La tendencia de crecimiento increíble en los índices delictivos en los estados que en 2016 permitieron la salida del PRI y dieron paso a la instauración de la alternancia democrática, ha puesto en el tintero la hipótesis que apunta a la utilización de las bandas criminales por parte del grupo en el poder para disuadir a la población de que es mejor votar por el PRI en lugar de experimentar con otros partidos.
Veracruz es un ejemplo patético. No solo se trata de que el nuevo gobierno ha tenido un interés manifiesto en ofrecer las cifras reales de incidencia delictiva del orden común, contra el ocultamiento criminal que vivimos en los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán (quien llegó a reportar cero secuestros cuando hasta creó un fondo para rescate de personas con dinero público) y de Javier Duarte de Ochoa.
Desde el momento mismo en que tomó posesión Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador de Veracruz, los actos delictivos de alto impacto (que ya se habían manifestado en 2011 en la inauguración del fatídico gobierno de Duarte) se multiplicaron y se expandieron por todo el territorio veracruzano.
La virulencia criminal nunca antes vista en nuestro territorio, pese a que hemos sido testigos y víctimas de verdaderos periodos de terror, parece intuir que los acuerdos tomados por los gobiernos priistas con la delincuencia organizada no han sido ratificados por el actual gobierno estatal, lo que ha obligado a las bandas delictivas a obligar a acuerdos, a golpe de homicidios, una buena parte de ellos realizados a plena luz del día, en lugares públicos y en las principales ciudades del estado, Xalapa incluso.
El modus operandi de los actos criminales hace pensar en una intencionalidad publicitaria, que impacta negativamente en la percepción ciudadana sobre la efectividad de un gobierno cuyo titular se ufanaba en campaña de ser un experto en seguridad pública, que acabaría con la violencia criminal en un periodo de seis meses y que para ello colocaría a un elemento castrense de alta gradación al frente de la Secretaría de Seguridad Pública; que, además, incorporaría tecnología de punta para vigilancia e investigación (habló incluso del uso de drones) y que lograría una policía estatal profesional y altamente capacitada.
El primer paso en falso de Miguel Ángel Yunes Linares fue no colocar a un militar al frente de la SSP sino a un funcionario menor del ayuntamiento que gobierna su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, el de Boca del Río, y disminuir drásticamente la nómina de esa dependencia, con lo que la capacidad de tarea de la policía estatal obligadamente pasa por su reforzamiento con elementos federales (Ejército, Marina, Policía Federal, Gendarmería), que no necesariamente son suministrados abundantemente por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Esta dependencia proverbial del gobierno veracruzano respecto del federal, que se asumió desde el inicio por Yunes Linares, primero queriendo que Peña Nieto llenara los profundos hoyos financieros dejados por el ladrón que gobernó los años previos, y ahora buscando que la tarea de salvaguarda de la seguridad sea asumida principalmente con elementos federales, no está resultando en lo absoluto y se está perdiendo un tiempo importante que, en muchos casos, ha representado la pérdida de la vida para decenas de veracruzanos.
Desgraciadamente, en las ciudades en que se han desplegado operativos federales, la incidencia delictiva no ha bajado. Por el contrario, se registran incrementos de más de 20 por ciento en cuanto a homicidios dolosos; pero hay otros delitos, también vinculados a la delincuencia organizada, con niveles disparados, pese al despliegue de miles de efectivos de la Policía Federal y de las fuerzas armadas.
Lo que no hagas por ti, nadie vendrá a hacerlo. En Veracruz hace falta fortalecer a la policía estatal y, si es el caso, construir fuertes policías municipales en ciudades con capacidad para subsidiarlas, con el apoyo estatal y federal; también, cambiar el mando estatal por policías capacitados y, en el caso del titular de la SSP, un cansado Jaime Téllez Marié que no ha logrado contener la creciente incidencia delictiva, sustituirlo por un policía entrenado y con gran capacidad para dirigir operativos eficientes.
No ha habido un anuncio oficial que permita suponer que se están entrenando y contratando policías confiables; desgraciadamente, el gobernador Miguel Ángel Yunes está apostando a echarle montón con los elementos federales, cuando lo que se necesita es personal que conozca el terreno que pisa, que tenga bien preciso quién es el enemigo, dónde opera y cómo financia sus operaciones. Porque lo que estamos viendo es la misma estrategia del expresidente Felipe Calderón: anunciar el arribo de fuerzas policiacas estatales y federales a ciertas ciudades y regiones, hacer un espectáculo de luces rojas y azules, mientras los cárteles reaccionan con violencia en contra de la población indefensa.
