos de las mujeres como la libertad, la igualdad, tener autonomía reproductiva y darle el poder de decidir sobre su propio cuerpo, indicó la coordinadora del Grupo de Trabajo del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Lourdes Enríquez.
Explicó que ha sido “difícil” que las autoridades de los gobiernos estatal hagan valer los derechos reproductivos de la mujer en el que se incluye embarazo, parto, puerperio, anticoncepción, planificación familiar, pero también interrumpir un embarazo, que es cuando la mujer decide no ser madre.
Indicó que las autoridades han negado a las mujeres «el derecho a una maternidad libremente elegida, yo lo atribuyo a que es mas fácil ser un estado paternalista que mirar la libertad y la igualdad de las mujeres”.
Con la participación de Asociaciones Civiles y la Academia en Veracruz se ha avanzado para que los mecanismos jurídicos que dan las convenciones internacionales encargadas de tutelar los derechos de las mujeres se pueda tener una armonización legislativa, especificó.
“Veracruz ha utilizado muy bien la figura de la Alerta de Violencia de Género, como saben Veracruz tiene dos Alertad de Violencia de Género, una por violencia feminicida y una por Agravio Comparado, que quiere decir que hay mujeres mexicanas de primera, de segunda, de tercera y de quinta” dijo.
Esto significa que en la Ciudad de México las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo antes de la doceava semana de gestación, pero en otros estados de la República no.
“Es un derecho, que a 50 kilómetros es un delito y sobretodo lo que tiene que ver con derechos reproductivos, con la decisión de interrumpir un embarazo. Es decir Veracruz no está ni siquiera cumpliendo con prestar el servicio de Salud Reproductiva ni por causales legales y eso es parte de lo que se reclama en la Alerta de Violencia de Género Comparado” dijo.
Lourdes Enríquez adelantó que este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o CETFDCM (también conocida por sus siglas en ingles (CEDAW) examinará al gobierno mexicano.
«CEDAW, cada cuatro año examina a los países, y este año le toca al nuestro y lo importante es que hay un caso que entró por el protocolo facultativo, es el primero en México y lo va a tratar el Colectivo Equifonía que es un caso de Veracruz” adelantó.
Consideró dar seguimiento a las recomendaciones que haga la ONU a México, y ver que el gobierno mexicano tome cartas en el asunto, que no sea solo simulación y que no lleven los informes oficiales “maquillados”.
Por esta razón, agregó que desde la UNAM acompañan a las Asociaciones Civiles, que se encargan de hacer los informes llamados “Sombra” y estos datos recopilados por los ciudadanos “desmienten» los datos oficiales que el gobierno ha estado enviando a la ONU.
Indicó que las universidades públicas tienen el deber social de acompañar a la sociedad civil en los casos de muertes violencias de mujeres, “ que son como siete mexicanas al día, y de otras problemáticas como derechos políticos electorales, derechos sexuales y reproductivos, paridad, violencia obstétrica, trata, agresiones a periodistas, defensores y defensoras a derechos humanos”.
Lourdes Enríquez participó en la Mesa Redonda “Los Compromisos del Estado ante la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)” organizado por la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana (UV) a cargo de Esther Hernández Palacios y el Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de Las Mujeres “Equifonía” A.C., dirigido por Aracely González Saavedra.
Verónica Huerta/Avc