La corrupción y el saqueo en que habrían incurrido ex funcionarios de la administración de Javier Duarte siguen como temas centrales del discurso de la clase gobernante veracruzana.
No hay semana en la que no salga a relucir un presunto acto de corrupción descubierto en las indagatorias.
Este lunes, por ejemplo, inició la semana con el cateo realizado por la autoridad en el Club Hípico Briones, donde incautaron dos yeguas pura sangre, cuya propiedad se atribuye a la ex presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Karime Macías.
Esos animales, muy utilizados para las carreras y para equitación, tienen un precio estimado en el mercado de más de un millón 200 mil pesos cada uno; es dinero que bien pudo destinarse a la construcción de 5 o 6 aulas, o bien para la compra de medicamentos para personas de escasos recursos.
El caso es que Karime Macías habría destinado esa cantidad para la compra de al menos dos ejemplares de esa raza, “Troya” y “Behyacinte”. Sin embargo, el número de equinos de la esposa de Javier Duarte podría aumentar, dado que de los 54 caballos que fueron encontrados en el Club Hípico, sólo 10 fueron reclamados por sus propietarios.
El tema fue retomado este lunes por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, durante la presentación del Sistema Estatal Anticorrupción.
El ejecutivo veracruzano pidió que se aceleren y profundicen las investigaciones “que se lleva a cabo para determinar si la ciudadana Karime Macías de Duarte, hizo uso de recursos públicos en beneficio propio, y de ser así procesa legalmente”.
Esa situación deja como blanco fijo a Macías Tubilla, de quien se dice que se encuentra en Londres, Inglaterra.
El punto adverso para la esposa de Javier Duarte es que la Fiscalía General del Estado ha intensificado las indagatorias en su contra; y por si fuera poco, la Procuraduría General de la República también le tendría en la mira, después de que el Servicio de Administración Tributaria realizó las investigaciones relacionadas con las empresas fantasma.
Si a Karime Macías le comprueban que sus propiedades, cuentas y activos no concuerdan con sus ingresos declarados, la ex presidenta del DIF estatal podría enfrentar un fuerte problema hacendario y penal.
Hasta hoy, Yunes Linares ha cumplido, en la medida de lo posible, con una de las principales demandas de los veracruzanos: que quienes se llenaron los bolsillos con dinero público paguen con cárcel por el saqueo. Así, tras las rejas se encuentran los titulares de Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo; de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío; y de la Comisión Estatal del Agua, Francisco Valencia. Por supuesto, aunque no en Pacho Viejo, el ex gobernador Javier Duarte también se encuentra recluido.
Por supuesto, no son todos; algunos ex funcionarios cuentan con la protección del fuero: al menos 5 diputados federales y dos legisladores locales que trabajaron muy cerca del ex ejecutivo estatal, hoy preso en el Reclusorio Norte, no han sido molestados; por otro lado, hay varios prófugos de la justicia.
El problema para el actual gobierno estatal y para la Fiscalía de manera particular es que si uno de los detenidos que permanecen en Pacho Viejo logra recuperar la libertad, como se ha especulado en los casos de Arturo Bermúdez y Gina Domínguez, la percepción social no se enfocará en la inocencia del indiciado, sino en un tema de incapacidad de los responsables de la procuración de justicia. Por otro lado, en dicho escenario jugarán un papel determinante los miembros del Poder Judicial del Estado. @luisromero85