Y a todo esto, ¿dónde quedó lo que se chingó Duarte?, es la pregunta que empieza a subir de tono entre el respetable, luego de que la principal oferta de campaña del actual gobernador empieza a difuminarse entre la crisis de seguridad, la falta de recursos, la ineficiencia del gobierno, la frivolidad de sus funcionarios y el inicio de las campañas políticas.

Algunos periodistas locales pusieron el dedo en la llaga e hicieron público que ninguna autoridad estatal tenía registro de la devolución del dinero, de los ranchos –el Faunito y Valle de Bravo, entre otros-, de las propiedades, ni de los aviones y helicópteros, salvo en aquéllos casos en que la propia PGR había realizado el procedimiento de recuperación. El sólo señalamiento –documentado por la vía de una solicitud de acceso a la información- puso de malas al góber y tachó de ignorantes a los tundeteclas, particularmente a Marco Antonio Aguirre.

Pues para mala fortuna del mandatario estatal –cuyos días son cada vez más sombríos y los problemas más complejos-, resulta que ayer el periódico El Universal, publica con la firma de otro reportero hecho en casa, Edgar Ávila, una nota informativa donde da cuenta nuevamente de que el gobierno estatal no publica datos sobre los bienes de Javier Duarte que han sido recuperados.

El corresponsal en Veracruz señala que el gobierno panista se niega a hacer públicos “los convenios mediante los cuales se recuperaron bienes inmuebles a supuestos socios del ex mandatario priista”, como resultado de otra solicitud presentada vía transparencia.

De tales convenios, tanto la Secretaría de Finanzas como la Oficina del Gobernador se deslindaron sobre su existencia o posesión, argumentando, en el primer caso, que no estaba en su esfera de responsabilidad legal, mientras que en el segundo, se dijo que tampoco gozaban de esa facultad. Aquí, el asunto de fondo es que no dejaron en claro si estos convenios existen o no.

Durante su toma de posesión, Yunes Linares presumió como logros consumados el haber logrado la devolución de algunos de estos bienes, mucho antes siquiera de las elecciones para Gobernador, como se detallaría después mediante la documentación presentada por los notarios públicos que realizaron el traslado de dominio.

En efecto, es posible que las dependencias no conozcan de tales convenios porque en realidad no existen. Y no existen porque cuando estos acuerdos se formalizaron, ni el Gobernador ni los ex colaboradores de Duarte tenían facultades legales para signarlos.

Según las razones y pasiones del dos de diciembre, al día siguiente de la toma de posesión, se cuestionó precisamente el modo en que el gobernador había forzado su devolución; hoy no queda claro tampoco dónde se encuentran y bajo el resguardo de qué autoridad.

Se dijo entones: “Una de ellas –señales preocupantes- fue precisamente cuando refirió que había acordado con empresas y empresarios la devolución de millones de pesos que habían sido otorgados de manera irregular y hasta ilícita. Yunes empezó haciendo lo que tanto critica: el uso discrecional de la justicia y de las instituciones.”

Y saltaron las dudas que aún persisten: “Si en verdad este dinero era mal habido, ¿no era lo correcto iniciar procesos penales en contra de estas empresas para que además de devolver el dinero, fueran castigadas? ¿Quiere decir que el acuerdo incluye olvido y perdón? ¿Por qué se erige en representante del Poder Judicial y determina la sanción y el monto de manera discrecional, ignorando por completo la ley? Entonces, ¿basta arreglarse con el Gobernador para salir de un embrollo? Grave.”

Pero nadie puede decirse engañado. El primero de diciembre, el gobernador fue muy claro respecto de lo que estaba por venir y que hoy se confirma.

En lo que fue una alegoría de su papel supletorio de Fiscal del Estado, “criticó la subordinación corrupta y cómplice de los poderes del Estado –se refirió específicamente al Legislativo y al Judicial-, que permitieron darle un tufo de legalidad a todas las trapacerías que hicieron Fidel Herrera y Javier Duarte durante doce años de gobierno.”

“Tiene razón en que esta debe ser castigada. Pero ¿se justifica que en aras de la justicia subordine de la misma manera a la Fiscalía, al Congreso y al Tribunal Superior de Justicia? ¿Respetará su autonomía sólo en la medida que atiendan sus intereses? Vaya contradicción. Basta ver cómo fueron los procesos de relevo de sus titulares.”

Pues ya han pasado cuatro meses y nadie sabe en manos de quién están los bienes recuperados. No aparecen en el Registro Público de la Propiedad y las autoridades estatales desconocen la existencia de los convenios a los que hizo referencia el propio Gobernador. ¿Volverá a enojarse o ahora si nos dirá dónde quedó lo que se chingó Duarte?

Las del estribo…

1. Las cajas chinas salen a remate. Siempre que una crisis amenaza con estallar, resulta que la Fiscalía se pone las pilas y le echa el guante a algún despreocupado Duartista. En medio de los atentados contra periodistas y los asaltos en pleno centro de Xalapa, la detención de Mauricio Audirac y la suspensión del juez Porky, resultaron un bálsamo para la atribulada imagen del gobierno estatal. ¡Y las que faltan!
2. Nos acabamos de enterar que la coalición es un delito. Eso explica que los partidos políticos las hacen precisamente para impedir que la sociedad se desarrolle.