De acuerdo con la Fiscalía General del Estado que encabeza Jorge Winckler, durante la administración de Javier Duarte desaparecieron 5 mil 785 personas, pero en ese mismo sexenio se logró ubicar a 3 mil 445 de esos desaparecidos, la mayoría vivos.
¿Cuántos vivos? No lo dijo la dependencia, pero aseguró que faltan por aparecer 2 mil 340 de esas personas.
El problema es que el dato no empata con los que tienen los Colectivos de Desaparecidos cuyas cifran oscilan entre los 7 mil y 10 mil desaparecidos en el sexenio de Duarte.
Por desgracia, estas cifras son como el dinero que presuntamente se robó este bribón; nadie sabe a ciencia cierta la cantidad exacta.
Pero qué mejor que el propio Javier para dar luz a las autoridades, sobre todo si está dispuesto a declarar sobre el tema.
En carta dirigida al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el ex mandatario veracruzano dice tener “temor fundado” de que lo acusen de delitos que no cometió.
“Es mi deseo de ponerme a su disposición para colaborar con las investigaciones derivadas de la desaparición forzada de personas que acontecieron en el estado de Veracruz supuestamente durante mi gubernatura, que se me pretenden imputar injustificadamente por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quien tal y como es del dominio público ha actuado con desapego a derecho”, menciona Duarte en su misiva.
¿De dónde le vinieron las ganas?
Después de que fueron detenidos 19 ex policías y mandos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública y se dio a conocer la forma en que capturaban, torturaban y desaparecían a los detenidos durante su gobierno.
De ahí le nació el deseo de cooperar.
El “temor fundado” de Duarte no es tanto a la FGE sino a lo que puedan decir los procesados, principalmente el ex titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, confinado desde hace más de un año en el penal de Pacho Viejo y al que se le agregó hace unos días la acusación de desaparición forzada.
Si bien es difícil ubicar a Duarte bajándose de una patrulla, atrapando a un sujeto, subiéndolo a la patrulla, golpeándolo, torturándolo, asesinándolo y desapareciéndolo, es materialmente imposible que desconociera de esas desapariciones forzadas, sobre todo por su cercanía con Bermúdez Zurita.
Si en efecto es llamado a declarar, tendrá que recurrir a argumentos más sólidos que manifestar que ignoraba las actividades extra policiacas que realizaban los elementos de la SSP.
No hay que olvidar que un gobernador, de cualquier tiempo, es el funcionario más informado de su estado y en el caso concreto de la SSP, designa como titular de esa dependencia a una persona cercana a él en amistad y confianza. Alguien con quien dialoga casi todos los días y quien generalmente le comenta no sólo lo que pasó, sino lo que va a pasar.
Las desapariciones forzadas son un tema candente en el que Duarte tuvo una responsabilidad sustantiva al menos por omisión, y eso lo sabe el propio Javier.
Si uno de los ex policías dice que desapareció a un sujeto porque se lo ordenó Bermúdez Zurita, éste estará frito. Pero si Bermúdez dice que a él se lo ordenó Duarte, también estará frito el ex gobernador.
Luego entonces, el deseo de Javier por “colaborar” es para amarrarse el dedo y tratar de zafarse de esa probable imputación.
De ahí la importancia de tomarle la palabra.