En la audiencia celebrada en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó ser extraditado a México; aseguró ser inocente de los delitos que se le imputan (delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, incumplimiento del deber y tráfico de influencias); y mostró la misma sonrisa socarrona que le ha caracterizado en sus últimas apariciones públicas.

Probablemente en la soledad de la celda, el ex ejecutivo veracruzano tenga una actitud mucho menos despreocupada; sin embargo, en la audiencia de este martes, Javier Duarte se vio taimado y hasta cínico.

La defensa de Duarte indica que las autoridades mexicanas no podrán acreditar las acusaciones planteadas, particularmente las relacionadas con delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos y que debido a las inconsistencias de las denuncias, prefieren la extradición, a efecto de enfrentar el proceso jurídico en nuestro país.

Podríamos decir que la extradición del ex gobernador se encuentra ya en su etapa final; en Guatemala se ultiman los detalles para el envío de Javier Duarte a México, donde es reclamado por las autoridades federales y estatales veracruzanas.

Mientras eso ocurre en el vecino país del sur, en el Altiplano mexicano la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya plantea nuevas denuncias por las irregularidades detectadas al gobierno veracruzano en el ejercicio de los recursos correspondientes a 2016, año en el que se practicaron en la entidad 46 auditorías, entre las financieras con enfoque de desempeño y las de cumplimiento.

Así las cosas, los problemas para el ex gobernador de Veracruz podrían continuar, dado que el resultado parcial del trabajo de la ASF deja al descubierto nuevas irregularidades, las que corresponden al ejercicio 2016.

El monto de dichas irregularidades en el último año del pasado sexenio podrían ascender, trascendió, a más de 4 mil 300 millones de pesos, recursos que llegaron a Veracruz para ser canalizados a diversos programas de salud, educación e infraestructura.

El pasado 30 de junio, la ASF dio a conocer el reporte parcial sobre la cuenta pública 2016, en el que destaca irregularidades del gobierno estatal por mil 651 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; mil 304 millones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero y del Fondo para la Infraestructura Estatal y Municipal; 754 millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 316 millones; 316 millones de pesos que fueron enviados por la Federación para emprender acciones de salud dentro del programa Prospera, mismos que también habrían sido mal manejados por parte de la administración Duarte.

De igual manera, en el reporte parcial de la ASF también destacan irregularidades por 303 millones de pesos que el gobierno del estado recibió para el Fondo del Seguro Popular.

Todas esas presuntas irregularidades y desvíos, detectados en las auditorías al ejercicio 2016, se suman a las encontradas y denunciadas por la ASF en las revisiones a las cuentas públicas del 2011 a 2015, de tal manera que la cifra acumulada podría superar los 40 mil millones de pesos.

Con todo el escenario jurídico y político en contra, repudiado por la opinión pública, Javier Duarte regresará a nuestro país convertido en mal ejemplo y en la personificación de la corrupción nacional, para enfrentar una cantidad indeterminada de señalamientos y denuncias.

Tiene todo en contra; por eso resulta extraña la actitud despreocupada, cínica, casi burlona y socarrona que le ha caracterizado en las audiencias ante los tribunales guatemaltecos. Pareciera que el ex mandatario veracruzano confía demasiado en las elevadas estadísticas de la impunidad en México. @luisromero85