Nadie puede decir que el gobernador Miguel Ángel Yunes carece de condiciones legislativas para manejar el presupuesto estatal sin limitaciones, so pretexto de ajustar el boquete financiero legado por su antecesor, calculado en más de 46 mil millones de pesos.

Este jueves, el Congreso local le aprobó la creación de varios fideicomisos, desde los que se podrán manejar de manera autónoma las participaciones federales, que garantizarán el pago de los compromisos de deuda que adquieran a tres décadas con instituciones financieras e, incluso, con particulares.

Todo parece indicar que, a la fecha, los esfuerzos por reestructurar la deuda pública han sido vanos. De ahí la literal inmovilidad del gobierno yunista, que ha cumplido su primer cuarto sin que haya hecho más que anunciar obras que poco avanzan o que no inician, cuando no son realizadas por municipios o por el gobierno federal.

Ha operado en contra de lograr esta reestructuración la calificación crediticia extremadamente negativa del gobierno estatal, que se traduce en elevados intereses para cualquier negociación de empréstito.

De ahí que haya optado por crear esta especie de organismos fantasmagóricos, los fideicomisos, sin ninguna estructura, los que sin embargo tendrán la capacidad de afectar en ciertos porcentajes los montos de las participaciones federales.

A través de esos fideicomisos se podrán realizar las operaciones necesarias y pertinentes para la reestructuración o refinanciamiento parcial o total de las obligaciones financieras a cargo del gobierno estatal, cuyo origen sean los financiamientos contratados por las administraciones estatales anteriores.

No es la primera ocasión en que Yunes Linares pide al Congreso manga ancha para manejar un presupuesto que nadie conoce, ni el propio Poder Legislativo, y del que por lo tanto difícilmente se puede pedir cuentas ni ejercer un control digamos republicano. Ni siquiera los titulares de las secretarías de despacho conocen los montos que les corresponden para operar.

Lo primero que le obsequió el Congreso, tras una dilatada batalla en que se maltrató a los diputados de Morena por negarse a dar el sí y se presionó a los priistas con supuestas filtraciones para que se dejaran de escalofríos, fue la capacidad para definir, según su sagrada investidura, el presupuesto de este año.

Ya faltan cinco meses para que concluya el ejercicio presupuestal de 2017 y nadie sabe las afectaciones presupuestales según dependencias, programas y periodos, que ya le ha valido acusaciones de opacidad y una notificación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Congreso sobre un presunto incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

Los diputados quieren reelegirse

Y mientras con el voto mayoritario de los diputados del PAN y PRD, de los del PRI, el PVEM y el Panal, y de los del grupo Juntos por Veracruz, aprobaron la iniciativa enviada por el Ejecutivo para crear fideicomisos que amparen la contratación de nuevos créditos por hasta 46 mil millones de pesos, a 30 años, sin una cláusula que permita al Legislativo vigilar la adecuada aplicación de los recursos contratados, ahora ellos quieren reelegirse.

Con solo separarse de sus cargos un día antes del inicio de la campaña, los actuales diputados podrán ir a la contienda en 2018 para ser reelectos por tres años, lo que podrán hacer en dos ocasiones consecutivas más, gracias a la aprobación de reformas y adiciones al Código Electoral y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que presentó el PRI el 30 de mayo pasado.

Ahora, los diputados locales podrán ser elegidos hasta cuatro periodos de manera consecutiva, siempre que sean postulados por el mismo partido político que los hizo legisladores o por alguno de los que integren la coalición que les haya dado el triunfo, además, por el mismo distrito electoral.

Ya veremos cómo los reciben los electores, tras conocer su desempeño en la Cámara de Diputados en tan solo dos años de ejercicio.

Mal desempeño económico de Veracruz

En el primer trimestre de 2017, seis estados del país reportaron caídas en su actividad económica en comparación con el mismo periodo de 2016.

Según los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la actividad económica se contrajo 11.6 % en Tabasco, 10 % en Campeche, 2.9 % en Guerrero, 1.9 % en Chiapas e Hidalgo, y 1.5 por ciento en Veracruz.

En contrario, Aguascalientes, Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y Querétaro fueron las cinco entidades que mostraron las alzas más importantes en su actividad económica en los primeros tres meses del presente año.

Las malas noticias siguen para Veracruz.

Que el aborto no sea crimen, propone Morena

En una acción que sorprendió a varios, diputados de Morena, PAN y Juntos por Veracruz presentaron una iniciativa para modificar el Código Penal en materia de agravio comparado, a fin de que se revisen ciertas causales de impunibilidad para la interrupción legal del embarazo (ILE). La legisladora Tanya Carola Viveros Cházaro, del grupo legislativo de Morena,  dijo que éstas no han sido suficientes para proteger los derechos de las veracruzanas.

Una de las causales que se cambiarían sería la de violación, pues ésta establece que la interrupción legal del embarazo debe ocurrir antes de los 90 días de gestación, lo cual, indicó Viveros Cházaro, “dificulta su acceso, en especial para las niñas de entre 10 y 14 años”.

“Una niña que no ha tenido la menarca o que la tuvo hace poco, en medio de un trauma producto de una violación sexual, es factible que no se dé cuenta de estar embarazada hasta mucho después de 90 días. A esas niñas les estamos restringiendo sus derechos al poner un plazo límite para acceder a las ILES”.

Añadió que, con frecuencia, las mujeres no denuncian estos delitos o al menos tardan mucho más de 90 días para denunciar, pues los agresores suelen ser personas del entorno familiar cercano a la víctima.

Otra de las causales de no punibilidad cuestionada por la iniciativa es la de peligro de muerte de la madre, que existe en el Código Penal pero que “complica el proceso y obliga a las mujeres a asumir riesgos de salud graves, si el médico no considera que son suficientemente peligrosos para poner en riesgo su vida”.

La modificación que se propone no obliga a ninguna niña o mujer a interrumpir su embarazo, incluso los que son productos de violaciones.

Viveros Cházaro señaló en la sesión plenaria del Congreso que Veracruz es el estado con mayor número de embarazos adolescentes, incluso de casos terribles de niñas de entre 10 a 14 años. “Entre 2009 y 2013 se registraron 53 mil 360 nacimientos en los que la madre era menor de edad.  Y durante 2015, dieron a luz 487 niñas de 10 a 14 años”.

La diputada advirtió que con la penalización del aborto no se está impidiendo su práctica de forma homogénea, sino que se está excluyendo a las mujeres más pobres, con menores índices de escolaridad, de zonas indígenas, para las cuales hacer un viaje a la Ciudad de México, donde esto es legal, es prácticamente imposible.
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