La Habana, 16 feb (Xinhua) — Garantizar la preservación del agua en armonía con el desarrollo económico y social del país y la protección del medio ambiente es el objetivo de la nueva legislación que entró en vigor esta semana en Cuba.

Se trata de la Ley de Aguas Terrestres, que establece el uso racional del preciado elemento natural y su reutilización, así como la gestión de reducción del riesgo de desastres y eventos hidrometeorológicos extremos.

De acuerdo con la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Inés María Chapman, el propósito es regular la gestión  «integrada y sostenible» de las aguas terrestres, sobre la base de su «planificación, preservación y sostenibilidad».

En Cuba, que carece de grandes ríos, las lluvias constituyen la principal fuente de agua, y su frecuencia disminuyó en los últimos tres años -con excepción del segundo semestre de 2017-, por lo que las autoridades del sector consideraron necesario gestionar su empleo de manera integrada.

A mediados del pasado año, los 242 embalses del país caribeño llegaron a acumular 3.583 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a solo el 39 por ciento de su capacidad total.

Durante una reunión del Consejo de Ministros a finales de diciembre de 2012, el presidente cubano, Raúl Castro, dijo que la carencia de agua es un «grave problema» para la isla, y advirtió de que la situación es «proclive a empeorar con el paso de los años y en la medida en que se acentúe el cambio climático».

Desde 2013, el Gobierno cubano desarrolla un programa de inversiones de largo alcance que da prioridad al abasto de la población, el saneamiento ambiental y la rehabilitación de los sistemas de acueducto de las principales 12 ciudades de la isla, así como a las principales áreas rurales de producción de alimentos y polos turísticos.

Según datos del INRH, el 95 por ciento de la población de la isla tiene acceso al agua, y 8,2 millones de habitantes, de los 11,1 millones existentes, la reciben a través de más de 22.500 kilómetros de redes.

Uno de los retos del instituto es reducir las pérdidas del vital recurso, pues el 45 por ciento del agua bombeada en la nación se pierde debido a salideros en las conductoras, las redes de distribución y las intradomiciliarias, además de los grandes canales de la agricultura.

Frente a ese desafío, las autoridades desarrollan además programas para fomentar el ahorro en la población y las empresas.

Al momento de presentar y debatir el proyecto de Ley de Aguas Terrestres ante el Parlamento, Chapman aseveró que «el agua es un recurso del Estado. Nunca se privatizará eso que constituye un derecho humano esencial».

Una resolución aprobada por la ONU, contraria a la creciente amenaza de trasnacionales que buscan apoderarse del líquido vital, establece que el acceso a fuentes de agua potable y segura, como también el saneamiento, son un derecho humano fundamental para la vida.

Según investigaciones de la organización mundial, más de 1.000 millones de personas en el planeta no tienen acceso al agua y otros 2.700 millones carecen de ella por lo menos un mes en el año.