Fuentes muy bien informadas del altiplano dan como un hecho la pronta licencia del Gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes para incorporarse al gabinete de Enrique Peña Nieto como nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Y es que mientras el actual titular de la SHCP, José Antonio Meade, deshoja la margarita sobre su eventual candidatura presidencial, al mismo tiempo debe cabildear el paquete económico para el 2018, ajustar el precio del dólar y el barril de petróleo, reducir el déficit fiscal y el gasto del gobierno. Es decir, demasiadas tareas para un solo funcionario.
Por eso, en cuanto Enrique Peña Nieto se enteró que de un plumazo y por decreto el gobernador Miguel Ángel Yunes había desaparecido una deuda de 11 mil millones de pesos con empresas y proveedores, no dudó un segundo en que se lo tenía que llevar para que a golpe de gacetazos –a nivel nacional aplicaría al Diario Oficial de la Federación-, resolviera todos los problemas que a Pepe Meade le cuesta tanto trabajo.
Pero volviendo a la tragicomedia jarocha, resulta que nos acabamos de enterar que el mandatario estatal decidió a título personal, que la deuda del gobierno con cientos de acreedores no existía, que se trataba de negocios en la oscuridad o con empresas fantasmas y que por tanto, el gobierno no tendría por qué reconocerla. Entonces, para no batallar decidió desaparecerla por decreto.
Es cierto, detrás de muchas de esas empresas estaba la intención de salvar lo que aparezca de lo perdido. Eran los vestigios de los últimos negocios del duartismo. Sin embargo, muchas empresas si pudieron acreditar esta deuda a partir de bienes y servicios que ofrecieron al gobierno estatal. No importó, bajo el criterio económico de que “lo del agua, al agua”, bastó una Gaceta del Estado para que el gobierno se deshiciera de la losa financiera.
Y otra vez, los malditos medios. Esos que urgidos de convenios y canonjías no dudan en andar hurgando donde no deben, y publicando cosas que sólo lastiman el inmaculado discurso del gobierno del cambio.
En una estupenda nota firmada por Jair García en la Jornada Veracruz, ayer se dio cuenta de que el gobierno de Miguel Ángel Yunes “no pagará ni un solo peso a los acreedores del Gobierno de Veracruz, pues a través de la publicación de un decreto en la Gaceta Oficial del Estado que mantuvo oculto, determina que toda la deuda con sus proveedores ha quedado sin efecto.” Así nomás.
Como se recordará, en las últimas escaramuzas para saquear al estado y tratar de rescatar a algunos de sus socios a los que había quedado mal, Javier Duarte buscó que se pagara con recursos a futuro del impuesto a la nómina, emitiendo un decreto con ese propósito. Pero resulta que con la llegada del nuevo gobierno y como regalo de año nuevo, Yunes Linares decretó a su vez que “no pagaría ni un solo peso a quienes hayan construido, entregado algún bien o previsto un servicio al gobierno estatal”, según cita la nota.
De acuerdo a la misma fuente, con fecha de 30 de diciembre de 2016, el mandatario estatal publicó un decreto –en un número extraordinario de la Gaceta del Estado- mediante el cual establece desaparecer la deuda institucional del gobierno del estado con proveedores y contratistas por 11 mil 38 millones 504 mil 824 pesos.
Esta práctica, aunque irregular, es muy común en la administración estatal. Los asuntos delicados que se resuelven a posteriori y que deben cumplir con el procedimiento jurídico y administrativo que marca la ley, suelen publicarse en la Gaceta del Estado, asignando un número extraordinario que no riñe con la numeración que corre a la fecha actual.
De esta forma, sin precisar el momento en que se instruyó, el gobierno ha emitido al menos 53 números extraordinarios de la Gaceta del Estado fechados en el mes de diciembre de 2016, de los cuales 14 corresponden sólo al día 30, en lo que fue un verdadero albazo de fin de año.
Por ello, como refiere en la nota de La Jornada Veracruz, el número extraordinario de la Gaceta Oficial en el que se establece el decreto para dejar de pagar la deuda “fue subido apenas hace algunas semanas, junto con otros más que habla de diversos convenios de coordinación entre dependencias estatales y federales”.
Y cito: “En el decreto, Miguel Ángel Yunes Linares deja sin efecto un decreto anterior, que establecía la forma en cómo se iban a pagar las deudas provocadas por las 18 dependencias estatales, en las que se distribuyeron los adeudos que corresponden a 5 mil 321 millones 354 mil 235 pesos a proveedores; 4 mil 672 062 millones de pesos a contratistas y mil 45 millones 88 mil 511 pesos a terceros institucionales.”
La decisión del gobernador no sólo raya en la ilegalidad –los afectados tendrán que recurrir a los tribunales para determinar su validez-, sino que exhibe la acción premeditada por engañar a estas empresas. A lo largo del año –incluso hace un par de semanas-, el mandatario dijo que se habrían de revisar las cuentas, facturas y los contratos para determinar cuáles deudas si eran reales.
Todo fue un engaño.
La del estribo…
- Entre el los escándalos del “yunetegate” de las despensas en Coatzacoalcos y el agandalle de los panistas en el Congreso, el barco azul empieza a hacer agua. Reacio a los cambios, el Gobernador tuvo que ceder a la presión de los medios y las redes sociales, y cesar a tres funcionarios de medio pelo, a los que antes sólo les había exigido una disculpa pública; al mismo tiempo, el rumor del cambio en la Presidencia de la Jucopo corrió como pólvora. Azotan a la administración estatal nuevos sismos y huracanes.
- Se equivoca la diputada de Morena Daniela Griego cuando acusa que está en riesgo la gobernabilidad del Congreso local. En realidad, esta nunca existió, sólo se simuló mientras el PAN no se vio obligado a cumplir los acuerdos pactados. Y de que el Gobernador controla a la bancada PAN-PRD, ni como decirle que no.