La Fiscalía General del Estado (FGE) perdió la carpeta de investigación en contra del exsecretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Manuel Arellano, por los delitos de acoso sexual y violencia de género, señaló Susan Saraí Bonilla García.

Dijo que a más de cuatro años de haber presentado la denuncia bajo el expediente 1618/2015, la Fiscalía le informó que no encuentran la carpeta y por lo cual no se ha dado seguimiento al caso.

“Mi carpeta está desaparecida, nadie la tiene; el fiscal me mandó a la Fiscalía Regional de Xalapa pero dicen desconocer dónde está, no me han dado copia de la carpeta a pesar de que tengo derecho a ella”.

Al manifestarse en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada exigió que se dé una resolución a su caso, pues dijo que mientras ella tiene temor de sufrir algún tipo de agresión, Manuel Arellano fue enviado como comisionado a Chihuahua.

“Pido que se aplique la ley, que el fiscal aplique la ley y que mi denuncia proceda”.

Lamentó que la Fiscalía no siga investigando pues narró que desde la denuncia el ex líder sindical ha intentado afectarla laboralmente pues incluso le fue quitada su plaza, aunque logró recuperarla.

“Este señor (Manuel Arellano) me ha seguido amedrentando, se ha mofado de mí (…) lo están protegiendo, cómo es posible que siga esto a pesar de que yo le entregué al fiscal un escrito, le he dicho que me siguen amedrentando; tengo miedo”.

Agregó que hay irregularidades en el tratamiento del caso, ya que con anterioridad logró comprobar que los fiscales involucrados en la investigación actuaron bajo conflicto de intereses y tuvieron que ser removidos.

“Los peritos manipularon los peritajes e hicieron perdidizas hojas de la investigación; cambiaban nombres y eso generaba un atraso de 15 días o un mes”.

La denunciante dijo que esta no es la única denuncia en contra de Manuel Arellano, ya que existen otras por delitos más graves como violación (718/2011).

Por ello, exigió que se determine el caso y no haya más dilación por parte de la Fiscalía General.

Perla Sandoval/Avc