La construcción de autopistas mediante el modelo de asociaciones público y privado se realiza en prácticamente todo el mundo. Representa un modelo de negocio que permite abrir espacios participación para la iniciativa privada y optimizar la operación y mantenimiento de carreteras concesionadas.

México requiere de nuevas y mejores vías de comunicación, por ello, el gobierno ha diseñado tres modelos de participación para atraer capital privado a la inversión en carreteras: concesiones, proyectos de prestación de servicios y aprovechamientos de activos.

Actualmente, el modelo más utilizado es el de las concesiones, el cual permite desarrollar infraestructura, incrementar montos de inversión, elevar la calidad, eficiencia y productividad de los servicios y adecuar la distribución y administración de riesgos en este tipo de infraestructura. Es algo que ha funcionado muy bien y que se debe seguir haciendo.

En este modelo, el gobierno efectúa una aportación inicial con recursos públicos, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI). De esta forma, la concesión se otorga al licitante que solicite el menor apoyo económico del gobierno. El plazo de concesión es hasta por 30 años, el máximo permitido por la ley.

Uno de los temas que más interesan a los concesionarios y a los usuarios de las autopistas es el tema de las tarifas de peaje. Estas se determinan en función del aforo vehicular, y las inversiones de los concesionarios, es decir, la tarifa que los usuarios están dispuestos a pagar para circular en la vía.

Vale decir que el precio promedio por kilómetro en las autopistas de México es de 1.74 pesos mexicanos, lo que resulta alto, respecto a otros países de América Latina, como Colombia y Uruguay, donde cuestan 0.8 pesos mexicanos por kilómetro.

La tarifa sirve para que con esa recaudación, los concesionarios puedan cumplir sus obligaciones, como la conservación, mantenimiento y operación de la vía. Cuando alguien invierte en una carretera de peaje, recupera  la inversión por medio del cobro. Una vez cumplido el periodo de la concesión y la empresa ha recuperado su inversión y el margen de utilidad correspondiente, estas autopistas pasan a ser parte del gobierno federal.

Hasta ahí todo está bien. Pero, ¿qué ocurre cuando este modelo de asociaciones público y privado se pervierte y se convierte en un gran negocio para una autoridad en detrimento de los usuarios y de las finanzas estatales?

El jueves pasado, el Congreso local aprobó la ampliación, por 30 años más, de la concesión a la empresa Concesiones y Promociones Malibrán, SA de CV, para la operación y explotación del Libramiento de Plan del Río. Esta empresa ya contaba con una concesión por un mismo periodo que vence en el año 2023, por lo que a partir de esa fecha contará con otros 30 años para cobrar el uso de la vía.

Como lo dije con oportunidad, se trató de un madruguete del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien por mucho tiempo se le ha señalado de mantener intereses en sociedad con esta empresa, propiedad de una familia del puerto de Veracruz.

El lodo empieza a salir por las alcantarillas de la autopista. Por ejemplo, el gobierno estatal no tendría que haber solicitado una ampliación de la concesión sino hasta que esta cumpliera su plazo. Hacerlo de esta manera, es acceder en el presente a recursos futuros que le corresponden al estado y no a esta administración. Ha sido una bursatilización disfrazada.

El segundo punto, como lo dijo el propio gobernador del Estado el fin de semana, es que esta ampliación podría representar a las finanzas de Veracruz un ingreso aproximado de mil millones de pesos, los cuales se utilizarían para otras obras de infraestructura, a pesar de que también, con este propósito, solicitó el aumento al 3% del impuesto a la nómina.

Un objetivo informe financiero indicaría que por esta autopista circulan alrededor de 10 mil autos diarios –con un costo peaje promedio de 80 pesos, considerando que tráileres y autobuses pagan mucho más-, lo que le genera ingresos a la concesionaria superior a los 800 mil pesos al día. Si esto lo multiplicamos por 365 días al año, nos arroja una cifra de 292 millones de pesos.

Esto quiere decir que en 30 años, la concesionaria tendría ingresos superiores a los 8 mil 760 millones de pesos, mientras que a las arcas del gobierno sólo ingresarían mil millones de pesos. Eso sin contar la nueva ampliación de la concesión por otros 30 años. Un negocio floreciente en medio de las dificultades económicas que enfrenta Veracruz.

Los números no mienten, el gobierno estatal sí. Tratar de atribuir esta decisión así como el cálculo de la contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es un solo un distractor respecto del evidente conflicto de interés que prevalece entre el Gobernador y la empresa concesionaria.

De esta forma, el libramiento de Plan del Río sería un gran negocio… por la libre.

yuneslanda.com

facebook.com/HectorYunes

Mail: hector.yunes@nullsenado.gob.mx

Instagram: hectoryuneslanda

Twt: @HectorYunes