Si la presencia del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, este martes en Coatzacoalcos y Xalapa –dos municipios que coincidentemente son gobernados desde hace un mes por ediles de MORENA– sólo fue para tomarse la foto y aparentar que el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto está respaldando con todo en materia de seguridad al estado de Veracruz, entonces el titular de la SEDENA cumplió cabalmente con su misión. Pero si el verdadero objetivo de su asistencia era mandar una clara señal en contra de los grupos criminales que están bañando en sangre a la entidad, todo parece indicar que no fue suficiente para intimidar a las bandas delincuenciales que siguen haciendo de las suyas.

Y es que unas horas después de que el general Cienfuegos supervisara el operativo de seguridad en un retén en Coatzacoalcos –donde se percató que algunos automóviles de alquiler estaban circulando sin placas–, unos maleantes ¡se llevaron un cajero automático de una tienda departamental en el antiguo Puerto México!, mientras que en Cosoleacaque fue ejecutado otro hombre de nueve balazos.

¿Cuánto les va a costar a los gobiernos federal y del estado estos operativos militares que, por lo que se ve, no combatirán el verdadero problema de raíz de la inseguridad y violencia que tiene aterrorizada a la población sino sólo a simular que persiguen a los grupos criminales que en su encarnizada disputa por el territorio veracruzano siguen sembrando cientos de cadáveres a lo largo y ancho de la entidad?

¿O acaso el secretario de la Defensa Nacional tomó nota de las narcomantas que ese mismo martes que estuvo en Coatzacoalcos aparecieron en Nanchital, en las que un grupo criminal alertó al gobernador Miguel Ángel Yunes que elementos de la Policía Ministerial en la zona sur están implicados en secuestros y en el robo de carros en esa región? También señalaron por qué fue ejecutado el alcalde electo de Hidalgotitlán, Santana Cruz Bahena, y quién ordenó eliminarlo. Igualmente mencionaron a otros ediles y políticos del PAN y PRD que en la zona de Acayucan colaboran con los ordeñadores y traficantes del huachicol, un delito del fuero federal que ante la omisión de la policía estatal le correspondería perseguir a la milicia.

“Señor gobernador si usted no hace nada al respecto lo haremoz nosotroz y correrá maz sangre” (sic), advirtió el grupo denominado “Z Vieja Escuela”.

Pero ni Yunes ni el general Cienfuegos parecen haberse dado por enterados.

¿Alguien cree de veras que el mandatario panista y el presidente Peña, a estas alturas de sus respectivas administraciones –ambas concluyen en noviembre próximo– se están tomando muy en serio combatir al crimen organizado?

Francamente se duda. Y es que habría que recordar que hace seis años, como candidato presidencial del PRI, el mexiquense presentó a mediados de junio de 2012 –a menos de tres semanas de las elecciones– al general colombiano Óscar Naranjo Trujillo como su súper asesor en seguridad.

Naranjo, quien había sido jefe de la Policía Nacional de Colombia, era considerado el “mejor policía del mundo”, ya que había desarticulado a los cárteles de Cali y Medellín, y en 1993 había dirigido la operación que terminó con el capo Pablo Escobar.

Pero el general colombiano, a quien durante años se le vinculó con grupos paramilitares, también fue cuestionado por haber encabezado y ordenado acciones que vulneraron los derechos humanos en su país.

Y no sólo eso. Su hermano Juan David Naranjo fue detenido en 2006 en Alemania cuando pretendía vender 35 kilogramos de coca a dos policías encubiertos.

Naranjo le renunció a Peña Nieto a finales de enero de 2014 para regresarse a su país, donde en marzo del año pasado fue ratificado por el Congreso de Colombia como Vicepresidente de la República.

Memoria de principito

A principios de enero, Miguel Ángel Yunes Márquez, precandidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura, recibió un alud de críticas porque afirmó que “es ingenuo pensar que en un año se iban a resolver los problemas de inseguridad en Veracruz”, ya que su padre Miguel Ángel Yunes Linares, en la campaña electoral de 2016, había prometido públicamente que abatiría en 50 por ciento los índices criminales en los primeros seis meses de su gobierno.

Este miércoles, el ex alcalde panista de Boca del Río volvió a mostrar lo corto de su memoria. Al preguntársele sobre la posibilidad de que el gobierno de la República designara a un comisionado federal en Veracruz, Yunes Márquez respondió con la boca del estómago: “Es una posición cobarde. Es lavarse las manos y tirar la bolita a alguien más. Los veracruzanos tenemos la capacidad de atender el tema que se viene haciendo, que se está trabajando y que no es un tema que se vaya a solucionar en corto plazo y que no es exclusivo de Veracruz.”

¿Ya se le olvidó que su hermano Fernando, desde el Senado de la República, y su padre Yunes Linares, que presidía la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, venían solicitando –hasta por escrito– desde finales de 2015 al presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que enviaran a Veracruz a un comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral como lo habían hecho en enero de 2014 para apaciguar al estado de Michoacán?

¿Qué haría este visceral e impetuoso joven con todo el poder que suele concentrar el gobernante de un estado? ¿Acaso no tiene quién lo asesore y lo ayude a proyectar una imagen de mayor madurez política, que lo muestre más tolerante y confiable ante un electorado escéptico y decepcionado del llamado “gobierno del cambio” al que él se propone darle continuidad?