Desde su fundación, la Universidad Popular Autónoma Veracruzana (UPAV) ha estado envuelta en el escándalo por al menos dos razones: la calidad educativa y la validez de los estudios que ahí realizan miles de jóvenes, así como la contabilidad de sus ingresos y el cobro que se realiza a los estudiantes.

Que haya sucedido en la administración de Javier Duarte a nadie extraña. Lo lamentable es que el gobierno del cambio ha mantenido intacto los negocios del gobierno anterior, hechos al amparo de la administración pública. Al parecer, no tiene dinero aborrecido, y la UPAV le representa ingresos nada despreciables, sin importar que las aportaciones del Gobierno -tanto federal como estatal– y de sus estudiantes, son consideradas como parte de ingresos públicos.

La Universidad tiene ingresos por arriba de los 15 millones de pesos cada cuatro meses, de los cuales se ocupan alrededor de siete millones de pesos en el pago de gratificaciones a los asesores y empleados administrativos, y los otros ocho millones de pesos se desconoce en que los ocupa el Patronato, acusaron hace algunos meses los integrantes de la Asociación Académica y Docente de esta escuela superior.

Y de ello, el ORFIS ha dado puntual seguimiento. El órgano fiscalizador hizo 11 observaciones a la Cuenta Pública de 2016, que involucran firmas de convenios ilegales, omisiones en la entrega de la información sobre sus finanzas y una falta de cumplimiento a su normativa. Si bien es cierto que se trató de la administración anterior, las prácticas administrativas continúan.

Y es que a través del convenio firmado con el Patronato “Alianza para el Fomento del Aprendizaje, A.C.”, el Orfis determinó que la UPAV ha eludido su responsabilidad de informar sobre el uso y manejo de los recursos públicos que recibe, ya que estos ni siquiera son reportados a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

La historia no es nueva. La Universidad siempre tuvo un presupuesto raquítico, que sólo fortaleció la idea de que por ello gozaban de absoluta libertad para hacerse de sus propios recursos. Y así lo hicieron, sólo que estos fueron a parar a la cuenta de una Asociación Civil y de ahí al bolsillo de los funcionarios.

La UPAV parece haber dado un salto al vacío. En menos de un año, la Universidad lleva dos rectores. La consecuencia: la matrícula disminuyó de 50 mil a 30 mil alumnos por la falta de oferta educativa, planes de estudios y organización en la UPAV. Sin embargo, sigue siendo un buen negocio. Cada uno de los 30 mil alumnos y alumnas pagan un promedio de dos mil pesos por cada cuatrimestre que cursan de estudios, recursos que son depositados a una cuenta bancaria manejada discrecionalmente por el Patronato de la UPAV.

En un estupendo reportaje del portal Matices Políticos –firmado por Isis Cortés y Perla Sandoval-, se devuelve la atención a un problema sin resolver, en el que se alojó la corrupción como en muchas otras áreas de la actual administración.

Hasta la fecha, la Universidad carece de disposición en su normativa interna que regule la captación, administración y aplicación de ingresos propios por concepto de aportaciones por la prestación de servicios educativos, así como lineamientos que especifiquen las cuotas de cobro, tasas o porcentajes aplicables a los servicios que ofrece.

Mediante la investigación periodística, se constató que a pesar de las carreras que oferta a nivel estatal, la UPAV sólo tiene reportados y reconocidos a 53 trabajadores. La mayor cantidad de los trabajadores desempeña labores de jefes de oficina, cuyo sueldo mensual es de 19 mil 800 pesos. “Le siguen seis directores que cobran 40 mil 400 pesos cada mes, sólo superados por la remuneración que obtenía la ex rectora Maribel Sánchez Lara y que asciende a 52 mil pesos mensuales. Esto a pesar de que la funcionara dejó el encargo desde agosto”. El oscurantismo del actual gobierno.

Según el reporte presentado al cierre del 2017, “la UPAV tiene tres cuentas bancarias activas en el Banco Banorte S.A. la número 0463070161 es donde se concentran los depósitos correspondientes al Subsidio Estatal Asignado, que para ese año fue de 849 mil 651.54 pesos.”

La segunda cuenta, la 0308549058, se encuentra en ceros, a pesar de que ahí deben ingresar los recursos del subsidio estatal del presente ejercicio destinado a gastos de operación. Y la tercera cuenta bancaria foliada bajo el número 0329065302, se usa para depósitos de ingresos (sin especificar de qué tipo), pero que con corte al 31 de diciembre de 2017 reportó 80 mil 523.72 pesos. Nada que ver respecto de sus verdaderos ingresos.

La UPAV es una muestra más de un gobierno que simula la transparencia. Los constantes cambios en su Rectoría vendrían a explicar también la disputa de intereses que existe en torno a una institución que se había presentado como una alternativa a cientos de estudiantes que no lograron su ingreso a la Universidad Veracruzana.

El negocio continua; el buen periodismo también…

Las del estribo…

  1. Difícil de creer la versión del presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez, sobre la incursión de la delincuencia organizada al palacio municipal para extorsionar a los nuevos ediles, curiosamente sólo los de Morena. Pero lo peor, la irresponsabilidad del mensaje: los delincuentes pueden ingresar, a plena luz del día, a un edificio público en la absoluta impunidad. Entonces, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes?
  2. La resolución de la Corte respecto de la obligación que tiene el gobierno del estado de pagar sus adeudos con los Ayuntamientos –aún cuando tengan su origen en la administración de Javier Duarte-, podría tener un impacto en sus finanzas electorales. Si en efecto, debe pagar a más tardar en 90 días, podría llegar a la elección sin un clavo en sus arcas. La equidad que ni el OPLE garantizó.