Desde siempre, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) ha sido una institución perversa que ha servido para enriquecer brutalmente a sus titulares, al tiempo de actuar lo mismo como el brazo armado para castigar políticos insurrectos que para limpiar el trasero del gobernador en turno.
El ORFIS es un gran negocio donde coinciden el cinismo y la ineficacia. Es innecesario referirnos al desempeño de sus últimos titulares porque a fin de cuentas el modus operandi ha sido el mismo: borrar del mapa a cientos de despachos contables para nombrar a los propios, esas pequeñas empresas fantasmas que actúan bajo consigna: a los cómplices, justicia y gracia. A los enemigos justicia a secas.
Sin excepción, los fiscalizadores –a quienes sólo el gobernador vigila políticamente- crean decenas de despachos a los que se asignan jugosos contratos para realizar las auditorías técnicas y financieras a Ayuntamientos y entidades públicas. La segunda parte del negocio llega cuando se concluyen esas auditorías: quien quería salir limpio de observaciones, basta con devolver una parte de lo robado y entonces las auditorías que inicialmente servirían para detectar desvíos y actos de corrupción, terminan sirviendo para limpiar la podredumbre que van encontrando a su paso.
¿Cómo puede ser esto posible? Con la anuencia del Gobernador. A cambio de dejar el arca abierta, el ORFIS tiene la consigna de no molestar ni con el pétalo de una observación al gobernante en turno.
Si a últimas fechas, de manera milagrosa, ha descubierto el vergonzoso desfalco que sufrieron las arcas estatales, ha sido precisamente por la instrucción del nuevo tlatoani, lo que ha permitido que a diferencia de otros organismos autónomos, el actual titular del ORFIS haya sobrevivido a la transición de gobierno, llevando al cadalso a quien juro lealtad eterna.
Hoy ha descubierto lo que todos los veracruzanos sabían: desviación de recursos públicos, obras inconclusas, empresas fantasmas y un desorden financiero nunca antes visto. En noviembre pasado, el prestigiado columnista Manuel Rosete publicó apenas la carátula de su foja de servicios:
Durante 2011, el ORFIS denunció apenas un daño patrimonial por 39 millones de pesos, en una sola denuncia, pero en contra del municipio de Fortín. En 2014, cuando Javier Duarte ya había saqueado las arcas del Estado, no hubo, según el ORFIS, una sola denuncia ni daño patrimonial al erario público.
En los años 2012 y 2013, el ORFIS solo denunció a alcaldes y a los integrantes de los ayuntamientos, pero ningún ente estatal ni funcionario de la administración duartista fue observado, y menos denunciado. Total complicidad y omisión, no hay mejores pruebas de esto que los propios informes que emitió el ORFIS.
Durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 hubo cero denuncias en contra del Gobierno del Estado, y es hasta 2016, cuando inicia el gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando el ORFIS denuncia 26 dependencias gubernamentales.
Las 26 denuncias que ha presentado el ORFIS suman un total de 22 mil 53 millones 449 mil 177 pesos con 33 centavos, que es el importe del daño patrimonial que el Órgano de Fiscalización Superior ha denunciado en la era Yunes Linares de la administración anterior, en la que Lorenzo Antonio Portilla fungía en el mismo cargo.
A su vez, el claridoso Rafael Arias lo describe como un “zombie transformador”, que fue cómplice del gobierno de Javier Duarte de Ochoa y hoy en día denuncia los atropellos. “El mismo ORFIS es una especie de zombie transformador, no recuerda que no hizo nada hace unos años y ahora misteriosamente está activado en labores que podemos considerar son propias de la ordeña, por que se localizan responsables pero finalmente, lo que se recupera es una miseria”.
Pues ese mismo Orfis ha sido señalado una vez más de omisiones graves, al pasar por alto anomalías por más de 4 mil millones de pesos, según dio a conocer ayer el diario El Universal, que asegura que el actual funcionario firmó una minuta que demuestra que Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, supo presuntamente desde 2014 sobre irregularidades en el manejo de recursos públicos y que pese a que se comprometió a dar seguimiento al reintegro de los recursos firmando dicho documento.
El diario capitalino asegura que los recursos nunca fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, por lo que la Auditoría presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República.
Hasta ahora, Lorenzo Portilla ha servido bien a los intereses del gobernador, lo que le ha valido su permanencia. Pero la suerte también se acaba…
Las del estribo…
- Todo parece indicar que Karime Macías representa un preciado trofeo en tiempos electorales; tanto la PGR como la Fiscalía local han enfocado sus baterías para llevarse el mérito de llevar a la cárcel a quien se asegura fue el cerebro financiero del quebranto al estado en el sexenio pasado. Corren apuestas.
- Primer viernes de marzo. Al parecer, hoy asistirán cerca de 8 millones de veracruzanos a la misa negra que se realiza en Catemaco. De verdad que nos hace falta una limpia colectiva. Varios funcionarios y ex funcionarios hacen cola desde hace varios días.