Uno de los grandes enigmas de la administración estatal anterior, que ni el gobierno priista de Javier Duarte ni el del presidente Felipe Calderón, del PAN, jamás pudieron o quisieron desentrañar fue el de los 35 cadáveres que en septiembre de 2011 fueron arrojados sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en la concurrida zona hotelera y comercial de Boca del Río.

La gran incógnita, que hasta la fecha sigue sin ser esclarecida, es cómo diablos dos camionetitas de redilas marca Nissan, con 17 y18 cuerpos cada una, atravesaron toda la ciudad de Veracruz a media tarde y –¡lo más inaudito todavía!– lograron realizar sin mayor problema el macabro tiradero pese al cordón de seguridad que habían montado en ese sector las Fuerzas Armadas, ya que ahí se realizaría al día siguiente la reunión nacional de  procuradores de justicia del país, encabezados por la titular de la PGR, Marisela Morales.

Además, no obstante que en esa zona había instaladas videocámaras, nunca se dio a conocer lo que habían captado. Y como se trataba de un delito del fuero federal, el caso fue atraído por la PGR, que se quedó con los videos. Sin embargo, a través de YouTube circularon imágenes de un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación, también autollamado “Los Matazetas”, que se adjudicó la masacre. Este grupo criminal surgió en el sexenio del presidente Calderón, coincidentemente después de que el mandatario panista fracasó en su presunto intento por lograr un acuerdo de pacificación con las principales organizaciones dedicadas al trasiego de drogas, según algunas versiones periodísticas como la de Anabel Hernández, autora del libro “Los Señores del Narco”.

Según la periodista, el general brigadier retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue director de Seguridad Pública en Veracruz durante la primera mitad del sexenio del gobernador Agustín Acosta Lagunes (1980-1986) y fue asesinado en abril de 2012 en la colonia Anáhuac de la ciudad de México, habría recibido el visto bueno de Calderón para construir puentes entre el gobierno y varias organizaciones delictivas, incluidos Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Igualmente, el reportero Jorge Carrasco Araizaga, de la revista Proceso, publicó que fuentes cercanas al militar retirado le confirmaron que después de ese primer contacto, el experto en operaciones encubiertas se reunió entre 2008 y 2009 con los jefes de La Familia Michoacana, de Los Zetas, de la organización de los hermanos Beltrán Leyva y de los cárteles de Juárez y de Sinaloa, y que de todos esos encuentros tuvo conocimiento el secretario calderonista de la Defensa Nacional, Guillermo Galván.

A principios de octubre de 2008, Acosta Chaparro buscó a Los Zetas cuando este grupo aún era el brazo armado del Cártel del Golfo y controlaban 22 estados. Se reunió en Matamoros con Heriberto Lazcano, “El Lazca”, y Miguel Ángel Treviño, el “Z-40”, con quienes habría  conversado sobre una eventual tregua, condicionándose a que el gobierno de Calderón no actuara contra los familiares de los miembros de esa organización delictiva. El militar volvió a reunirse con los jefes de Los Zetas a principios de 2009.

Según la información que hace cinco años obtuvo el reportero de Proceso, el propio “Lazca” fue quien puso a Acosta Chaparro en contacto con Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, y que al encuentro entre ambos, ocurrido en un lugar ubicado entre Cuernavaca y Acapulco, habría asistido también Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”. La petición del enviado de Calderón fue la misma: que bajaran la intensidad de los hechos violentos en su área de influencia, sobre todo en Morelos y Guerrero. Sin embargo, en diciembre de 2009 infantes de Marina ejecutaron a “El Barbas”, en Cuernavaca.

El siguiente encuentro del militar retirado fue con Vicente Carrillo, jefe del Cártel de Juárez, al cual se le vinculó en 2000. Según la información allegada a Proceso, la última gestión de Acosta Chaparro fue ante Joaquín “El Chapo” Guzmán. En ese encuentro con el jefe del Cártel de Sinaloa, según reseñó Anabel Hernández en su libro “Los Señores del Narco”, Guzmán Loera le contó al brigadier cómo recibió ayuda para fugarse del penal de Puente Grande en enero de 2001 y cómo el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la SEGOB, el ex senador panista Ulises Ramírez Núñez, “le vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares”, a pesar de que la entidad ya estaba comprometida con el grupo del sinaloense.

Una historia que el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y su secretario de Educación, Enrique Pérez Rodríguez, deben conocer muy bien por la relación tan estrecha que el mandatario estatal panista sostuvo con Mouriño, quien murió en noviembre de 2008 en un sospechoso avionazo sobre la zona financiera de la ciudad de México cuando retornaba de San Luis Potosí, y porque a principios de 2001 el actual titular de la SEV aún tenía bajo su mando los reclusorios federales de alta seguridad, entre ellos el de Puente Grande, Jalisco, cargo que Yunes le había heredado a finales del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, unos meses antes de que arribara el primer gobierno de la alternancia con Vicente Fox, del PAN.

Por eso es entendible que ayer Yunes, quien presumía que ahora sí “Veracruz tiene un gobernador que habla con la verdad”, se negara a declarar sobre la violencia que asola a la entidad, al preguntársele sobre el caso del doctor Jorge Castro Solís, secuestrado el martes pasado en Poza Rica y cuyo cadáver apareció entre los 11 muertos arrojados al día siguiente en Boca del Río, municipio gobernado por su primogénito Miguel Ángel Yunes Márquez, que aspira a sucederlo en 2018.