Ciudad de México.- Mientras que cientos de mandamientos judiciales por juicios civiles y mercantiles siguen sin ejecutarse, de manera facciosa el gobierno de Miguel Ángel Yunes avaló y ejecutó el despojo en contra de ex trabajadores de CIVSA, quienes se encontraban en posesión de las instalaciones de la empresa textilera como parte de la adjudicación concedida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, acusó este jueves el senador Héctor Yunes Landa.

En respuesta a la demanda hecha por los ex trabajadores, el legislador veracruzano explicó que el gobierno de Veracruz, con el uso de la fuerza pública, desalojó a los trabajadores que aún se encuentran en posesión del inmueble, argumentando una ilegal adquisición de los inmuebles mediante la figura de cesión de derechos por parte de un particular. “En Veracruz, la justicia pronta y expedita sólo aplica en favor de los aliados del gobierno. Y en este caso, tampoco se trata de un acto de justicia sino de complicidad”, acusó.

Yunes Landa recordó que la Compañía Industrial Veracruzana S.A., fue una textilera instalada en el municipio de Camerino Z. Mendoza, una fuente de trabajo con más de 100 años de vida, misma que ante su quiebra financiera enfrentó diversos juicios laborales, tanto individuales como colectivos, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), lo mismo en la ciudad de México como en Orizaba.

El juicio laboral, detalló, derivó a favor de los trabajadores; por ello, la Junta Federal condenó a la extinta empresa a pagarles diversas prestaciones como parte de su liquidación, mismas que cuantificadas a esta fecha -tanto por los ex trabajadores como por el sindicato-, suman un monto aproximado de 400 millones de pesos, por lo que les autorizó la legal y legítima posesión, tanto del inmueble que albergó la fábrica textil como de la hidroeléctrica.

Sin embargo, si bien los actores se convirtieron en adjudicatarios, aún no tienen expeditos sus derechos reales para enajenar los bienes muebles e inmuebles que les fueron adjudicados, lo que originó el nuevo conflicto en el que el gobierno estatal ha intervenido de manera facciosa.

Según la denuncia presentada por el grupo de ex trabajadores afectados, algunos de ellos accedió a dicha sesión de derechos, dándose por pagados de su crédito laboral con tan sólo del 30% de lo que realmente les corresponde, sin que consten dichas actuaciones ante la autoridad laboral. Sin embargo, explicaron, la gran mayoría de los actores en los diversos juicios laborales, no aceptaron oferta alguna hasta que tengan expeditos sus derechos para enajenar y en razón de un pago justo.

“Está claro que en materia de derecho saben más los obreros que las autoridades del estado. Resulta que al amparo de una ilegal cesión de derechos firmada por unos cuántos, el gobierno mandó a desalojar -sin mediar resolución alguna por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ni de autoridad judicial- a la mayoría que estaba en legítima posesión, haciendo valer el derecho otorgado por la propia Junta Federal”, explicó.

Se trata, dijo, de un acto de complicidad que pretende obligarlos a ceder de manera ilegal sus derechos a favor de la empresa hidroeléctrica Santa Rosa.

Finalmente, acusó al gobierno de utilizar la ley para satisfacer sus intereses y beneficiar a sus aliados. “Hay cientos de casos donde la policía no ha ejecutado los mandamientos judiciales; habría que investigar cuál es la relación de Miguel Ángel Yunes con la empresa que pretende adjudicarse ilegalmente el inmueble. El Gobernador no da paso sin huarache”, concluyó.