En 1980 yo tenía 15 años y comenzaba mi interés por los temas públicos de mi país y de Latinoamérica. En mi familia frecuentábamos amigos chilenos, argentinos, centroamericanos exiliados por las dictaduras en sus países. En mi casa leíamos a Benedetti, Alberti, García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, Allende; escuchábamos a Mercedes Sosa, Victor Jara, Violeta Parra, Atapahulpa Yupanqui, León Gieco, Charly García, etc. México venía saliendo de la guerra sucia y se empezaba a hablar de la necesidad de una verdadera democracia. Años más tarde entraría a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y ahí encontré a muchos que como yo tanto, desde la izquierda como desde la derecha, estábamos viviendo los inicios de las transiciones democráticas tanto en América Latina como en Europa del Este y Asia.

Como resultado de décadas de gobiernos autoritarios y de regímenes militares, poco a poco fuimos conociendo las historias y tragedias personales y colectivas de miles de personas víctimas de la represión, desde México hasta Argentina, pasando por Guatemala, Nicaragua, Perú, Venezuela, Brasil, Chile.

En ese contexto en 1980 asesinaron a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Obispo de El Salvador, un 24 de marzo. Más tarde la ONU declaró esa fecha como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Romero denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador.

Parece increíble que sea hasta los últimos 15 o 20 años que en el sistema interamericano y en México, estemos apenas reconociendo lo que sucedió hace más de 30 o 40 años, como en el caso Radilla, o que recientemente tengamos una legislación que trate de los derechos y la atención a las víctimas.

En muchos países de Latinoamérica, no se han podido consolidar plenamente regímenes democráticos con justicia social, pero en el caso de México, es paradójico que vamos en involución acelerada quizá no tanto de la consolidación de una democracia madura, pero sí en lo que respecta al respecto a los derechos humanos y el acceso a la justicia.

He mencionado muchas veces aquí los derechos de las víctimas y las medidas de reparación, dentro de las que se encuentra de manera destacada el derecho a la verdad, sobre todo en el contexto de las violaciones graves a los derechos humano.

A las víctimas y los familiares de víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, desapariciones, torturas les queda al final su exigencia de saber qué sucedió, lo que incluye un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, de los hechos y el motivo.

Esta fecha tiene como objetivo promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia.

La memoria de quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño, es un parte esencial del inicio de un camino para sanar tanto en lo indivicual como en lo comunitario.

En el estudio realizado en 2006 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluye que el derecho a conocer la verdad es un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces, así como garantizar la reparación del daño.

Las comisiones de la verdad no pueden ser solamente un espacio de diálogo con los sobrevivientes y las víctimas, tienen que ser instancias que lleven a cabo acciones concretas para el rescate de la memoria. Las comisiones de la verdad no van a funcionar mientras no se incluya en sus funciones comisiones de investigación y procesos de examen, que documentan las violaciones de los derechos humanos y formulan recomendaciones para garantizar la rendición de cuentas, la reconciliación y otras reformas.

Ahora que estamos en el proceso de instaurar las comisiones de búsqueda de desaparecidos, es importante tener en cuenta este día para reflexionar sobre el derecho a saber la verdad, porque en el fondo este derecho está estrechamente vinculado el derecho a la justicia.

Desde luego, en este tema como en las comisiones de la verdad y de búsqueda, se debe garantizar la participación de las víctimas en todas las etapas de los procesos de investigación y de medidas de reparación.

Las comisiones de la verdad y de búsqueda tienen que buscar y documentar los testimonios de las víctimas y los testigos como parte de garantizar el derecho a conocer la verdad y a la justicia. Para ello también se debe establecer medidas de protección de las víctimas y los testigos, incluidas su integridad física y psicológica, su privacidad y su dignidad.

La documentación es un aspecto de la mayor importancia, y para ello se debe contar con la preservación de archivos y otros documentos relativos a las violaciones de los derechos humanos para no distorsionar los registros históricos y se preserve la memoria.

Este día es oportuno también para recordar que, además del derecho a la verdad, está la obligación del Estado de reparar, y para ello hay mucho todavía por hacer, empezando por documentar y valorar los impactos psicosociales del daño, que permitan llevar a cabo una reparación integral que incluya la rehabilitación, la satisfacción, la reintegración, la compensación y la no repetición.