Matar a periodistas, enorme publicidad negativa
La intencionalidad del enemigo es poner en evidencia las graves carencias del gobierno de la alternancia en materia de seguridad, sea para obligarlo a pactar o sea para debilitarlo políticamente, con la idea de que su proyecto de heredar el poder en 2018 quede trunco, o sea para ambas cosas. Lo cierto es que independientemente de que en ambos propósitos los delincuentes tengan padrinazgos políticos que se niegan a morir, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha logrado encontrar la fórmula para detener el baño de sangre.
Y este ánimo publicitario del crimen organizado, que no solo significa el asesinato masivo de sus adversarios (se calcula que en nuestro territorio operan más de seis cárteles en disputa) sino que se ha cebado también con ciudadanos inocentes, ha descubierto que uno de los mayores impactos políticos contra un gobierno se generan mediante el asesinato de periodistas.
El gremio periodístico ya ha sufrido dos atentados letales. El primero acabó con la vida del periodista Ricardo Monlui Cabrera el domingo 19 de marzo por la mañana, en Yanga, acribillado a quemarropa en presencia de su familia; el segundo, Armando Arrieta Granados, jefe de redacción del periódico La Opinión de Poza Rica, se debate entre la vida la muerte en el Centro de Especialidades Médicas del IMSS en el Puerto de Veracruz, luego de ser baleado en la entrada de su casa el pasado 29 de marzo.
Contrasta con esta circunstancia la dilatada batalla emprendida por la hoy diputada Maryjose Gamboa Torales en contra de la Comisión Estatal de Apoyo y Protección de Periodistas (CEAPP), un organismo creado a modo por el prófugo Javier Duarte durante su mandato, cuando arreciaban las críticas en el país y el mundo por la inseguridad en que realizaban su tarea los comunicadores, 19 de los cuales cayeron víctimas de las bandas criminales y por la policía estatal.
Y contrasta porque, en el fondo, no se ve en la legisladora una intención de buscar alternativas al cumplimiento de los propósitos de la CEAPP sino un deseo de confrontación e incluso de venganza. Hay que recordar que, como periodista, ella fue aparentemente víctima de la justicia, a raíz del homicidio involuntario de un joven a quien arrolló con su automóvil; tanto el gobernador Javier Duarte como el entonces fiscal Ángel Bravo Contreras se ensañaron con la peridoista ligada a Miguel Ángel Yunes Linares, llevándola a la cárcel sin posibilidad de enfrentar su defensa en libertad bajo caución y, finalmente, remitida a un penal en Tuxpan, lejos de su familia y de su defensa jurídica, asumida por quien hoy es el Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler.
Lo cierto es que los periodistas seguimos siendo el blanco de los grupos criminales, tanto los dedicados a la delincuencia como aquellos ligados a personajes, grupos y partidos políticos.
Tontín no se da por vencido
Aunque su registro como precandidato del PRD (y, por ende, de la alianza PAN-PRD) a la alcaldía de Xalapa fue realizado cuando ya se había cumplido el término, si bien sus impulsores hicieron aparecer que había llegado con sus documentos 15 minutos antes, David Velasco Chedraui interpuso el jueves 30 un recurso de inconformidad o queja contra la determinación del CEN perredista que lo dejó fuera.
Hay que recordar que, en medio de trifulcas violentas, la decisión del PRD estatal fue la de apuntalarlo como el candidato para la contienda del 4 de junio, dejando fuera a Ana Miriam Ferráez Centeno, quien mostró mejores números en la encuesta interna.
Aunque David Velasco entró a la contienda violando las cláusulas de la convocatoria, ahora resulta que consiera como ilegal y antidemocrática la decisión de la dirección nacional perredista que le quitó la candidatura y se la dio a Ana Miriam.
Quienes desde el PAN y el Gobierno estatal impulsan al empresario priista, quien ya fue alcalde y diputado por Xalapa sin haber dejado una buena historia de logros y compromisos cumplidos, no estarán satisfechos con una medida que afecta un proyecto de largo aliento que incluye la sucesión gubernamental el próximo año.
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